Hace más de un lustro, ante las quejas de los usuarios y líderes sociales, la Contraloría General de la República anunció hallazgos fiscales por detrimento patrimonial contra el Estado por más de $200.000 millones de pesos por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa propietaria de Electricaribe, consistentes en que los cuantiosos recursos entregados por el Gobierno Nacional para el subsidio especial del FOES (Fondo de Energía Social) con destino a una 600.000 familias de las áreas especiales de la Región Caribe, a saber: barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo, del año 2011 al 2016, y que dicha empresa se embolsilló sin entregarlos a sus verdaderos dueños, los usuarios de dichas áreas, los más pobres de la costa Atlántica.
La Liga Nacional de Usuarios se apersonó de esta situación y coadyuvó ante el ente de control las demandas a favor de los estafados, como consta en el proceso, el cual llegó a un juicio fiscal y un falló de primera instancia a mediados del año 2011 condenó a Electricaribe en liquidación y a la revisora fiscal Price Waterhouse a devolver $211.000 millones de pesos cada una. Ante la apelación de ambas, hubo de esperarse que el proceso siguiera su curso.
El martes 22 de septiembre la Contraloría General de la República, a través del comunicado de prensa 158 dio a conocer a la opinión pública que había logrado el “resarcimiento patrimonial por un valor de $187.227 millones, a favor del Estado colombiano, a través del proceso de cobro coactivo que se adelanta contra Electricaribe y otros responsables fiscales”. Este pago fue realizado el 19 de septiembre pasado, según informó el contralor Carlos Rodríguez.
Ya logrado el loable objetivo de recuperar los cuantiosos recursos, se requiere conocer el texto del fallo y los desarrollos posteriores para que dichos dineros sean devueltos a sus verdaderos destinatarios: las 600.000 familias más pobres de la costa, recursos con los que se podría hacer un cruce de cuentas con las presuntas deudas viejas con Electricaribe de dichos usuarios, a quienes la empresa AIR-E viene amenazando con embargos y remates de inmuebles, y lograr así el saneamiento total de deudas de dichos compatriotas.
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