El exmagistrado Humberto Sierra Porto esboza una sonrisa cuando se le pregunta por el significado de las frecuentes visitas de Alberto Merlano Alcocer, primo hermano de Jorge Emilio Alcocer -padre de la primera dama de la Nación- a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Eso hace parte de la picaresca, pero no es lo fundamental en este pleito”, responde el exmagistrado, mientras mueve la cabeza en señal de desconcierto y de rechazo a la que considera nada más que una suspicacia.
La picaresca a la que se refiere está relacionada con las dudas que despierta el hecho de que Merlano, su cliente, presidente de la Junta Directiva de Promoambiental, se presente, con su halo de poder, en las dependencias del organismo, en cabeza de Dagoberto Quiroga –otro de los abogados amigos del presidente- que vigila a los operadores de servicios públicos, mientras la firma que representa reclama el pago de millonarios sumas que estarían en mora por la prestación del aseo en Bogotá.
Promoambiental es de los hermanos Gabriel y Andrés Castañeda Giraldo y se las han arreglado para contratar juristas de primera categoría para llevar la disputa que ha venido librando en tribunales de arbitramento y juzgados, hasta llegar a la Corte Constitucional, contra Proceraseo, empresa recaudadora de los pagos por tarifas. Las pretensiones, tasadas cuando arrancaron los litigios hace cuatro años, estaban en $ 36.000 millones hoy podrían multiplicarse por diez, calculados los intereses.
Proceraseo está conformado por las cinco empresas que ganaron la licitación en la alcaldía de Enrique Peñalosa: Promoambiental, Limpieza Metropolitana, Ciudad de Limpia Bogotá, Bogotá Limpia y Área Limpia y su gerente es el abogado Alejandro Carranza.
El pleito es muy de fondo e involucra actores de peso en todos los frentes. Si aquí primara la “picaresca” como dice Humberto Sierra Porto, el asesor jurídico de Promoambiental, sus representados podrían recordar que el empresario Eduardo Noriega de la Hoz, casado con la ministra de vivienda Catalina Velasco, ha intervenido en los tribunales de arbitramento a favor de Proceraseo y que en el entorno de la contraparte figuran también otras personas que hacen parte de los círculos de poder. “Pero eso es accesorio porque nuestros argumentos son técnicos y jurídicos”, insiste.
Alberto Merlano, pariente de Verónica Alcocer está del lado de Proambiental y Eduardo Noriega, esposo de la ministra de Vivienda ha jugado en el equipo de Proceraseo.
Para el también avezado jurista Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, no es exacto que Promoambiental considere accesorios los despliegues del poder porque desde el comienzo de los pleitos ha buscado la asesoría de notables, como el exministro y ahora exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, para tratar de imponerse por la fuerza de las presiones. Tanto que, en más de una ocasión, de manera presencial y virtual, Martínez visitó las oficinas de Proceraseo para amenazar con que haría meter a la cárcel a su representante legal y a sus socios si no reconocían las deudas que hoy alegan. Entre los mismos notables ha figurado Julio César Ortiz, uno de los abogados de la entraña del presidente Gustavo Petro.
A quienes llegan por primera vez al tema les sorprende que demandante y demandado sean socios, hermanos corporativos. Así es, porque Proceraseo fue constituida por las cinco firmas que en febrero de 2018 ganaron la concesión por 4,8 billones de pesos para prestarle a Bogotá los servicios de recolección de residuos no aprovechables, limpieza de vías y áreas públicas y transporte a los sitios de disposición final de los residuos.
Eran los tiempos de Enrique Peñalosa como alcalde y la licitación y adjudicación llegaron con la promesa de una mayor eficiencia en el servicio. La ciudad fue divida en cinco Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), que serían operadas por cada uno de igual número concesionarios: Promoambiental, Limpieza Metropolitana, Ciudad de Limpia Bogotá, Bogotá Limpia y Área Limpia.
El alcalde Peñalosa entregó en el 2018 la concesión de la recolección de basura por $ 4.8 billones.
Los socios de estas empresas Las basuras de Bogotá en manos de extranjeros y un par de colombianos tenían entonces razones de sobra para celebrar porque habían vencido en franca lid a trece poderosos oferentes, entre los que sobresalían nombres como el de Alberto Ríos García y William Vélez y se advertía la influencia de capitales brasileños, argentinos y chilenos.
La fiesta de celebración sería corta y las disputadas que estarían por llegar serían largas. Tanto, que la concesión ha operado ya más de la mitad del tiempo contratado (del 12 febrero de 2014 al 12 febrero de 2016) y ha marchado en forma paralela el pleito desatado por la liquidación del recaudo.
Los problemas comenzaron cuando Promoambiental alegó que estaba recibiendo menores ingresos que los otros cuatro operadores en proporción a sus servicios. Su área exclusiva comprendería una basta extensión del área de influencia de los cerros orientales de la ciudad, donde sin embargo la densidad poblacional no es muy alta y llega con creces a los 750.000 hogares.
