El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, tomó una decisión histórica que marca un precedente en la lucha contra el asbesto, un material que era bastante común en la construcción hasta hace cinco años, cuando fue sancionada la Ley 1968 de 2019 que prohíbe su producción, importación y distribución.
Eternit, de propiedad en Colombia del grupo Carso del mexicano Carlos Slim y de sus hijos, fue condenada a pagarle una indemnización de 12.700 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $16.510 millones, a las víctimas que resultaron enfermándose por la exposición a este mineral proveniente de una de sus plantas.
Fue el magistrado Lasso quien frenó los viajes de la primera dama Verónica Alcocer y quien también le abrió el camino a las 16 curules de las víctimas que en la legislatura anterior el senador Efraín Cepeda, ejerciendo como presidente del Congreso, enterró.
La mujer que murió antes de ver condenada a Eternit
Hace una década, en 2014, la comunicadora social y periodista Ana Cecilia Niño fue diagnosticada con mesotelioma, un tipo de cáncer agresivo que suele afectar principalmente a los pulmones y que, según se comprobó, fue causado por el contacto prolongado que tuvo con el asbesto. Madre de una niña, vivió hasta los 17 años en el barrio Pablo Neruda cerca de Sibaté en Cundinamarca, donde se crio y donde está ubicaba desde hace 80 años la fábrica de Eternit. Actualmente, Eternit forma parte del holding Elementia Materiales, el cual tiene como accionista principal al Grupo Carso de Carlos Slim y es manejado por su hijo mayor, Carlos Slim Domit.
Tres años después, en enero de 2017 y en Duitama, ella falleció a la edad de 42 años, pero la lucha que dio su familia no terminó allí. Estando ya enferma, Ana Cecilia Niño, junto con un grupo de vecinos de Sibaté, habían instaurado una demanda que fue admitida en marzo de 2015 en la que además de Eternit mencionaban a la Asociación Colombiana de Fibras (Ascolfibras), a Incolbest S.A., a Tecnología en Cubrimiento S.A. (Toptec S.A. antes Manilit S.A.), a Manufacturas de Cemento S.A., al Congreso de la República, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y al municipio.
Nueve años después y ahora con el apoderado que dejó Ana Cecilia Niño como cabeza del grupo demandante, el Tribunal concluyó que la compañía efectivamente incumplió con las obligaciones de seguridad industrial y ambiental y, además de la millonaria sanción, los obligó a emitir disculpas públicas a las víctimas y a sus familias.
A pesar del logro judicial, no quedaron muy convencidos
Sin embargo, los demandantes no están conformes con la decisión, puesto que consideran que la reparación es insuficiente. Asimismo, argumentan que el fallo no reconoce la responsabilidad del Estado y del Congreso de la República a la hora de emitir normas frente al cuidado de la salud de los colombianos. Por esto, van a tomar las acciones legales que sean necesarias hasta que se modifique el sentido del fallo.
Otro caso emblemático, la mina de Cerro Matoso en Córdoba
El precedente es mayúsculo para otras industrias contaminantes y mineras que, como la extracción de minerales tóxicos sin la debida protección, produce desenlaces fatales. Tal fue famoso el caso de Cerro Matoso, la mina a cielo abierto de níquel y ferroníquel en el municipio de Montelíbano en Córdoba. Funciona desde 1982, pero desde el 2015 está operada por la minera anglo-australiana BHP Billinton, cuya filial para esta explotación es South32.
Fue a esta minera, cuyo presidente desde el 2013 es Ricardo Gaviria Jansa, a la que le tocó asumir la demanda cuando en el 2019 los afectados, representados por el abogado Abelardo de la Espriella, ganaron después de veinte años y lograron que la minera les reconociera $160 mil millones. Las imágenes que aportó el abogado de los daños físicos vividos por los pobladores, además de la documentación científica, fueron impactantes y 3.000 familias de Córdobas lideradas por el cacique indígena Israel Aguilar fueron beneficiadas.
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