Son 238 los venezolanos deportados a El Salvador por el gobierno de Donald Trump. En los Estados Unidos se los acusa de pertenecer a la banda criminal El Tren de Aragua, y, según el convenio suscrito, deberán permanecer por un año en el temible Centro de Reclusión para Terroristas creado por Bukele. Es posible que ese plazo se extienda, en dependencia de lo que acuerden los dos gobiernos. También se menciona que llegarán más deportados.
Pese a que vivimos en un mundo en el que se ha perdido en gran medida la capacidad de asombro, por cuenta de las barbaridades cometidas en la más absoluta impunidad a la vista de todos, la opinión mundial no dejó de conmoverse ante las escenas de la llegada de los prisioneros a El Salvador y el trato a que fueron sometidos de manera inmediata. La primera señal de alarma provino de la legalidad de esa medida.
Para poder aprehender y enviar tan rápido a los venezolanos, el gobierno norteamericano invocó una ley de finales del siglo XVIII, decisión que fue impugnada ante la justicia norteamericana, uno de cuyos jueces ordenó la suspensión inmediata de la misma. Al considerarla arbitraria, dispuso además que los venezolanos capturados, así fueran ya viajando, deberían ser retornados de manera inmediata a los Estados Unidos.
Cosa que no sucedió, bajo la justificación de que la notificación había llegado demasiado tarde. Con independencia de las consecuencias jurídicas de ese conveniente incumplimiento, hay otra cuestión que imprime una grave duda al procedimiento. Ninguno de los venezolanos capturados y deportados fue acusado y condenado judicialmente por los hechos que se le imputan, todo indica que se trató de una decisión puramente administrativa.
El precedente no es cualquiera. Un gobierno puede acusar a una persona, capturarla y remitirla a una cárcel oprobiosa en el extranjero, sin fórmula alguna de juicio. Incluso en contra de la decisión de un juez. Y ese gobierno es ni más ni menos que el de los Estados Unidos de América, país que se ufana de haber consagrado primero que ninguno las libertades y derechos humanos considerados principios inviolables de la civilización.
La decisión de Trump contraría la legalidad reconocida no sólo por los Estados Unidos sino por el conjunto de la comunidad internacional. Y recuerda situaciones muy parecidas cumplidas durante la llamada guerra contra el terrorismo declarada por George Bush, cuando, con plena complicidad de gobiernos extranjeros, se secuestraban personas, se las llevaba a cárceles donde se torturaba sin piedad y se las mantenía en condiciones infames sin juicio y por tiempo indefinido.
La más elemental lógica señala que esos perseguidores del crimen resultan ser tan perversos o más que sus perseguidos. No existen investigaciones previas, ni prueba alguna, ni juicio, y, además, se actúa de manera salvaje, aprovechándose arbitrariamente de la fuerza. Y de las ventajas que otorga la posición de poder. Se invoca una falsa superioridad moral, se carga a las víctimas de los más despreciables adjetivos, se cuenta con el aplauso de sectores y medios influyentes.
Se invoca una falsa superioridad moral, se carga a las víctimas de los más despreciables adjetivos, se cuenta con el aplauso de sectores y medios influyentes
Lo que cabe preguntarse es si dejaron de existir las normas y los procedimientos para investigar y castigar los delitos. Y los principios universales en los cuales se deben fundar esas normas y procedimientos. Que se sepa, nadie ha declarado eso de manera alguna. En consecuencia, a los autores, reales o presuntos, de algún hecho delictivo, se los debe someter a los mecanismos previstos en las leyes, acusarlos, juzgarlos, con derecho a defender su inocencia.
Todo lo cual parece desaparecido. Suena admisible que existan normas y procedimientos con relación a la inmigración ilegal, en todos los países. No se rechaza ni condena su existencia. Como tampoco se rechazan y condenan las normas y procedimientos para juzgar los delitos. Lo que se pide es que unas y otras se cumplan debidamente. Resulta evidente que en el caso de estos venezolanos no se actuó en concordancia con unas ni otras.
Peor aún, si cabe, que haya muchos celebrándolo. Que se busque imponer el criterio general de que al débil cabe machacarlo al antojo. Mucho se oye el bien hecho, se trata de criminales, qué querían, que les edificaran una estatua, lo que hay es que matarlos a todos. Incluso aquello de si hay inocentes en las redadas, pues de malas, quién los mandó estar mal parqueados. Criterios así hacen sentir vergüenza de nuestra condición humana.
Más si nos preguntamos el por qué de la inmigración. En Venezuela la crisis se precipitó por las más de novecientas sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Se profundizaron los problemas para culpar al llamado régimen de Maduro, para que los muertos de hambre tumbaran su gobierno. No se dio, se fueron para otros países, para los Estados Unidos también. Sinceramente, indigna el modo como crean y agravan las cosas, para culpar finalmente a los otros.
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