Un nuevo escándalo de corrupción está sacudiendo a la política colombiana. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha vinculado a al menos 32 congresistas, incluidos senadores y representantes, en una investigación por presuntos actos corruptos relacionados con contratos del Invías y otras entidades públicas. 23 de estos legisladores no figuraban previamente en la investigación.
La investigación surge a raíz de la denuncia hecha por María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En su testimonio, reveló que varios congresistas de la Comisión de Crédito Público interfirieron en millonarios contratos del Invías, presuntamente a cambio de favores políticos. La investigación también salpica a congresistas como Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez y Efraín Cepeda, entre otros.
El caso involucra no solo a representantes actuales, sino también a excongresistas, como Iván Name y Andrés Calle, quienes enfrentan acusaciones por recibir sobornos a cambio de su apoyo a reformas del gobierno Petro. Asimismo, algunos miembros de la Comisión de Crédito Público, como Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, están siendo investigados por contratos de más de 92 mil millones de pesos.
Este escándalo sigue sumando nombres al escueto listado de investigaciones de corrupción que golpea a la clase política, dejando en evidencia el complejo entramado de intereses que vincula a varios congresistas con actos presuntamente ilícitos. La ciudadanía aguarda respuestas claras y decisiones contundentes sobre estos casos.
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