Ante la difícil situación social y económica en Venezuela, consecuencia del pésimo modelo político, no es posible priorizar las tantas problemáticas que saltan a la vista, ni mucho determinar el sector o población que está llevando la mayor carga de esta crisis. Sin embargo, en esta ocasión, el propósito de este artículo es hacer un llamado de atención sobre sobre las constantes violaciones que sufre la mujer Venezuela. Una prueba de ello, son los datos presentados por la directora de Las Mujeres Proponen, Iliana La Rosa, al determinar que la población que mayor desnutrición presenta en Venezuela son las mujeres. La razón de ello, no es otra que la mujer ubica las necesidades de su familia primero que las propias, quedándose en muchas ocasiones sin alimentarse, con tal de poder dar algo de comida a sus hijos. Lo anterior no pretende desconocer las dificultades que también tienen que sortear hombres y niños para poder sobrevivir, pero, sin lugar a dudas el rostro de la crisis venezolana es de mujer.
¿Cuál es la situación de la mujer en Venezuela?
Esta situación provocada por el propio gobierno y no por la supuesta “guerra económica” sitúa a la dictadura bolivariana como la principal agresora de las mujeres en Venezuela, cuando es el Estado quien tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, especialmente a las mujeres. Esto pareciera ser paradójico cuando una de las figuras más fuertes del chavismo en este momento es una mujer, como lo es Delcy Rodríguez. Lo cual demuestra que la participación (en números) de las mujeres en un gobierno no genera como consecuencia obligatoria la modificación de la agenda política en pro del género; la aparente inclusión de los temas de equidad por parte del gobierno bolivariano no ha sido más que un mera formalidad. Un ejemplo de ello lo es la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en el año 2009, con el propósito de erradicar la discriminación contra las mujeres y fortalecer la lucha por la equidad de género, sin embargo, Venezuela no había estado más lejos de lograr este propósito como ahora.
Así lo demuestra uno de los últimos programas impulsados por este Ministerio, el Plan Nacional de Parto Humanizado, siendo poco o nada lo que impacta sobre la situación de las mujeres en estado de gestación, ya que continúan sin ser atendidas las necesidades básicas durante todo el embarazo. Por el contrario, parece ser que la idea de “humanizar el parto”, además de agudizar la situación al incluir de personal no capacitado en un proceso tan delicado, es una forma de justificar las condiciones deplorables en las cuales las mujeres traen sus hijos al mundo, intentando con este programa desdibujar cifras alarmantes como el aumento en un 65,79% de la mortalidad materna en el 2016 en relación al año anterior y del 30,12% en la muerte de niños menores de un año en el mismo periodo. Estas cifras salen del último boletín epidemiológico en el 2016, el cual no había aparecido en los últimos dos años y que su publicación le costaría la cabeza a la ministra de Salud, Antonieta Caporale.
El panorama es aún más desalentador en cuanto a las mujeres privadas de libertad. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad, después de monitorear 89 centros de detención preventiva en diferentes estados del país, se confirmó lo que se sospechaba sobre la situación de las mujeres embarazadas en estos centros, quienes no reciben los controles médicos regulares, ni mucho menos los medicamentos necesarios. Este estado permanente de violación de los derechos humanos no es exclusivo de las mujeres embarazadas, sino de todas las personas privadas de libertad, producto al hacinamiento que alcanza ya un 432%. La situación no es distinta cuando se refiere a los presos políticos, actualmente se habla de 30 presas políticas, quienes al igual que los hombres son víctimas e constantes torturas, especialmente de violencia sexual.
¿En dónde están las instituciones del Estado?
Este cuadro tan desalentador presentado sobre Venezuela y en especial sobre la situación de las mujeres, ha sido maquillado por el propio gobierno, quienes desde el año 2012 desaparecen buena parte de las cifras oficiales, son las organizaciones no gubernamentales quienes han asumido la misión de recopilar y publicar la información sobre la violación de derechos humanos y el empeoramiento de la calidad de vida, por supuesto, cifras no reconocidas por el régimen.
No es casual la fecha desde la cual Venezuela decide guardar silencio oficial y asume la desinformación como una estrategia de gobernar, es desde finales del año 2012 cuando se evidencia un aceleramiento desenfrenado de la crisis política que origina un sin número de problemas sociales. Ocultando así datos importantes como el aumento desmedido de los embarazos adolescentes, siendo actualmente, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de la ONU, uno de los tres países latinoamericanos con la mayor tasa de embarazo precoz, producto, por un lado, de la falta de programas educativos claras que aborden el problema, y, por otro lado, por la escasez de métodos anticonceptivos, que asciende a un 85% en el último año.