El operador decidió entonces que el cobro no debía hacerse por el número de usuarios que pagarían al servicio, sino por el número de kilómetros barridos. De acuerdo con una queja presentada por el usuario Néstor Raúl Correa ante la Superintendencia de Servicios Públicos, entre enero de 2020 y agosto de 2022, Promoambiental facturó 273.670 km como barrido y limpieza de las calles, es decir, alrededor de 116.000 kilómetros más de lo establecido en Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Lo hizo sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
La ampliación del número de kilómetros incidió en el incremento de la tarifa, que pasó de 29,54 por ciento en 2019 a 53,52 por ciento en 2020, pese a que ya la ciudad se encontraba confinada por la pandemia y el volumen de desechos disminuyó.
En medio del debate que se desató, Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, denunció que el kilometraje aseado había crecido de manera artificial y que Promoambiental estaba “barriendo aire”. Adujo también que la supuesta mayor recolección nunca se vio reflejada en las cargas de los desechos pesados cuando llegan al relleno sanitario Doña Juana.
Así, el incremento en la tarifa de barrido se habría hecho superior al 28 por ciento, equivalente a un valor sobrefacturado cercano a los $1.650 por usuario. ¿Por qué los kilómetros barridos en 2020, durante la pandemia, son mayores a lo establecido en el PGIRS, sí la gente estaba encerrada?”, se preguntó la concejala Lucía Bastidas, promotora de un debate sobre el tema.
La concejala Lucía Bastidas, del Partido Verde, realizó un duro debate ante la plenaria de la corporación a finales del año pasado.
Alegando una injusta asimetría en los pagos en relación con los otros cuatro operadores, Promoambiental acudió al Tribunal de Arbitramento y llevó a esa instancia a la UAESP, pero un primer Laudo, dictado el 4 de junio de 2021 falló en su contra. Un segundo proceso arbitral, esta vez contra Proceraseo, fue fallado a su favor, pero luego fue anulado por un juez civil. Sin embargo, la controversia sigue viva porque el demandante presentó una acción de tutela que fue negada por la Sala Civil de la Corte Suprema, pero está en revisión por parte de la Corte Constitucional.
El segundo proceso arbitral, que obliga al reconocimiento y pago de $36.000 millones a Promoambiental, supuso un debate accidentado. Los árbitros allí fueron Juan Carlos Expósito, Felipe Cuberos de las Casas y Héctor Medina Casas. Cuberos salvó su voto y formuló fuertes objeciones al peritaje que certificaba, sin ningún respaldo fáctico y objetivo a su juicio, el número de kilómetros barridos. El perito, por demás, debió haberse declarado impedido porque ya había fijado su posición sobre el caso en una columna editorial, pese a que el caso aún se encuentra en discusión ante los jueces civiles del circuito de Bogotá.
El exmagistrado Humberto Sierra asegura, sin embargo, que el fallo que será emitido no afectará las tarifas porque la dispuesta se centra en un asunto entre privados y se relaciona con dineros que ya fueron recaudados pero que no le han sido entregados a sus clientes. “Nuestra empresa, Promoambiental, ha considerado que la repartición ha sido desequilibrada e injusta y eso generó un proceso arbitral. Ese proceso arbitral, que nos lo ganamos Inicialmente fue objeto de una anulación y en este momento será la Corte Constitucional la que nos lo defina”, dice Sierra.
Entrevista realizada por el periodista Jorge González al exmagistrado Humberto Sierra Porto asesor jurídico de Proambiental
El abogado Carranza, penalista con amplia trayectoria, formuló una denuncia por fraude a su contraparte ante la Fiscalía y sostiene que los supuestos kilómetros barridos por Promoambiental triplican los autorizados y obligan perversamente a los usuarios a pagar por ese “barrido de aire”.
Entrevista realizada por el periodista Jorge González a Alejandro Carranza, abogado gerente de Proceraseo
La desproporción entre trabajos y cobros fue resumida así en un documento de la UAESP: “Para Promoambiental Distrito SAS ESP, por un (1) kilometro ejecutado de barrido y limpieza dispone 5,17 kilogramos de residuos en el relleno sanitario durante el 2020. Para los otros operadores, por un (1) kilometro ejecutado de barrido y limpieza disponen 18,2 kilogramos de residuos en el relleno sanitario durante el 2020”.
También a juicio, de la UAESP, hay un abuso del derecho por parte de Promoambiental al iniciar dos litigios para obtener una doble indemnización por los mismos hechos.
Se trata de un pugilato entre poderosos que se convierte en un tema de ciudad por la incidencia que podría tener el fallo definitivo en la calidad del servicio de aseo y en las tarifas.
Alejandro Carranza y Humberto Sierra Porto
Tras Promoambiental se encuentran los hermanos Gabriel y Andrés Castañeda Giraldo, con raíces en el puerto cundinamarqués de Girardot. Gabriel figura como accionista principal del grupo Aseo Urbano. Esta firma está representada en la Junta Directiva de Promoambiental Cali, Promovalle y Pacaribe. A su vez, PromoValle y Promo Cali son las accionistas de PromoDistrito.
Su influencia trasciende fronteras. Recientemente perdieron una licitación de aseo en Bolivia, poco después de que medios de comunicación de ese país llamaran la atención sobre los pleitos que afrontan en Colombia. En España Gabriel Castañeda aparece como representante principal de una compañía de servicios relacionada en un registro oficial. Pero lo que más les ocupa su atención en este momento es el millonario pleito con sus propios socios de Proceraseo.
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