Los chinos de la minera Zijin Continental Gold que están detrás del oro de Buriticá, instauraron desesperados una demanda internacional contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI por valor de USD 430 millones por no proteger su inversión en la tradicional mina antioqueña. La minera china busca de esta forma ser reparada de la caótica situación de seguridad que se vive en la mina: tienen invadidos cerca del 60% de sus túneles por mineros ilegales apoyados por el Clan del golfo. Extorsionan y obligan a la poblacion a realizar trabajos forzados.
La situación se dio luego de reiterados reclamos de Zijin al Gobierno por una intervención más contundente en la zona y de sentarse para buscar soluciones con los ministerios de minas y de defensa donde los ministerios involucrados se comprometieron a abordar las demandas de la empresa y encontrar soluciones que garantizaran tanto la seguridad en la operación como una intervención integral en el municipio de Buriticá, compromisos que no se dieron.
En diciembre de 2019, Zijin Mining Group, la minera más grande de China, pisó por primera vez a América Latina al adquirir el 69,276 % de Buriticá en Antioquia por USD 1.400 millones a la canadiense Continental Gold, empresa que 8 años antes habían logrado que la Secretaría de Minas de Antioquia combinara todos los derechos mineros en una sola concesión en la jurisdicción de Buriticá, convirtiéndola en la mina más grande del país.
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El Clan del Golfo acabó con el proyecto minero de Zijin Mining Group
La producción comercial a gran escala arrancó en marzo de 2020 luego de obtener las aprobaciones para su expansión y culminar la construcción de una mina donde los chinos apostaron por unos yacimientos capaces de producir hasta 240, 000 onzas de oro anualmente, metas que sin embargo no se han podido cumplir por problemas de orden público generados por el Clan del Golfo.
La mina por dentro es como un enorme edificio con más de 90 kilómetros de túneles de unos seis metros de ancho por seis de alto, donde trabajaban más de 4.500 personas, encargados de procesar unas 4.000 toneladas diarias de roca, para producir barras de doré, concentrados de cobre y oro. Esa maraña de túneles se divide en tres zonas de desarrollo: Yaraguá, Rampa Sur e Higabra.
El 100% del túnel Yaraguá está invadido por los mineros ilegales, que también se apoderaron de la mayor parte del túnel Rampa Sur, obligando a la empresa a abandonar sus labores en las partes altas y medias para concentrar sus esfuerzos en la parte baja de Higabra. Sin embargo, a finales de 2022, los mineros ilegales conectaron la estructura del túnel de Higabra, desplazando al personal con armas de fuego y artefactos explosivos, en medio de un despliegue de violencia que se mantiene en la actualidad con marcada tendencia expansionista y que hace imposible acceder a ciertas zonas.
El Clan del golfo manda sin que el Estado los controle en Buriticá
Se calcula que en los túneles Yaraguá, Rampa Sur e Higabra los grupos ilegales pasaron a introducir turnos de 400 personas que entran por bocaminas desde la superficie y se arrastran por socavones 700 metros hacia abajo atacando lo que se aparezca con armas y explosivos. Si se suman las labores mineras en zonas aledañas, las autoridades estiman que son entre 1.500 y 2.000 personas dedicadas a la extracción ilícita de minerales de su concesión minera.
A finales de junio de este año, iban 485 explosiones de artefactos hechizos, más de 800 disparos y unas 53.000 detonaciones por parte del Clan del Golfo para romper la montaña y extraer los minerales. Situación que ha afectado la estabilidad de las montañas sobre las que está asentado el pueblo, generando además una tragedia ambiental por el uso de mercurio y su presencia en vertimientos ilegales, en fuentes hídricas y en aguas subterráneas que surten a los habitantes del municipio y de regiones aledañas.
En el municipio de Buriticá se ha generado una crisis social con la llegada de al menos 5.000 personas incluidas mujeres y menores, inducidas a las drogas, la prostitución y los trabajos forzados. El Clan del Gofo, que opera como la Ley en la región, cobra un porcentaje por todo: la comida y los víveres, por el fluido eléctrico tomado de contrabando de las torres de energía y, claro está, por el producido de oro de los mineros ilegales.
Se estima que el saqueo por parte de los ilegales alcanzó las 3,2 toneladas de oro el año pasado, que podrían valer en el mercado unos $850.000 millones, lo que significa que el Estado dejó de recibir en 2023, entre impuestos directos e indirectos, unos $400.000 millones. El informe de la Procuraduría sobre la situación de Buriticá es alarmante.
