Mirado en conjunto, y pese a que todo el montaje ha requerido inversiones por más de 40 millones de pesos, el aspecto rústico del laboratorio de Ganja Farm es una alegoría del estado experimental en el que todavía se encuentra el uso medicinal de la marihuana en Colombia. Y es que si bien la Ley 30 de 1986 permite el cultivo de hasta 19 plantas con fines médicos y científicos, casi 30 años después de su expedición no existen reglas claras que indiquen cómo llevar a la práctica este propósito .
A mediados del año pasado, el senador Juan Manuel Galán presentó ante el Congreso un proyecto de ley con el objetivo de crear un procedimiento que regule la elaboración y la comercialización de productos a base de marihuana con fines medicinales y terapéuticos. No obstante, el trámite se encuentra estancado en segundo debate y empresas como Ganja Farm siguen enfrentando múltiples obstáculos para llevar a cabo su trabajo con normalidad. “Aunque tenemos un certificado de la Cámara de Comercio, no hemos podido sacar el registro del Invima porque allá ni siquiera tienen contemplado que se puedan producir este tipo de medicamentos”, explica Pilar.
Aun así, médicos como José Nel Carreño les están recetando a algunos de sus pacientes los productos de Ganja Farm. Carreño es un neurocirujano especializado en el tratamiento del dolor crónico y lleva algún tiempo investigando sobre las propiedades medicinales del cannabis. Esto lo ha llevado a formularle aceites de marihuana a un par de mujeres a las que la esclerosis y la diabetes les producen unos dolores tan fuertes que no se mitigan con ninguna droga convencional. “Pese a que no han desaparecido por completo, desde que empezaron a usar estos medicamentos la intensidad sí se ha reducido considerablemente”, dice el médico.
El doctor Carreño reconoce que en Ganja Farm están trabajando muy seriamente tanto en los aspectos técnicos y científicos relacionados con la extracción de las resinas, como en la comercialización restringida a los pacientes que cuenten con fórmula y seguimiento médico. “En ese sentido, veo que van por muy bien camino”, afirma. Sin embargo, se lamenta de que los obstáculos para expandir este tipo de proyectos no solo se encuentran en el ámbito de las leyes, sino en la profunda ignorancia de la sociedad sobre las propiedades de este tipo de plantas.
“La fallida guerra contra el narcotráfico ha causado efectos tan perversos, que he tenido experiencias en las que otros colegas les dicen en tono jocoso a sus pacientes con dolores crónicos que yo soy el jíbaro que les va a suministrar la droga para que se traben”, cuenta con cierta indignación el doctor Carreño. Y luego remata: “Si esto piensa la gente que supuestamente debe saber más sobre este tema, imagínese toda la confusión que reina en los pacientes y en las personas de a pie”.
En medio de este panorama, la pregunta que muchos se hacen es si la apertura hacia los usos alternativos de plantas como la coca y la marihuana podría convertirse en el primer paso para la implementación de una política de drogas que trascienda el prohibicionismo dominante. David Curtidor es el representante legal de Coca Nasa, una empresa que lleva 18 años elaborando decenas de productos a base de hoja de coca. Apoyado en esa trayectoria, Curtidor afirma que la industrialización legal de este tipo de plantas es una solución viable para aprovechar gran parte de las cerca de 70 mil hectáreas de coca que hay actualmente sembradas en el país.
“Con nuestro trabajo hemos intentado derribar el estigma que se ha construido alrededor de la hoja de coca para devolverle su significado y su poder curativo y alimenticio”, explica Curtidor. Él cree que una eventual ampliación del mercado para los productos derivados de esta planta sería una herramienta muy eficaz para combatir el narcotráfico. Eso sí, Curtidor es consciente de que esto no es suficiente y que serían necesarias estrategias adicionales para acabar definitivamente con este flagelo.
En contraste, el subintendente de la Policía José Díaz piensa que en este momento es prematuro hablar de alternativas a la política antidrogas que se está aplicando en el país. Díaz, quien como miembro del Centro de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico ha estado acompañando el proceso de Ganja Farm, basa su argumento en el hecho de que las semillas que utiliza esta empresa son importadas desde Holanda, lo cual significa que la marihuana colombiana no se está utilizando para producir los medicamentos. Y en ese sentido no es posible hablar de una destinación diferente para las cerca de 600 hectáreas de marihuana que se cultivan en Colombia.
Pilar Sánchez admite que las cepas provienen del exterior, pero justifica esta situación en la gran inestabilidad genética que ha causado el monocultivo de marihuana sobre las semillas criollas. “Ha habido tantas mezclas y cruces entre ellas que es muy difícil saber cuáles son las más apropiadas para el tipo de trabajo que nosotros hacemos”, explica. Y eso le da pie al subintendente Díaz para enunciar su segundo cuestionamiento: “Al día de hoy no hemos encontrado estudios serios sobre las cepas colombianas y sus potenciales propiedades medicinales. Sin desmeritar los avances que representan proyectos como Ganja Farm, todavía es muy poco lo que pueden aportarle a una salida alternativa al problema de los cultivos ilícitos”.
Ahora bien, esta constatación no debe ocultar el hecho de que el debate se encuentra abierto y eso ya es un primer paso. Como dice el doctor Carreño, “no se puede pretender que un problema que lleva más de 30 años se solucione de un plumazo”. Él confía en que más temprano que tarde va a cambiar la perspectiva y se va a construir un nuevo enfoque para enfrentar el fenómeno del narcotráfico. Mientras eso ocurre, sus dos pacientes y Marta Beatriz Torrado seguirán recurriendo a la marihuana medicinal para paliar los intensos dolores que de otra forma no tendrían alivio.
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