Entrevista a Renzo Alexander García Parra, Biólogo, ambientalista, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Coordinador general de la Campaña por el No a la minería contaminante en la Consulta Popular de Ibagué.
¿En qué consiste la consulta popular de Ibagué?
La Consulta Popular es un instrumento fundamental que permite potenciar el proceso integral de defensa del agua, la vida y el territorio. Jurídicamente es un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución Política de Colombia, en los artículos 40, 103, 104, 105; la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 del 2015. A través de ellas se convoca al pueblo para decidir sobre aspectos de importancia para la comunidad en donde la decisión tomada es de obligatorio cumplimiento para el gobierno.
En términos ambientales tenemos que comentar que el cambio climático es una realidad, que la degradación ambiental es evidente, que la pérdida de biodiversidad tendrá impactos negativos en los sistemas de producción agropecuaria, es decir, estamos ante un imperativo ético que nos debe obligar a generar cambios sustantivos en nuestras formas de actuar y pensar, sí es que de verdad queremos y reconocemos los derechos de las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos.
La Consulta Popular de Ibagué y la de Cajamarca tienen como objetivo detener las actividades mineras contaminantes que implican cambio del uso del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, afectación de la vocación agropecuaria y turística. Tienen el propósito de proteger los bienes comunes de la sociedad, el agua, suelo, aire, ambiente sano, etc, por encima de la codicia de empresarios mineros.
¿Para qué una Consulta Popular sí los concejales y alcaldes pueden restringir las actividades mineras contaminantes?
El derecho colectivo al ambiente debe ser garantizado siempre. No es conveniente que esta sea una decisión de los mandatarios de turno. Hoy en día tenemos un alcalde con sensibilidad ambiental, pero no sabemos quiénes serán los gobernantes del mañana y sí mantendrán ese respeto por lo ambiental. La Consulta Popular, sí superamos el umbral de los 130 mil votos, establecerá un mandato popular de rechazo a la minería contaminante que debe ser acatado por los gobiernos actuales y futuros.
La otra ventaja de realizar la Consulta Popular es que con ella vamos a fortalecer la democracia participativa y demostrar que los conflictos sociales y ambientales se pueden resolver de manera civilista y no violenta.
¿Cómo funciona el proceso?
Lo primero que se debe resaltar es que el proceso es de carácter colectivo. En esta causa cabemos todos. Hemos venido integrando una gran fuerza social en medio de la diferencia. El escenario que coordina la iniciativa es el Comité Promotor de la Consulta Popular, un espacio de articulación de múltiples sectores sociales que han entendido la responsabilidad histórica de estos mecanismos de participación ciudadana y defensa territorial. En esta tarea se han implementado procesos de diagnóstico, formación comunitaria, movilización y organización social que permiten conocer y socializar el problema que se afronta.
Aunque hoy hemos logrado construir un gran movimiento social y ambiental, consideramos que es indispensable seguir trabajando con todas nuestras fuerzas. Debemos continuar con el principio del actuar en colectivo, la reivindicación del bien común y fortaleciendo la esperanza. No podemos seguir permitiendo que la corrupción y la imposición de proyectos mineros contaminantes se roben el presente y futuro de nuestras gentes.
¿Por qué una Consulta Popular minera en Ibagué?
Existen personas que creen que el problema de la minería contaminante es solo de unos pocos municipios de Colombia y olvidan que el gobierno nacional ha venido imponiendo un modelo de desarrollo extractivo que se extiende por muchas regiones del país. El problema de la minería contaminante es consustancial al modelo de desarrollo nacional. Los procesos extractivos arrasan con los derechos de los pueblos y la naturaleza.
La mentalidad codiciosa, individualista y ególatra de políticos y empresarios promineros consideran que el extractivismo es la única posibilidad que tenemos como sociedad colombiana. Aunque la realidad es contundente en demostrar lo equivocado que se encuentran, el gobierno nacional y algunos medios de comunicación entregados al poder del dinero siguen imponiendo esta lógica de desarrollo. Les importa muy poco saber que los municipios mineros son los más pobres, los de mayor degradación ambiental y social de toda Colombia.
En Ibagué existen 99 títulos mineros concesionados que abarcan cerca de 40 mil hectáreas, es decir, casi 8 veces lo que representa toda el área urbana del municipio; 38 de esos títulos mineros concedidos se encuentran sobre la cuenca del Río Combeima, la región natural que abastece el consumo de agua de más de 500 mil ibaguereños. Si se suman los títulos mineros concedidos y solicitados estamos hablando que el 53% de todo el municipio se encuentra bajo amenaza minera.
¿Por qué es importante está consulta popular?
La Consulta Popular de Ibagué es la primera que se realizara en una ciudad capital a nivel del planeta tierra. Si logramos superar el umbral de los 130 mil votos, los ibaguereños en conjunto, vamos a hacer historia, vamos a darle cuerpo a la esperanza y la posibilidad de construir un modelo de desarrollo que respete los derechos de las comunidades y la naturaleza. Sin lugar a dudas será uno de los principales símbolos y acciones de lucha y defensa ambiental del mundo entero.
¿Creen que pueden lograr los 130 mil votos?
La apatía, conformismo, desesperanza y falta de confianza en nosotros mismos es lo que muchas veces nos impide hacer realidad nuestros sueños. En el Tolima hemos aprendido que Aunque existen sectores con mucho poder económico y político que pretenden sacrificar nuestros territorios para el beneficio minero, estamos convencidos que la fuerza y dignidad de las comunidades va a ser capaz de derrotar la codicia, corrupción y contaminación que nos quieren imponer los nuevos conquistadores.
