Para hacer frente a los graves problemas que nos aquejaron desde siempre, cada gobierno en su momento ha tomado medidas para mejorar el bienestar y la convivencia de los colombianos. Sobre cualquier biblioteca, anaqueles, escritorios, archivos muertos y vivos, reposan los grandes proyectos regionales y nacionales que facilitarían el desarrollo humano de las comunidades en veredas, corregimientos, municipios y capitales.
Alcaldes, gobernadores, ministros, gerentes y directores de instituciones oficiales, han tenido a su alcance las soluciones para cada uno de sus retos, pero los ha abrumado el día a día y el nuevo incendio que en un par de horas se les viene encima y ese incendio es el que se debe resolver, porque es lo prioritario.
Los proyectos que nunca se concretaron son el producto de los diagnósticos de cientos de personas que estudiaron y calificaron los problemas; son el resultado de costosas consultorías.
Mañana se programará un nuevo comité directivo o reunión de gobierno, para tomar medidas frente al problema del momento: el pacto nacional agrario, la reforma del campo, la problemática de las drogas y de los cultivos ilícitos, la educación, la infraestructura, la salud, la interconexión eléctrica, el salario mínimo, los transportadores, la minería, otorgar nuevos subsidios, o el asunto de cualquier sector que pide pista para causar un nuevo incendio.
Apagar incendios es la práctica que se ha vuelto costumbre en el ejercicio de lo público y eso ocurre, porque se hace lo que se tiene que hacer, y no, lo que se debe hacer.
Entre esas dos acciones hay una gran diferencia: hacer lo que se tiene que hacer, es una imposición o acción obligada, por algo que se salió de las manos y que genera un impacto en la opinión; mientras hacer lo que se debe hacer, es la respuesta acertada a una acción planeada y estudiada juiciosamente, que soluciona de raíz el problema.
La voluntad política para hacer buenas obras existe, pero esa voluntad que manifiestan los gobernantes se ha disfrazado o confundido con estrategias legítimas del Estado, como respuestas para contener las consecuencias del desorden creado y solucionar las coyunturas; esa voluntad política no ha podido resolver las causas estructurales del problema, porque se toman atajos con un plan de choque.
Un plan de choque es la respuesta a la falta de ejecución del plan inicial, que debía hacer contención a la problemática de fondo; en Colombia nos acostumbramos a los planes de choque para atender las protestas ciudadanas, los derrumbes por el invierno donde hace cincuenta años se viene abajo el mismo cerro; somos expertos en responder con estos planes transitorios para apagar los incendios que son consecuencia de la no ejecución de la acción planeada.
Veamos un ejemplo reciente: a raíz de la protesta social en la región del Catatumbo, se estableció como plan de choque otorgar incentivos económicos durante 24 meses a 400 familias que han cultivado coca, incluyendo un proyecto productivo que se instalará en sus predios, como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos. El gobierno auxiliará con cerca de $12.000 millones a estas 400 familias, que recibirán en promedio cada una $29 millones. Todo parece en orden y es una ¡excelente idea!
Miremos los peros: los que no siembran coca, o los que dejaron de hacerlo y que viven en los mismos territorios vulnerados por la presencia de las redes criminales que constriñen para que se siembre, están inquietos ante la buena oferta del gobierno; es muy factible que reincidan en esa actividad ilegal, porque se premia a los que siembran. Las estrategias no deben disfrazar los problemas coyunturales, deben resolver las causas estructurales. Un plan de esta envergadura debe ser integral y sostenible en el largo plazo, de lo contrario la inversión en un lustro quedará enterrada y evaluada como efímera.
¿Estas decisiones para enfrentar el problema en Catatumbo son una solución justa, integral y sostenible en el tiempo? ¿El compromiso de los gobiernos locales hasta dónde llega; en cuánto tiempo comienza la construcción de las vías terciarias para sacar el cacaoa las plazas de mercado? ¿Cuándo se dotan los puestos de salud? ¿Cuándo se arreglan los puentes caídos por la falta de mantenimiento? ¿Cuándo se instalan los servicios públicos que facilitarán el desarrollo humano de toda la comunidad del Catatumbo?
Como el Catatumbo existen 23 regiones con sembrados de coca en los 32 departamentos del país y que no tienen servicios, pero seguimos con la misma ruta: cada entidad posee un portafolio de soluciones debajo del brazo llena de excelentes ideas desarticuladas; y eso pasa porque hacemos lo que se tiene que hacer, y no, lo que se debe hacer.
Mandamos equivocadas señales de humo a las comunidades y las calmamos apagando sus incendios, pero al final repetimos la misma historia.
