Viviane Morales sacó adelante esta ley de su autoría contra viento y marea.
La verdad, salvo por su hostilidad personal y pública con Viviane, nunca conocí argumentos de peso para que el gobierno de Santos se hubiera opuesto con tanto encono a una iniciativa cuyo propósito consiste, sencilla y llanamente, en que nuestros jóvenes estudien en los colegios historia de Colombia y del mundo.
Basta recordar que han pasado más de cuarenta años desde que la asignatura de Historia desapareció de los currículos, cuando decidieron diluirla en un brebaje sin sabor y sin vitalidad que llaman “sociales”.
Y los resultados saltan a la vista. Las nuevas generaciones ignoran por completo nuestra historia y ni qué hablar de la historia universal. No tienen ni idea de quiénes fueron nuestros antepasados indígenas y europeos, ni Nariño, Bolívar y Santander, o Mosquera, o Núñez y Uribe Uribe y Gaitán. Ni mucho menos, saben del entramado complejo de acontecimientos políticos, económicos y sociales en medio de los cuales hemos venido construyendo la contextura de nuestra nación.
No es gratuito que hayamos llegado a unas generaciones que nunca supieron que la historia partió cobijas con la prehistoria cuando surgió la escritura, y que por el contrario están dispuestas a enfurecerse con nosotros cada vez que no coincidimos con su convicción de que todo comenzó el día en que apareció la internet. Así como tampoco debería extrañarnos que muchos muchachos de hoy repitan como loritos la narrativa acuñada por caudillos como Cepeda y Petro según la cual la historia de Colombia se divide en un antes y un después de Uribe, o la narrativa de medios como Semana que no paran de darnos a entender que la historia es Uribe.
Hemos llegado al extremo de creer que no saber de historia es normal, que no estudiarla en los colegios es normal. Pues no. De normal no tiene nada.
Vale la pena contar acerca de un episodio que ocurrió hace unos años con algunos funcionarios del Ministerio de Educación: cuentan que nos visitó la alta directiva europea de un prestigioso organismo internacional que trabaja temas de cultura. A todas estas, la señora no entendía el español y debió seguir el curso de la reunión por medio de la traducción simultánea. De un momento a otro, mientras intervenía una viceministra colombiana, la señora levantó la mano e interrumpió la exposición de la viceministra para pedir que rectificaran la traducción pues, a su juicio, había fallas serias de sentido en lo traducido. Sorprendidos los funcionarios, le preguntaron a qué error se refería. Ella, con cara de desconcierto genuino, les dijo que había escuchado decir que en Colombia no dictan clases de Historia en los colegios. Cundió el silencio en la sala. Después, una que otra tosecita hasta que se atrevieron a aclararle que no se trataba de errores de traducción sino que, efectivamente, no les enseñamos historia a nuestros niños, bla, bla, bla... la señora no volvió a tocar el tema.
Y claro que la señora no entendió. No podía entenderlo. En la inmensa mayoría de países resulta inconcebible que los sistemas educativos intenten formar a sus ciudadanos sin la comprensión fundamental de su propia historia.
En la entrevista de la ministra de Educación a Yamid Amat en El Tiempo el domingo pasado, ante la pregunta de si regresará “la cátedra exclusiva de Historia”, le responde la ministra que no, que lo que van a hacer es “acompañar a los colegios para que en el área de sociales se fortalezca mucho la enseñanza de historia, ética y ciudadanía. Cada colegio define qué comprende su área de sociales”.
Hemos llegado al extremo de creer que no saber de historia es normal,
que no estudiarla en los colegios es normal.
Pues no
Con todo respeto y consideración me permito sugerirle a la doctora Angulo que se dé la oportunidad de revisar su planteamiento con el fin de garantizar un resultado verdaderamente exitoso.
Veamos tan solo el objeto de la ley, consignado en su primer artículo:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media, con los siguientes objetivos:
- a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la Nación colombiana;
- b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial;
- c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país.
A decir verdad, si dejamos que cada colegio defina qué comprende su área de ciencias sociales, no vamos a lograr ninguno de los objetivos de la ley, comenzando por el de contribuir a la formación de una identidad nacional.
¿Qué sentido tiene dejar en manos a cada uno de los miles de colegios del país la determinación de qué y cuánta historia enseñarles a sus alumnos?
¿Qué integración de alguna narrativa histórica pudiéramos esperar de esa forma absolutamente dispersa de asumir la enseñanza de la historia?
¿Por qué no confiar en historiadores tan respetables como Jorge Orlando Melo, Álvaro Tirado Mejía, Eduardo Pizarro y tantos otros que se congregan en las academias y facultades de historia del país, para que nos diseñen la arquitectura básica sobre la cual los colombianos edifiquemos una identidad histórica, sobre la cual soportemos la identidad nacional que pretende la ley?
En el fondo, se trata de comprender que, esta vez, hay que ir mucho más allá de cumplir con la letra de una ley. Se trata de cumplir con el propósito y la inspiración de la ley.
Vamos por una nación que se reconozca a sí misma a partir de su historia, que sea consciente de todas las grandezas que debe proteger y de todas las taras que debe redimir, que sepa que al lado de tantas cosas que nos dividen también hay tantas grandes cosas que nos unen.
En fin, una nación que entienda que no basta con tener memoria. También es preciso tener historia.
