Con la ley 1978 de 2019 que tramitó la ministra Sylvia Constaín a comienzos del gobierno Duque y conocida como la Ley TIC que se terminó pupitriando en el Congreso en diciembre de 2018, donde se creó el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FONTIC- como una Unidad Administrativa Especial, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, con el objeto de masificar el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cerrar la brecha digital y vincular al sector privado en iniciativas de inversión. De allí saldrán los $2 billones del proyecto de conexión de las 14.745 escuelas y colegios rurales y con recursos del fondo se giró el anticipo de $70 mil millones a la Unión temporal Centros Poblados, que se esfumaron en manos de Emilio Tapia y su combo de contratistas.
La manera como se estructuró FONTIC le facilita la ejecución al jefe de la cartera de turno, como si se tratara de un enorme bolsillo, casi sin fondo, para gastar discrecionalmente porque este es manejado internamente por el ministerio, con el secretario o secretaria general como representante legal, como ocurrió con Adriana Meza, la mano derecha de Karen Abudinen.
Aunque FONTIC nació en el ministerio de Sylvia Constaín, fue Abudinen quien realmente lo estrenó y entendió bien la utilidad que éste tenía. Recibió el fondo con 1.157 millones en recaudo, cuando llegó en mayo de 2020, cuando la pandemia apenas empezaba a mostrar sus dientes. En los 16 meses que estuvo como ministra, entre el 4 de mayo de 2020 y el 9 de septiembre de 2021, se firmaron a través de FONTIC, 1.182 contratos por $ 2.8 billones, el 68 % de la contratación del MinTIC durante el gobierno Duque, y de los cuales $ 480 mil millones se contrataron de manera directa.
Si hubo un rubro que se movió en forma fue el de prestación de servicios, mediante el cual la ministra contrató, muchos con altos honorarios, profesionales de distintas disciplinas. Excluyendo el mega contrato para la conexión de internet a las escuelas rurales en las regiones apartadas del país que se firmó con Claro y la Unión Temporal Centros Poblados, se contrataron 945 personas naturales por un monto de $ 74.988 millones, personas jurídicas por $ 12.142 millones y apoyo a la gestión por $ 2.039 millones, que es un rubro que se utiliza en el sector público para la contratación de eventos, viajes, seminarios y apoyos logísticos en general.
La recién posesionada Ministra Carmen Ligia Valderrama arranca con un robusto presupuesto de $2.4 billones que incluye los $2.1 billones previstos en la Ley de presupuesto y $290 mil millones que quedaron en caja concluida la gestión de Karen Abudinen.
