Los copropietarios del lujoso Edificio Peñas Blancas, entre quienes se encuentra por ejemplo la actriz Margarita Rosa de Francisco y quienes son representados por el duro abogado Pablo Felipe Robledo, pudieron cantar victoria este viernes 22 de noviembre por cuenta de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que, después de más de cuatro años de una eterna pelea legal, les dio la razón y encontró que la responsabilidad administrativa sobre el grave estado de la fachada recae sobre tres constructoras, a las que les dio un castigo ejemplar: una millonaria multa.
En agosto de 2023, todo parecía perdido para los residentes del edificio Peñas Blancas porque la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces con María del Socorro Pimienta a la cabeza, optó por archivar la investigación, no porque consideraran que no había inconvenientes en la fachada, sino porque no se habrían cumplido las garantías procesales y no se habría respetado el debido proceso.
Ante esto, ni los copropietarios ni el propio Robledo, quien fue Superintendente de Industria y Comercio en el gobierno Santos, quedaron contentos
Sin embargo, la llegada de la activista Cielo Rusinque a la dirección de la entidad le dio un giro de 180 grados a la situación, puesto que, en agosto, cuando llevaba seis meses como Superitendente, decidió desarchivar la investigación y continuar con el proceso, atendiendo los reclamos de los afectados. Al final, concluyeron que las constructoras han sido negligentes y que no se han hecho cargo del costo que ha representado el arreglo de la fachada de un edificio que llegó a tener uno de los metros cuadrados más caros de la capital.
Así las cosas, determinaron multar a las constructoras con una cifra que asciende a más de $1.000 millones, repartiéndose de la siguiente manera: $342 millones para Escalar Gerencia Inmobiliaria, $630 millones para Granitos y Mármoles y $29 millones para Peñas Blancas (en liquidación). Algo que no tardó en ser celebrado por el apoderado de los afectados, quien aseguró que esta sanción servirá para incentivar prácticas responsables en la industria de la construcción.
