En el marco de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se ha radicado un Pliego al Gobierno Nacional que contiene dentro de sus puntos un apartado minero-energético, donde se encuentra la exigencia de una moratoria minera en el país. Alrededor de ella, se vienen tejiendo una serie de especulaciones acerca de su alcance, que con este artículo, pretendemos despejar; al tiempo que, principalmente entre los congresistas populares, hacemos un ejercicio de pedagogía en torno al contenido del pliego.
¿Qué es la Moratoria Minera?
La Moratoria Minera es una figura que por su amplitud se ha venido aplicando de diversas maneras en distintos países del mundo. En general, su contenido busca resguardar la vida misma, pretende abrir la participación de las comunidades antes, durante y después de la implementación de los proyectos minero-energéticos (que involucran hidroeléctricas y minería -petróleo, gas y extracción de minerales en general-), además de ajustar y ordenar, por medio del diálogo nacional, regional y local la política minero-energética y detener los impactos negativos de la minería, principalmente de la realizada a gran escala. Parte de su fundamento se encuentra en la debilidad del Estado en todos los ámbitos territoriales, en la corrupción y, para nuestro caso en particular, una tendencia a despojar a todos y todas las colombianas de su territorio y sus derechos para abrirles paso a los negocios de grandes empresarios privados, nacionales y transnacionales.
Así, la Moratoria Minera, es un mecanismo que en el caso colombiano emerge de las voces de ambientalistas, sindicatos, comunidades académicas y populares, junto a diversos pueblos afectados por los proyectos minero-energéticos, que buscan proteger zonas claves por su biodiversidad, fuentes hídricas, patrimonio étnico y arqueológico, así como territorios donde el conflicto armado crece por cuenta de la llegada de este tipo de proyectos económicos, donde Estado no puede garantizar la seguridad de las comunidades.
La Moratoria Minera no es “perder dinero” o “perder recursos”; en la práctica, es un plazo que en esta ocasión, entre la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Gobierno Nacional, se debe acordar para reflexionar y tomar acciones acerca del modelo minero-energético, que hoy tiene al país sumido en la miseria a muchas comunidades como causa del despojo producido en el marco de dichos proyectos extractivos.
La Moratoria Minera no es una “traición a la patria”, ni a “los intereses nacionales”. Por el contrario es una medida para proteger nuestros intereses, representados en esta ocasión en los recursos del subsuelo y el agua. Es darnos la oportunidad como país de indagar cuál es el estado real de las operaciones de empresas hidroeléctricas, mineras y petroleras, el tipo y condiciones de los contratos que tienen con el Estado y la situación de los derechos de las personas que directa o indirectamente (trabajadores y comunidades, respectivamente) resultan afectadas con la llegada y ejecución de estos proyectos. Es un tiempo que busca analizar de manera profunda los impactos socioambientales y las diferentes salidas económicas y tecnológicas a las necesidades que actualmente cubren los proyectos minero-energéticos. Nos permitiría establecer incluso, cuál es la “minería necesaria”, esto es, la que realmente necesita el país para poder avanzar en proyectos que impliquen el uso de estos recursos. La Moratoria Minera, es un mensaje de confianza nacional e internacional.
¿Por qué una Moratoria Minera?
Las razones para proponer una Moratoria Minera - que puede ser a un plazo determinado o indefinida -, tienen su origen en debilidades institucionales que impactan negativamente el bien-estar de las comunidades donde se implementan dichos proyectos minero-energéticos. Su perdurabilidad o validez se mantendrá hasta que se superen y corrijan esas debilidades institucionales.
Por ejemplo, que el país aún no cuente con un moderno y suficiente sistema para el monitoreo y el seguimiento a las extracciones mineras, implica que no logremos hacer efectivo el cobro del 100% de las regalías que las empresas extractivas deben pagar al país; y en consecuencia, que el flujo actual de ellas no se esté aprovechando bien por parte de los gobiernos regionales; en primer lugar, porque no llegan las que deberían y porque la débil institucionalidad en las regiones, aumenta las condiciones para la corrupción. Así, antes de buscar aumentar el flujo de las regalías, la Moratoria Minera busca establecer mecanismos de Estado para evitar estas situaciones.
Por otra parte, también a modo de ejemplo, la capacidad del Estado en el área ambiental no está desplegada como para garantizar que la minería sea de mínimo impacto (ambiental, cultural, social). En otras palabras, es bastante mentiroso que el gobierno nacional hoy nos diga que estamos preparados para tomar decisiones serias sobre dónde, cuándo y cómo hacer proyectos minero-energéticos. Una Moratoria Minera nos permitiría tomar el tiempo suficiente (y necesario) para delimitar los ecosistemas estratégicos donde no se podrá, sin ambigüedades como en el actual Código de Minas, adelantar actividades de extracción de recursos naturales.
¿Dónde se aplicaría la moratoria?