Todo lo anterior resulta sorprendente ante el discurso oficial de exaltar a Venezuela como uno de los ejemplos más notables en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Una de las tantas muestras de estas inconsistencias, es el dudoso premio que recibe Venezuela en el año 2015 por parte de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) dado los supuestos logros en la lucha contra el hambre (siendo importante señalar que este tipo de organizaciones basan sus publicaciones sobre las estadísticas aportadas por los Estados), y que tan solo dos años después, este mismo país sea ubicado en la lista de los veintidós países del mundo que atraviesan una grave crisis alimentaria, además de no contar con cifras claras y veraces de los último años para poder definir a ciencia cierta la situación alimentaria, entre otros graves problemas de orden humanitario.
Otro ejemplo de ello, es la forma de maquillar las agresiones físicas contra las mujeres, registrando la mayoría de los feminicidios como “accidentes de todo tipo”, lo cual no requiere necesariamente de la averiguación por parte de los cuerpos policiales, desdibujando las cifras reales de agresiones contra las mujeres e invisibilizando estas y otras cifras que evidencian una crisis humanitaria silenciada. Siendo esto, no más que el espejismo de los indicadores, algo que, al parecer, si sabe hacer muy bien la dictadura de Nicolás Maduro.
¿Por qué debería importarle a Colombia?
Es un tanto desalentador conseguir por estos días como un lugar común, las críticas constantes al “excesivo” cubrimiento de la situación en Venezuela, por parte de los medios colombianos. Pero es importante reflexionar al respecto, ya que para Colombia no es una opción invisibilizar la situación que atraviesa el vecino país; los más de dos mil kilómetros de frontera son razón suficiente para ello. Se quiera o no, el gobierno colombiano tiene la obligación de responder ante las consecuencias que la grave situación venezolana genera sobre su territorio, especialmente en aquellos departamentos y municipios fronterizos, en donde no solo hay migrantes venezolanos, sino un gran número de colombianos retornando después de varias décadas. Es así como aparece la migración como una de las consecuencias de la crisis venezolana y a la cual debe hacer frente Colombia.
De acuerdo con el informe presentado por el Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana, desde la llegada del chavismo al poder, son más de dos millones de venezolanos que han dejado el país. Siendo Colombia uno de los primeros cinco destinos para estos migrantes, pero con ciertas particularidades frente a otros destinos como Estados Unidos o España, ya que buena parte de la migración que se da en esta frontera es pendular o de retorno, lo que dificulta aún más la efectividad de las mediciones y control estatal. Pero, lo que si se ha logrado evidenciar es que este fenómeno migratorio es liderado por las mujeres, fenómeno que el sociólogo Emilio Osorio ha denominado como “feminización de la migración”.
Colombia se constituye como un destino atractivo, incluso para la migración temporal, producto de la devaluación del bolívar y la inflación incontrolable, aunado a la marcada escasez de alimentos y medicamentos, llevando así a que muchas mujeres embarazadas tomen la decisión de cruzar la frontera para recibir atención médica, fenómeno que ha desbordado el sistema de atención en los municipios receptores. Esto, sin tomar en cuenta los múltiples problemas generados por la marcada desnutrición, la ausencia de controles prenatales, la condición de las mujeres infectadas por el VIH, los problemas de apatridia de los recién nacidos, la creciente esclavitud sexual, entre muchísimas otras problemáticas.
Pese a los esfuerzos colombianos de frenar el flujo migratorio de los venezolanos, ignorando la baja efectividad que generan acciones como restringir el paso fronterizo, lo cual generó un mayor problema al no tener un registro claro de quienes ingresan a su territorio. Finalmente, de manera un tanto tardía, Migración Colombia pone en marcha el otorgamiento del Permiso Especial de Permanencia, para aquellos que se encontraban en el país antes del 28 de julio del año en curso, que hubieren entrado por un puesto de control autorizado, entre otros requisitos. Este nuevo estatus migratorio si bien legalizó la situación de muchos venezolanos en Colombia, también difuminó la situación de un gran número de mujeres y niños que por su condición eran merecedores de recibir protección especial.
Esto, no es más que un breve resumen sobre la crítica situación que vive hoy Venezuela y al mismo tiempo, un reconocimiento a la resiliencia de la mujer venezolana y latinoamericana. Sin embargo, debemos a llamar a cada cosa por su nombre y esto no es más que una “crisis humanitaria”.
