Se inicia con las extravagancias de los productores y comercializadores barranquilleros y samarios de marihuana a fines de la década de los 60: bacanales y exhibicionismo consumista. Quince años después los agentes del narcotráfico se perfilan a plenitud en todas sus implicaciones sociales y contraculturales. Como ocurrió con las mafias mediterráneas, la subcultura criminal de los estupefacientes crea sus códigos: lealtad familiar profunda, generosidad desbordante, vindicta como elemento de honor personal, hospitalidad única, hedonismo extremo, fetichismo religioso, glorificación de la masculinidad y subyugación de la feminidad, purificación de dinero a través de donaciones a iglesias pero también santería y pactos demoníacos.
Y ostentación desaforada. Joyas deslumbrantes, camionetas en sus últimos modelos más estrambóticos con blindajes y vidrios negros, prendas de vestir en colores luminiscentes y entre ellas artículos de cuero donde abundan las hebillas emblemáticas de diseñadores italianos. Se trata de garantizar el reconocimiento colectivo de quien ha saltado de la marginalidad para posarse en el meteorito económico que exige la movilidad social.
Dentro de la panoplia de códigos, todos se suscribieron al hechizo extraño de los guardaespaldas: Pablo Escobar, los mexicanos Amado Carrillo, Jesús Malverde y Rafael Caro Quintero, como antes lo habían hecho los mafiosos Al Capone y Salvatore Riina. Quienes cuidan no solo la espalda sino la cabeza del personaje son ejemplo supremo de lealtad porque están dispuestos a dar la vida. Tal vez el único inmortalizado es el gran D´Artagnan, quien lo fue de la corona francesa.
En el uso y exhibición de guardaespaldas
se encuentra el más contundente elemento de transferencia de códigos
desde la narcocultura hacia el estamento político colombiano
En el uso y exhibición de guardaespaldas se encuentra el más contundente elemento de transferencia de códigos desde la narcocultura hacia el estamento político colombiano. Es signo automático de estatus e importancia social y evidencia inmediata de su pobrísima autoestima e inconsciente sentimiento de marginalidad: transita por fuera de la corriente viva y dominante de la sociedad que dice dirigir.
El Tiempo [noviembre 9] revela que existen más de 8000 grupos [esquemas, el nombre cursi con que son denominados] de seguridad personal, muchos de ellos con más de 20 escoltas, que vienen costando a los contribuyentes casi 500 000 millones de pesos anuales. No se trata, como lo dice el general William René Salamanca, director de Protección de la Policía, para justificar este exabrupto fiscal, de aplicar la orden presidencial de que se trata de brindar seguridad “a quien realmente la necesite”.
Es preciso ir más lejos, como lo ha preguntado el senador conservador Hernán Andrade: “¿la mejoría en todos los indicadores de seguridad en el país, especialmente en los asuntos de orden público, no debería reflejarse también en la reducción del ´ejército´ de guardaespaldas y camionetas blindadas a cargo del Estado?” Porque el objetivo es racionalizar los servicios de seguridad y ponerlos en sintonía con una capacidad criminal de asociaciones delincuenciales grandes que ha sido disminuida.
Extorsión y amenaza de secuestro de otros grupos continúa, aunque atenuada, y focaliza directamente a quienes actúan en los sectores agroindustrial y comercial. Quienes padecen esta situación y riesgo verdadero deben sufragar así el costo de su protección, cuyos niveles prudentes, dictados por la necesidad, no se asemejan jamás a las bacanales de gasto público que responden hoy, en su gran mayoría, a los imperativos de exhibicionismo y chabacanería. Basta ver a los integrantes de muchos de estos cuerpos gubernamentales de petimetres legítimos: gafas oscuras a lo terminator tropical, esclavas, anillos de piedras preciosas en varios dedos. Causan en el recato vergüenza y escozor.
De su compañía se jacta el contingente mayoritario de nuestra clase política por obra de la asimilación de antivalores de la narcocultura que dice combatir. El contraste es abismal: cuando se trata de personal remunerado y organizado privadamente imperan normas de diligencia y discreción que buscan evitar al máximo todo aspaviento e incomodidad. Pero esta práctica de buen gusto está reservada, repítase, a quienes integran el sector privado.
¿Se habrán percatado en sus viajes muchos de nuestros miembros de los poderes públicos –pagos también por los contribuyentes- que, por ejemplo, es factible ver, aún hoy en tiempos de amenaza terrorista, a miembros de las casas reales gobernantes de países europeos caminar calles en Bruselas, La Haya o Luxemburgo en aparente soledad y solo el ojo avisado de pronto localiza el distante escolta? ¿O encontrar en desarrollo de sus actividades a miembros de las cámaras legislativas norteamericanas y europeas sin un solo guardaespaldas?
Parar tráfico en urbe congestionada como Bogotá
es otra muestra de código sociológico típicamente mafioso
que el alcalde Peñalosa tendrá que prohibir y castigar
La costumbre de parar tráfico en urbe congestionada como Bogotá es otra muestra de código sociológico típicamente mafioso que el alcalde Enrique Peñalosa tendrá que prohibir y castigar. Están los funcionarios en riesgo institucional: el Presidente de la República, expresidentes, excandidatos a la Presidencia y Fiscal General de la Nación. Sobre el resto, incluidos ministros y jefes de instancias de control, deberá hacerse una revisión que le ahorre al país miles de millones e imponga a nuestra clase institucional la obligación de pagar por si propia su transición o permanencia en la narcocultura.
La transición a un período de mayor paz incluye la eliminación de séquitos personales innecesarios a cargo de contribuyentes. Un colombiano admirable, el concejal Juan Carlos Flórez, brinda ya el ejemplo.
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La Universidad de Cundinamarca ha tenido crecimiento importante durante el año que termina. Su nueva sede en Chía, Cundinamarca, es muestra fehaciente de utilización adecuada de recursos públicos. El gobernador Jorge Emilio Rey muestra que es posible construir. Se afirma que los residentes de la urbanización Santa Ana, ubicada al otro lado de la vía Bogotá-Cajicá, se oponen rotundamente a la construcción de un puente peatonal, como lo tiene la Universidad de La Sabana, porque no desean tener estudiantes caminando y esperando transporte hacia los municipios del norte [Cajicá, Zipaquirá, Cogua, Sopó, Guasca] exactamente en frente de su hermosa portada. ¿Será que afean? Sugerencia al gobernador Rey: ahorre riesgo de vida a miles de estudiantes en una de las vías de mayor peligrosidad en el país y construya el puente.
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Con esta columna termino mis contribuciones de 2016. En enero 2017 volveré, Dios mediante, con los temas controversia Colombia-Nicaragua, cuya cadena de desastres sigue y reforma tributaria. A mis amigas queridas María Elvira Bonilla y Elisa Pastrana gracias por su estímulo. Y a mis lectores, algunas veces por encima de los varios miles, gracias por sus comentarios por lo general amables y constructivos. Las2orillas, en su independencia de criterio, es ya medio fundamental en Colombia, al cual me enorgullece estar vinculado.