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En todos aquellos títulos mineros donde se esté violando la Constitución o la ley, se le esté causando daño al agua o a la salud de los habitantes o los(as) trabajadores(as).
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Donde se esté utilizando cianuro, mercurio u otro tipo de contaminante de este nivel de peligrosidad.
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Donde no haya certeza de la seguridad del uso de tecnologías o sustancias que pueden poner en peligro la vida y la salud de las comunidades o del hábitat natural.
Para ello, la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, le propone al gobierno nacional que se cree una comisión o una instancia con participación de la comunidad académica, científica y popular, para la verificación de dichas posibles situaciones.
¿Qué más implica la Moratoria Minera propuesta por la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular?
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Que se excluya de la actividad minera a los ecosistemas estratégicos (nacimientos de agua, corredores de biodiversidad, etc.), previo al establecimiento real y actual del estado de dichos ecosistemas, su delimitación y medidas para su protección.
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Que se prohíba el uso de tóxicos como el cianuro y el mercurio en los proyectos extractivos, principalmente de metales preciosos. Por más que intente la industria de la minería metálica hay varios argumentos para preguntarnos si vale la pena insistir en la extracción de estos metales y en la manera como lo hacen. Por un lado es la razón de ser, la utilidad, la necesidad de por ejemplo extraer el oro. ¿Para qué se necesita? ¿Quién se está aprovechando de su extracción? ¿Usted señor(a) lector(a)? ¿Qué usos científicos o tecnológicos hacen tan urgente y necesaria la extracción del oro? Por otra parte, la vida y la salud de las personas es invaluable. Si el gobierno cumpliera su mandato de garantizar la vida de su pueblo, el envenenamiento de nuestras aguas (vía procesos de oxidación producto del levantamiento de las capas vegetales) debería ser algo impensable. Sin embargo, la sed de los empresarios terminan poniendo en riesgo al pueblo y el gobierno permitiéndolo.
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Que se elimine del Código de Minas el carácter de “Utilidad Pública e interés social” de la minería, por cuanto cientos, de títulos mineros, en realidad son de utilidad e interés privado, los cuales aparados en esta norma, saquean los territorios y despojan a las comunidades.
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Que la expedición de títulos mineros y licencias ambientales se realice con participación de las comunidades. La sostenibilidad de un proyecto de desarrollo, se basa en la participación de las comunidades. La transparencia para la entrega de dichos títulos y licencias se debe descentralizar y en todos los casos, contar con la decisión de las comunidades directamente afectadas.
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Que se respete la autonomía municipal para excluir la actividad minera del territorio del municipio que así lo decida. La tendencia del gobierno nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos y su antecesor, es centralizar este tipo de decisiones en el poder ejecutivo nacional, dejando de lado la competencia y legitimidad de los gobiernos locales y del pueblo que los eligió, quitándole cada vez más el poder de decisión sobre este tipo de situaciones.
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Que se respeten los derechos de los y las trabajadoras, su salud y seguridad en las minas. La Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, le exige al gobierno nacional que se detenga la persecución al movimiento sindical, en particular, al vinculado a las empresas extractivas, para que cese su genocidio. Por su parte, es increíble que siendo Colombia uno de los mayores exportadores de carbón, se causen tantas enfermedades de origen laboral sin el reconocimiento de las empresas, que hasta existan sindicatos exclusivos de trabajadores enfermos en la industria del carbón.
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Que se brinden garantías para la minería ancestral y pequeña minería, y acompañamiento y asesoría para que dicha minería se realice con respeto al ambiente y la salud de los(as) mineros(as) y las comunidades. La Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular le exige al gobierno que se establezcan mecanismos adicionales a los existentes para que la minería ancestral perdure en los ríos de nuestra geografía, como una manera de permitir la reproducción de la cultura de nuestros pueblos afrodescendientes e indígenas. Por su parte, es urgente reforzar el acompañamiento a los pequeños mineros para que su actividad, no sólo salga de la informalidad, sino para que se reduzcan sus impactos en el ambiente por cuenta del mal uso de químicos, así como una posibilidad de ofrecerles una alternativa económica, que les permita, en otras actividades de la economía, llevar el sustento a sus familias.
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Que se modifiquen a favor del Estado, los porcentajes de regalías y se eliminen los incentivos y prerrogativas tributarias a las empresas mineras. La Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular se pregunta si incluso el mismo término (Regalía) se debería reemplazar. ¿Qué nos están regalando las empresas que explotan lo nuestro? Más allá de esta reivindicación, consideramos, a partir de los propios informes de la Contraloría General de la República, que las empresas no sólo se llevan nuestros recursos, sino que además lo hacen gratis, a partir de los “estímulos a la inversión” que por medio de las reformas tributarias se le han dado a estas empresas. Esta situación debe terminar.
