La corrupción está robando sueños y oportunidades a millones de jóvenes. En una reciente encuesta a jóvenes africanos por la Fundación Ichikowitz, el 60% considera emigrar debido a la corrupción, que ven como el principal obstáculo para alcanzar su propio potencial y una vida mejor, señaló la Fundación. Este fenómeno, que también afecta a Colombia con pérdidas anuales de hasta $80 billones, evidencia la necesidad urgente de combatir este problema a nivel global.
La corrupción ha alcanzado niveles alarmantes en África, donde el 73% de los jóvenes encuestados encuentra dificultades para conseguir empleo y el 62% se muestra insatisfecho con las medidas gubernamentales. Estados Unidos, Canadá y México son los destinos más populares para quienes buscan una vida mejor. En Colombia, la situación no es muy diferente, pues la corrupción también impulsa la migración de jóvenes hacia países desarrollados, arriesgando sus vidas en peligrosas travesías e impulsados en gran medida por la violencia, la desigualdad y la corrupción.
Colombia mejoró su posición en el índice de corrupción frente a otros años, sin embargo sigue siendo uno de los países más corruptos de la región, ocupando un preocupante puesto 87 en el índice mundial. La realidad contrasta con los titulares maquillados: estamos en el top 3 de América Latina, superados por Venezuela, a 7 puntos de África Subsahariana, que tuvo el peor desempeño del listado. La falta de transparencia impide que avancemos en la lucha contra este flagelo.
Es cierto que la situación de áfrica es aún más escandalosa que Colombia, pero puede resultar ser un espejo o una revelación; tanto África como Colombia, marcadas por un pasado colonial y una profunda desigualdad, comparten un presente plagado de corrupción. En ambos continentes, África y América del sur, los recursos naturales y el poder político se concentran en manos de unos pocos, a expensas de las mayorías, frenando el desarrollo y despertando la enorme desconfianza que existe y es cada vez más latente hacia las instituciones.
“Es un vicio preocupante en nuestra vida pública que se ha salido de control”, afirma Lucius Iwejuru, Presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. Vicio que se manifiesta de manera similar en los territorios en cuestión. El gobernador del estado de Borno en 2020 tras una indagación halló 22.556 “trabajadores fantasma” en la nómina del gobierno.
Los políticos y funcionarios nigerianos cobraban pensiones de trabajadores fallecidos e inscribían emigrantes como votantes y, a cambio de su voto, se les incluía en la nómina. ¿Le suena similar esta historia? ¿no se parece acaso a los cambios que existen en las OPS de las alcaldías colombianas cada que hay elecciones de cualquier tipo en las ciudades?
La manipulación de registros electorales y la financiación irregular de campañas, como las presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro o el gasto millonario en publicidad de la Alcaldía de Barranquilla, son prácticas que socavan la democracia y el Estado de derecho. A pesar de los avances logrados en Colombia, la persistencia de estos hechos evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, endurecer las penas y garantizar la independencia de las instituciones. Es inaceptable que quienes buscan el poder político estén por encima de la ley. La corrupción no es un mal menor, sino un enemigo de la sociedad que debe ser combatido con determinación.
No perdamos de vista que no solo es un problema ético, sino también económico y social. Colombia debe mirarse claramente en el espejo, mientras, la sociedad civil, debe ejercer su derecho a la veeduría ciudadana, los medios actuar con transparencia y el Estado invertir justamente en educación de calidad y en fortalecer las herramientas de rendición de cuentas; todos pilares fundamentales para construir un sistema político más justo, equitativo, y consciente de la inversión a futuro.
