El Consejo de Estado ordenó a la Nación a indemnizar con más de 23 mil millones de pesos a las familias de los 11 diputados del Valle que fueron asesinados por la extinta guerrilla de las Farc el 18 de junio de 2017, cinco años después de haber sido secuestrados.
La sentencia del Consejo considera como responsable del crimen a la Nación y no solo le ordena pagar $23.004.340.598, sino aceptar públicamente dicha responsabilidad y pedir perdón por lo ocurrido. La orden también obliga a la construcción de un monumento en la Asamblea del Valle en honor a los diputados que fueron secuestrados el 11 de abril de 2002.
La entidad encargada de cancelar las indemnizaciones será la Defensoría del Pueblo.
Esta decisión del Consejo de Estado revoca una anterior de la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en septiembre de 2013 había negado la indemnización a las familias de los diputados asesinados.