En este proceso ha comenzado a emerger una nueva ciudadanía, hombres y mujeres que han comprendido que la dignidad no se vende, que los derechos colectivos son superiores a los beneficios particulares. Ya hemos visto gran cantidad de personas, que pese a vivir con limitaciones y en la pobreza, rechazan las ofertas de empleo y “regalos” de estas empresas contaminantes. Las comunidades han entendido que su conciencia, sus derechos constitucionales y dignidad no caben en el mundo de las mercancías, no se venden, valen tanto que no tienen precio. Este es el principal acumulado social que hemos logrado construir en estos 8 años de proceso.
Estoy convencido que vamos a superar el umbral de los 130 mil votos. Vamos a ganar.
¿Cómo se van a organizar para lograr el umbral de los 130 mil votos?
Desde el Comité Ambiental y el Comité Promotor de la Consulta Popular nos hemos dado a la tarea de conformar equipos de 50 personas por cada una de las 13 comunas de la ciudad y un equipo similar por el área rural. Sí cada persona se compromete con 200 votos, estaríamos hablando de 10 mil votos por comuna, lo cual nos garantizaría el umbral. Por otra parte, estamos proponiendo a los estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades y centros de educación de Ibagué que nos ayuden a conseguir 10 votos. Este proceso tiene el apoyo y compromiso de la casi totalidad de sectores sociales del municipio. Creo que con ese trabajo vamos a superar con creces los votos que requiere la Consulta.
¿Qué dificultades han tenido?
El proceso de Consulta Popular ha afrontado ataques de todo tipo. El matoneo que ejerce la procuraduría y el gobierno nacional contra este proceso democrático y constitucional no tiene precedentes, sin lugar a dudas es un abuso de poder. Las empresas mineras han interpuesto demandas contra el mecanismo y procedimiento de participación ciudadana. De igual forma tenemos que afrontar permanentemente las calumnias y mentiras de algunos periodistas y medios de comunicación que reciben pautas gigantescas de las mineras. La estigmatización sistemática de los voceros y activistas como Yihadistas Ambientales y otros apelativos descalificadores son otras de las acciones que tenemos que vivir a diario. Estas acciones son una muestra objetiva del desespero e irresponsabilidad ética y social de los sectores que promueven la minería. Aunque en el discurso posan de responsables, en la realidad las cosas son a otro precio, no escatiman esfuerzos para desconocer las normas constitucionales y los derechos de las comunidades.
Ahora ultimo nos cambiaron la fecha de la Consulta Popular, en ello perdimos la impresión de toda la publicidad, sin embargo somos conscientes que estas y otras cosas deben ser superadas de manera positiva para no dejarnos amilanar.
¿Dicen que este proceso va a ser instrumentalizado por los políticos de la región?
Ese es el principal argumento para tratar de descalificar la Consulta Popular. Un argumento pobre y mal intencionado. Se les olvida que llevamos más de 8 años trabajando en esta causa.
Reitero que en esta lucha cabemos todos, sin importar raza, credo y sector político. Esta es una causa de bien común que demanda que todos los sectores sociales, gremiales, académicos y políticos nos juntemos para defender el ambiente sano y la salud de nuestros hijos. Indiscutiblemente el protagonismo del proceso de defensa territorial ha estado en el movimiento social y ambiental. Así debería seguir siendo.
Lo que debemos hacer como sectores sociales es comprometer a todos los partidos políticos a respetar la voluntad popular, a gobernar y legislar en función de sus comunidades y no en contra de ellas como actualmente sucede. En este proceso vamos a saber quiénes están del lado de los intereses colectivos, con su gente y quiénes no. Los políticos, funcionarios, gobernantes deben entender que el beneficio general es superior al bienestar particular, que el bien común debe ser el principal elemento motriz de su actuar gubernamental.
¿Es cierto que la pregunta de la Consulta Popular limitaría todas las actividades mineras?
Falso. Nosotros construimos una pregunta que rechaza de manera categórica la minería contaminante. La minería que pone en riesgo el derecho colectivo al ambiente sano. Sí los mineros demuestran que sus actividades no contaminan aguas, suelos, aire, que no desaparecen montañas, que respetan las comunidades, etc, pues que le hagan a sus proyectos. Pero sí sus proyectos ponen en riesgo las cuencas hídricas, los ecosistemas, la biodiversidad, la vocación agropecuaria y turística, los derechos de las comunidades y utilizan químicos altamente contaminantes como el mercurio y cianuro, entre otros, pues definitivamente hay que pararlos. No podemos permitir que la codicia e intereses particulares mineros pongan en riesgo el derecho colectivo y constitucional al ambiente sano.
¿Finalmente qué mensaje le quiere mandar a la ciudadanía en general.
Creo que debemos aprender a pensar por cuenta propia y atrevernos a aprovechar económicamente las ventajas competitivas de nuestros territorios. Somos un país privilegiado en diversidad biológica y cultural, en variedad de ecosistemas, climas, paisajes, pisos térmicos, riqueza hídrica, agroalimentaria y social. En lugar de destruir nuestra biodiversidad deberíamos aprovecharla para cimentar proyectos comunitarios de turismo rural que nos permitan generar empleo y procesos de buenvivir para las comunidades campesinas, indígenas y sectores populares. Esto solamente puede ser posible si nos arriesgamos a pensar y actuar diferente, desde el principio de ser con los otros.
El 30 de octubre Ibagué debe estar unida por el agua y la vida. Nos debemos mover con toda la fuerza y compromiso para defender la salud y derecho al ambiente sano de nuestros hijos. Debemos salir a votar masivamente NO a la minería contaminante.
