La semana del caos político en Perú ha terminado con un ganador: el presidente Martín Vizcarra. El juego de poderes entre el Congreso dominado por el fujimorismo y el Ejecutivo, en el clásico entre disolución vs. vacancia, Vizcarra ha quedado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, su rival juramentada para sucederle, la vicepresidenta Mercedes Aráoz, dimitida a las 24 horas, y la evidencia de un amplio consenso social en su lucha contra el Congreso que ha torpedeado su estrategia anticorrupción.
El presidente buscaba un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional, para evitar poner la balanza a favor de la oposición fujimorista en el juicio contra los implicados en hechos de corrupción. Al no lograrlo, Vizcarra acudió a la norma constitucional que permite disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas en plazo de cuatro meses tras dos rechazos de la confianza de dos proyectos de ley, lo cual ya había sucedido en septiembre del 2017. Las elecciones fueron convocadas para el 26 de enero del 2020.
La urgencia de la oposición por tener una mejor correlación de jueces a través de una “elección exprés” en la alta corte se debe, entre otros motivos, a que esta semana el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, volverá a declarar ante los fiscales por el caso Lava Jato, y se espera que denuncie a otros políticos peruanos a los que entregó dinero irregularmente, en forma de sobornos o fondos para financiar la campaña electoral.
El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en Perú terminó en 2018 con un tsunami que ha tocado a cuatro presidentes. Alejandro Toledo (2001-2006) se encuentra detenido en Estados Unidos a la espera de la extradición; Alan García (2006-2011), líder de la Alianza Popular Revolucionaria (Apra) se quitó la vida en abril pasado después que la policía llegara a su casa con una orden de prisión preliminar; Ollanta Humala (2011-2016) afronta 20 años de cárcel tras el pedido del equipo especial Lava Jato a la Fiscalía, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece en prisión domiciliaria. La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumple arresto preventivo.
La dimisión de PPK llevó a la presidencia a su vicepresidente Martín Vizcarra, quien tomó el cargo con la misión de enfrentar la corrupción. Horas antes de que este anunciara la disolución del Congreso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro había ironizado: “Martín Vizcaya o Vizcarra, ¿cómo se llama él? “. Menos conocido y reconocido que sus antecesores, el actual presidente hace parte de la gran clase media que ha surgido en Perú tras la reforma en la tenencia de la tierra, que ha cambiado la estructura social y servido de apoyo para el despegue económico.
El sarcasmo de Maduro tiene un cierto fundamento porque en julio de 2016, al ser elegido vicepresidente Vizcarra era una figura emergente en política, poco conocida y sin mayores reparos, que había parecido por primera vez en la escena pública en 2008 con una participación activa en las protestas por las regalías de la minera Southern Perú, en Moquegua, lo que se conoció como el “moqueguazo” que paralizó la región durante diez días.
En Moquegua, un pequeño departamento sureño creció y vivió Vizcarra, nacido en Lima el 22 de marzo de 1963, hijo de una maestra, Doris Cornejo, y de César Vizcarra, un militante aprista que fue alcalde de Moquegua y miembro de la Asamblea Constituyente de 1978. Fueron esas protestas mineras las que hicieron que al ingeniero civil dedicado a la construcción le picara el gusano de la política y se lanzara a gobernador de Moquegua. Ganó. El éxito y el reconocimiento empezaron a llegar con el “milagro educativo” que logró en su región y que esta se colocara de segunda en competitividad después de Lima. Su figura de líder provinciano eficiente y pragmático hizo que el presidente Ollanta Humala lo llamara dos veces para que ocupara la presidencia del Consejo de Ministros, pero Vizcarra respondió que prefería cumplir su periodo y cuando este terminó en 2014 sorprendió que no se presentara a la reelección.
Parecía que la breve historia política de Vizcarra había terminado, pero en 2016 participó con tanto entusiasmo en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski que le propuso ser su vicepresidente. Vizcarra asumió el cargo simbólico en medio de aplausos. Y cuando se esperaba que fuera jefe de gabinete ministerial, PPK solo le dio la cartera de Transporte. Enredado en la ayuda financiera del Estado a un consorcio argentino-peruano al que se le encomendó construir el aeropuerto internacional de Chinchero en Cuzco y no pudo cumplir por falta de recursos, vio como la oposición le ponía la soga al cuello a través de una censura parlamentaria a la que no se quiso exponer y prefirió renunciar.
Un escampadero de lujo fue la embajada en Canadá de la que regresó para asumir la presidencia tras la caída de Kuczynski. Los peruanos le atribuyen un perfil sereno, y reconocen su lucha legislativa contra la corrupción en la que ha promovido reformas que lo han enfrentado con un Congreso que ha boicoteado normas y medidas.
Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia (que él mismo ostenta sin haber mediado elecciones) como el Congreso, propuesta que fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas. Así se ha llegado al punto crítico del conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso que desde las elecciones del 2016 dejó un Parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular, y la presidencia en manos de Kuczynski.
Los analistas consideran que las elecciones legislativas en 2020 no necesariamente cambiarán de forma significativa el empate. Es posible que se mantenga la pugna entre poderes porque el fujimorismo sigue siendo fuerte y Vizcarra no tiene partido propio. Las elecciones presidenciales están previstas para el 2021, y el nuevo mandatario asumirá en julio de ese año. Mientras tanto, Vizcarra quedará dando la lucha, atrapado en la crisis institucional y política que afecta a Perú.
