El patriarcado como parte de la idiosincrasia en Colombia siempre fue la justificación para el maltrato contra la mujer. ¿Costumbre?, ¿cultura?, ¿rutina? Muchas mujeres y hombres crecieron con un pensamiento que avala que esto es normal por la educación que en sus casas y colegios recibían.
Esta ideología impartida a los roles de género es uno de los factores por los cuales se ejecutan y se justifican diversas atrocidades cometidas por parte de un hombre contra una mujer. En este caso, las violaciones sexuales a las mujeres durante el conflicto armado interno.
El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta del pensamiento machista que se tiene en Colombia, el cual predomina desde el siglo XIX hasta nuestros días, como parte de la guerra interna que todavía no cesa: “Durante el conflicto armado colombiano, las mujeres padecieron una serie de violencias específicamente dirigidas contra ellas por el hecho de serlo. Para entender por qué ocurrieron –y siguen ocurriendo– es necesario acercarse a la complejidad de la realidad colombiana, pues son el resultado de múltiples factores y circunstancias” (p.114, Informe de la Comisión de la Verdad. Mi Cuerpo Es La Verdad).
De acuerdo con Gutiérrez, 2000, p. 3: “Las mujeres debían permanecer en el hogar educando a los hijos y cuidando a la familia, mientras que los hombres debían consagrarse a las actividades públicas y al trabajo productivo que les permitiera sostener a sus dependientes”, lo que significa ser mujer se basa en la idea de que es el género débil, sumiso, dedicada solo al hogar y a tener hijos. Según esta creencia, ellas son las que deben quedarse en casa, porque son las encargadas de cuidar todos los bienes que la familia posee.
A pesar de que no hay justificación para el maltrato, los hombres bajo esta ideología empiezan a adquirir estatus frente al rol femenino, porque ellos son los fuertes y los que tienen derechos. Por esto, en Colombia antes era aceptado el asesinato de una mujer por parte de su esposo, pues tenía la excusa de “ira e intenso dolor” ante una infidelidad. Hay casos de asesinos machistas que solo pagaron un año de cárcel por estos feminicidios.
“Hasta hace apenas 41 años, en el Código Penal que regía en el país, los responsables de los homicidios en los que alegaban como motivación una infidelidad tenían un artículo que les permitía conseguir rebajas de hasta la mitad de la pena” (El Tiempo, 3 de noviembre de 2020, párrafo 1), esto demuestra que el imaginario socialmente aceptado, también es validado por el Estado, debido a que este ente hegemónico imparte y justifica diversas ideas frente a los roles de género.
El horror por violencia sexual que tuvieron que sufrir diversas niñas, jóvenes, campesinas, afros e indígenas en el conflicto armado, da claridad del pensamiento ideológico que se impartió en Colombia, en ese entonces, por la iglesia católica y el Partido Conservador.
Libia de Valencia quien, durante los años 80, vivió su juventud en el municipio de El Líbano, Tolima, cuenta su testimonio en el que dice: “En el pueblo nos dijeron con tiempo que la guerrilla nos quería secuestrar para que los atendiéramos, debido a que mis hermanas y yo sabíamos cocinar.
Además, nos querían para tener relaciones sexuales con ellos, porque solo veían a la mujer como un objeto. Por suerte, nos alcanzamos a volar, pero dejamos todo en nuestra casa y perdimos lo poco que teníamos”.
El machismo es evidente, porque el pensamiento de los actores del conflicto armado es consecuente a los ideales socialmente aceptados.
La violencia sexual en el conflicto armado es una forma de marcar territorio como forma de dominación masculina, para mostrar que el macho es el hombre, típico pensamiento del patriarcado que se vive en Colombia.
Según Fajardo, 2019, p.12: “La violencia sexual en el marco del conflicto armado es empleada como una manifestación para indicar quién manda en el territorio”. Las huellas que los victimarios dejan impregnadas en la piel de sus víctimas son las consecuencias de un prototipo de dominación y sumisión que se ha impuesto a la sociedad.
Estos ideales que se han normalizado en nuestra sociedad colombiana y que son perpetuados en el marco del conflicto interno en Colombia, violan los derechos humanos y reproductivos de millones de mujeres. De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto: “Entre 1959 y 2020 se han registrado 15.760 víctimas de violencia sexual en el país, en el marco del conflicto armado.
El 61,8 % de las víctimas de violencia sexual en el registro del OMC corresponde a mujeres. Junto al 30,8 % de niñas y adolescentes, suman el 92,6 % del total de personas vulneradas”. Es lamentable ver como crece esta cifra, porque significa que todavía los actores del conflicto armado recurren como práctica común a la violencia sexual.
El estigma social que se atraviesa en la sociedad impide la solución pronta a esta arma de guerra que usan las guerrillas, debido a que muchas víctimas por miedo a ser juzgadas deciden no hablar. Además, desde el Estado también se ven conductas de discriminación sistemáticas e históricas contra las mujeres, por lo que las soluciones para esta situación son muy lejanas.
|Le puede interesar: Grave situación de vulneración de derechos a niños en Argelia, Cauca, por parte de las disidencias
La gran reflexión consiste en evaluar las consecuencias de las ideas que se tienen sobre los hombres y las mujeres. A pesar de estar en un siglo de revolución, los actos atroces siguen repitiéndose por todo el país por parte de los grupos armados.
No se puede permitir que por un pensamiento sexista y machista se justifiquen actos de lesa humanidad. Es momento de evaluar los estereotipos que socialmente hemos transmitido de generación en generación y que todavía no cesan, pues los hombres del conflicto armado todavía reproducen este ideal de la mujer.
Es importante que desde los acuerdos de paz, también se haga visible la responsabilidad de los actores del conflicto armado ante estos actos, para ofrecer a las víctimas una mejor reparación. El Congreso en el 2019 aprobó el Marco para La Paz que consiste en: “Una enmienda constitucional que establece los parámetros de la justicia transicional. Esta incluye la priorización y selección de casos en contra de quienes llevan la mayor responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El proyecto de ley permite la reducción o suspensión de la pena, incluso para las peores violaciones de derechos humanos y el retiro de todos los demás casos no seleccionados, incluidos los casos de violencia sexual”. (Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y el Proceso de Paz, s.f, p. 22).
Es fundamental que las víctimas a través de la verdad y el perdón puedan reparar. ¿Es justo que por los ideales sociales se normalice la violación a los derechos de las mujeres?