Toda lucha por la defensa del derecho a la educación siempre y en todo lugar será justa, legal y legítima, y como tal está protegida por el derecho internacional y consuetudinario, por lo que exige ser respetada (por autoridades, civiles y militares) y sus demandas atendidas de manera inmediata. Pretender negarla, invalidarla y violentarla pone al Estado al borde de la infracción e incluso del delito. Por tratarse de un derecho humano los gobernantes están obligados por mandato constitucional a dar especial prioridad respecto a otros asuntos.
La educación pública hace parte del contenido del derecho humano conquistado, que debe ser resuelto por el estado, financiado por la nación (a través del estado) y reconocido por la sociedad entera, sin menosprecio, desprecio, limitaciones, ni retrasos en rodearla de condiciones y garantías. Su defensa hace parte de una lucha por la justicia, que Juan Sin Tierra anunció en 1215 en su carta magna (sin ser un tratado de derechos): “no venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia”.
La instauración del Estado moderno le dio sentido a la educación pública como herramienta central para derrotar a la ignorancia, que basada en el dogma legitimó la oscuridad del pensamiento y los más atroces crímenes (los gobernantes hicieron quemar libros y bibliotecas, llevaron al cadalso a sus adversarios, flagelaron, encarcelaron y torturaron). Eso ya ocurrió y fue superado en todos los lugares del mundo y no se puede permitir que se repita nunca más. Ante eso la gente tiene legitimidad para rebelarse, para hacerle saber al mundo que en este país a la guerra se le pone muchas veces más presupuesto que la cultura, el arte, el deporte y la educación; que importan más los resultados en muertes y sufrimientos (que glorifican semanalmente el presidente en sus renovados consejos comunitarios), y que los sistemas de poder enquistados en ese mismo poder se roban el presupuesto de la salud, la alimentación y la educación y reciben a cambio impunidad.
Impedir la realización del derecho a la educación por esa vía de negar el presupuesto que permite la existencia de las universidades públicas, ipso facto, constituye una vulneración y en un Estado de derecho sus responsables políticos tendrían que ser interpelados, juzgados y condenados. Defender lo que es común no es un delito, es una causa justa, una necesidad vital para quien tenga meridiana claridad de que la educación fortalece la paz, la convivencia, el diálogo y el bienestar personal y social, y la ignorancia produce muerte, odios, sufrimientos y zozobra.
La protesta ocurre en un contexto de sociedad que avanza hacia la consolidación de la paz y sus luchas sociales son civiles, desarmadas, pacíficas y los que protestan no son combatientes, sino adversarios civiles, protegidos por todos los sistemas del derecho y de los derechos humanos y cualquier alteración o intromisión estatal para apaciguarla debe estar precedida de un anuncio judicial. De esta manera cuando asamblea es maltratada por esquiroles, que pretenden crear confusión o desbaratarla o cuando la movilización es infiltrada, obstaculizada o interferida, estamos frente a graves infracciones condenadas en todo tiempo y lugar bien sea por delitos de espionaje, perfidia o suplantación con fines criminales.
El Estado, sus funcionarios y simpatizantes contrarios a la movilización, en ningún caso, pueden acudir al derecho de la guerra ni usar métodos y medios de guerra para conjurar el levantamiento. Los jóvenes que están en rebeldía usan la protesta como medio, aceptado por el derecho internacional y consuetudinario, válido para defender derechos negados, o violados. Limitar la violencia es la esencia de la civilización y fomentarla desde adentro mismo del estado, en su pretensión de desnaturalizar, ridiculizar y vencer al movimiento que defiende su derecho pone a los gobernantes por fuera de la ley y los acerca a la barbarie.
Es que el Estado, a través de sus fuerzas policiales, ha mostrado su debilidad respecto a la pedagogía no hecha sobre el fin del conflicto. Aún no se ha hecho el tránsito de la actitud de guerra a una actitud civil preparada para la paz que elimine las formas de lucha contra un enemigo figurado, creado a semejanza del que opina, se opone, cuestiona o protesta contra el gobierno. El mandato a seguir por la sociedad y el Estado es que los derechos humanos están por encima de los intereses del partido de gobierno o las mayorías en el congreso y son un límite al poder, a sus desafueros y excesos, sea de fuerza y capacidad de control de la información pública. En el caso de la movilización por la defensa de la universidad pública, los estudiantes, profesores y trabajadores son las víctimas a las que se les está negando la financiación de la universidad, no por falta de recursos, como anuncia con vehemencia el gobierno, sino por una distribución inequitativa de los recursos de la nación; por falta de voluntad política para atender el conflicto al privilegiar los recursos de la guerra y de la deuda; y por favorecer el éxito de la empresa privada y el despilfarro del Estado convertido en corrupción.
Pretender estigmatizar la lucha universitaria, conducida magistralmente por los jóvenes universitarios, con modos y prácticas renovadas de actuación, es una grave infracción por parte del gobierno, porque lo que ocurre es una protesta legal, legítima y justa y al contrario. No podemos olvidar que quien está en el borde del límite entre la ley justa del derecho y la ilegalidad es el Estado, que con su proceder de mantener la desfinanciación y perseguir la protesta está violando el derecho humano ya ganado, protegido por la ley internacional y la consuetudinaria.
Posdata: esta semana (14 al 20 de octubre) será la votación de consulta a estudiantes, profesores/as, trabajadores/as y egresados/as de la UPTC, acudo a su voto libre, sin atajos ni ataduras, para ser el rector de la misma y defenderla pública, laica, diversa y plural, humanista y con democracia directa y participativa
