Antes de que estallara el escándalo por las visitas del hermano de Petro a la Picota, el 22 de febrero, ya lo había advertido la columnista María Jimena Duzán, en su columna en la revista Cambio:
“Gustavo Petro, el candidato que puntea en las encuestas, debería andar con cuidado en esta recta final porque hay pasos de animal grande merodeando su campaña.
Sus enemigos están en plena forma. El primer hecho preocupante sucedió a principios de enero de este año, cuando Petro empezó a despegarse del lote de los demás candidatos en las encuestas. De manera sorpresiva, aparecieron varios empresarios extranjeros, de perfil desconocido pero muy interesados en financiar su campaña. Supimos también que varios de estos empresarios eran de nacionalidad mexicana y que lograron hablar incluso con miembros de la campaña de Petro para comunicarles que querían aportar dinero. En vista de que se trataba de empresarios desconocidos, sin huella digital, la campaña optó por cerrarles la puerta y afinar aún más el protocolo de entrega de dinero. Así me lo confirmaron.
Estos hechos coincidieron con una información que llegó a oídos del candidato por la misma época, según la cual habría un plan en marcha para enlodar su aspiración presidencial y demostrar que era financiada con dinero de Maduro. Armando Benedetti, uno de los voceros de la campaña de Petro que supo de esto, me contó que quienes los alertaron del plan también les dijeron que “para lograr ese objetivo, iban a utilizar a gente cercana a Piedad Córdoba”, la defensora de Maduro que aspira a una curul al Senado por el PH y sobre la que gravitan varios escándalos que la tienen en el ojo del huracán”...
Hay mucha morronguería en la delitocracia colombiana afincada en las instituciones, donde la corrupción a todos los niveles permite que un escándalo dure menos que un dulce en la puerta de una escuela, pues de inmediato lo sucede otro, como pasó con el asesinato de una mujer embarazada y varios civiles en la confusa incursión del ejército en el Putumayo; sustituida por el despliegue dado en los medios de comunicación, a las bien filmadas conversaciones del hermano de Petro en la cárcel Picota, con detenidos por corrupción de alto perfil, más el intento de aclaración del candidato que ayudó a enredarlo con sus planteamientos de “perdón social”, complicado con la visita de Piedad Córdoba a su hermano Álvaro, también detenido en la Picota, después de ser entrampado por mexicanos agentes de la DEA.
Y hay morronguería muy bien aprovechada por el oficialismo fiquista, porque no es la primera vez que dirigentes políticos en campaña conversan con grupos armados y delincuentes, como lo hizo Pastrana con las Farc para ganarle la elección a Serpa, o para lograr la paz y la “dongobernabilidad” en varias ciudades donde algunos alcaldes se han reunido con pandillas y mafias locales para que no se desboquen con sus robos, asesinatos y narcotráfico; o como sucedió en distintos gobiernos desde Rojas Pinilla, cuando negociaron la desmovilización de las guerrillas liberales del traicionado y asesinado Guadalupe Salcedo.
O como a mediados de los setenta lo conversó López Michelsen con el cartel de Medellín, en Panamá, cuando ofrecieron pagar la deuda externa para llegar a un acuerdo con el gobierno; o como lo hicieron Belisario Betancur, Barco, Gaviria, Pastrana y Santos, negociando la posible desmovilización de guerrillas; o como lo hizo Uribe con sus afines de las AUC, a los que solo les iban a exigir entregar las armas, si la corte no se hubiera opuesto y exigido que al menos les aplicaran penas reducidas, así como años después hizo Santos con las Farc y con la JEP les amplió la posibilidad a militares y empresarios que confesaran su falsos positivos y apoyos al paramilitarismo.
Y hay mucho oportunismo electorero en la posición teatral de Fico prometiendo aumentar las penas en cárceles como la Picota, donde se hacinan hasta las ratas de cuatro patas, pulgas y cucarachas, y cuando no les conviene a sus padrinos, militares de alto rango -que temen que los acusen ante los fiscales y jueces, salen, como si tuvieran llaves-, presos como Matamba, el jefe del Clan del Golfo en Nariño; desconociendo también, que a Gustavo Villegas, secretario de Gobierno, en la Alcaldía de Fico en Medellín, lo acusan de haber pactado la “dongobernabilidad con la temible Oficina de Envigado, -la misma que abastece de testigos falsos a Álvaro Uribe-, a cambio de no perseguirlos, siempre y cuando mantuvieran de bajo perfil la delincuencia para no dañarle las estadísticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico, el sicariato y la extorsión.
Y falta más de un mes para elecciones y las trampas están tendidas.