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Que se destine un porcentaje amplio, producto de proyectos minero-energéticos, para la investigación científica de alternativas energéticas y limpias. Es una medida para iniciar el tránsito al uso de energías limpias para el sostenimiento de nuestro país. ¿Qué sucederá cuando se acabe el petróleo, el oro, el carbón y tantos otros recursos mineros que hoy se explotan? Necesitamos alentar a nuestros científicos y científicas, a nuestros ingenieros e ingenieras a la creación de alternativas energéticas, a su implementación, con motivo de la profunda crisis ambiental que el capitalismo ha generado en el planeta.
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Garantía plena de la Consulta Previa afrodescendiente, campesina e indígena. Sin el aval de las comunidades, no puede ser posible ningún tipo de proyecto de desarrollo. Por un lado, exigimos que se cumpla lo establecido por la OIT (Convenio 169 para la protección de comunidades étnicas), sino además, que se extienda esta medida para el campesinado y se les formalice el derecho a decidir si quieren o no que un proyecto minero-energético, se inicie en su territorio.
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Que prevalezcan los derechos humanos y al ambiente sano, sobre los acuerdos y tratados de inversión realizados por el gobierno colombiano con países extranjeros. Parte de las presiones que “institucionalmente” existen, son los acuerdos de inversión firmados con países como Canadá y otros de la Unión Europea, que tienen intereses económicos, además de una legislación internacional amparada por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que contravienen los intereses nacionales. Sin embargo, debe ser una decisión jurídica, a la luz de nuestra Constitución Nacional y política, en favor del patrimonio público de nuestro país, que primen los derechos colectivos y de las personas, sobre los de las empresas.
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Que principalmente las empresas privadas involucradas, resarzan los daños sociales y ambientales causados por cuenta de los proyectos mineros. Dentro de las especulaciones en torno a la inviabilidad de una Moratoria Minera, nos han acusado de pretender dejar sin empleo a miles de trabajadores(as) de la industria. Nosotros les hemos respondido que esos miles de trabajadores precarizados por las empresas minero-energéticas, financiados por ellas, deben ser quienes dispongan su mano de obra para recuperar lo que ambientalmente se pueda mejorar; será responsabilidad del Estado ampliar la oferta de empleo en otros ámbitos de la producción, para permitirle el sustento a estos trabajadores y sus familias, además de disponer de presupuestos en el ámbito de lo social, para reparar los daños causados a las comunidades. Tal es el caso de las comunidades de la Guajira.
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Que se declare la emergencia ecológica para poder adoptar los puntos arriba mencionados.
En este orden de ideas, para terminar, quisiera mencionar brevemente unos casos donde se ha aplicado la Moratoria Minera, para que a modo de ejemplo se comprenda cómo podríamos realizar esta exigencia de la Minga Nacional:
Hacia el mes de enero de 2012, el gobierno de Estados Unidos declaró la moratoria minera de 20 años en un millón de acres (400 mil hectáreas) de terrenos públicos en el turístico sitio del Gran Cañón del Colorado de incalculable valor paisajístico e hídrico para los estadounidenses, puesto que el lugar no sólo es fuente de recursos económicos por cuenta de turismo (3,5 millones de dólares al año más centenares de empleos), sino también abastece a 25 millones de personas de los cuatro Estados colindantes que dependen del Río Colorado para agua potable y de riego. Adicionalmente, numerosas tribus indígenas norteamericanas consideran el lugar como un sitio sagrado. La moratoria sin embargo, no prohíbe la extracción de los proyectos aprobados a la fecha, tan solo nuevos proyectos.
En el caso de Costa Rica, la Presidenta de ese entonces, Laura Chinchilla, por medio de un Decreto del 11 de mayo de 2010 declaró la moratoria minera para cualquier nueva explotación o exploración de recursos minerales, particularmente de oro, en la que se utilicen elementos altamente tóxicos como cianuro o mercurio. Esta caso en particular, a propósito de los acuerdos y tratados de inversión (con Canadá en este caso), la disputa se resolvió por los altos tribunales costarricenses, a favor de la legalidad y el ambiente, en medio de mensajes de los que estaban a favor de la minería a cielo abierto, en torno a la “inestabilidad jurídica” para las inversiones, cuando el verdadero mensaje fue el respeto a la institucionalidad, la autodeterminación y dejar al descubierto a quienes, con sus intereses económicos, querían burlarlas.
Finalmente, la suspensión de la minería a propósito de las rentas del país, implica un tránsito económico, donde los vacíos que deje la captación de recursos por este tipo de economía, se llenen por medio de otros, como por ejemplo, la producción de alimentos y el turismo ecológico, donde Colombia por las características del territorio y sus gentes, tiene mucho más que un gran potencial.
Es hacer que el Estado reoriente los esfuerzos financieros, así como los recursos humanos y políticos que hasta hoy --y desde hace más de dos décadas-- ha usado para sostener los proyectos minero-energéticos y darle paso a opciones productivas más dignas para las familias, principalmente las rurales de nuestro país.
