Para el presidente Juan Manuel Santos la mermelada llegó para quedarse y para fortalecer la dieta de los “mal alimentados” congresistas de Colombia. Es como un multivitamínico en nuestra democracia, que potencia el desarrollo, y la repartición del presupuesto nacional en las regiones más pobres del país.
A este “viagra” democrático lo han cambiado de nombre de acuerdo al laboratorio político que lo produce. Se ha llamado auxilios regionales, fondos de cofinanciación, cupos indicativos. Más allá del nombre, lo realmente importante es la receta, utilizada según sus creadores, para aliviar la falta de presencia estatal a través de carreteras y obras de infraestructura.
Los que denunciaron la mermelada, están más empalagados, que los nuevos consumidores. Esta conserva azucarada ayuda a que los habitantes de zonas deprimidas puedan tragarse más fácilmente las situaciones que a diario tienen que vivir producto de la politiquería, la ausencia gubernamental, el desempleo y el subdesarrollo generado por la corrupción.
Aunque se sabe que la mermelada oficial puede causar daños tan graves, como los producidos por el azúcar en el organismo humano, se justifica como un mal necesario, en donde toca correr el riesgo de que unos congresistas se engorden más de la cuenta, pero al final ese será el costo que debemos asumir los colombianos para que las obras lleguen a los que nunca han visto la mano del Estado.
Santos tiene razón: la mermelada no tiene nada de malo, más aun cuando la promueven en las potencias que son nuestro modelo a seguir (para algunos), como Inglaterra y Estados Unidos. El problema es lo que se desata después de repartirla y consumirla indiscriminadamente.
Los congresistas que la reciben, no es que se distingan por conservar la “línea recta”, ni por ser amigos de la “dieta presupuestal”. De acuerdo a los informes periodísticos, la mermelada de dineros públicos para los miembros de la Unidad Nacional, alcanza los 3 billones de pesos. Si los colombianos tuviéramos la seguridad de que los recursos que llegan a las regiones pobres, van a beneficiar sólo a los ciudadanos con las obras, no habría porque hacer alharaca.
Pero, como conocemos la capacidad de gestión de nuestros políticos, para sacarle tajada o beneficios particulares a estas partidas, las cosas cambian. Por obvias razones, el recibir el cupo indicativo, le da al congresista, además de un potencial electoral, la influencia necesaria para intervenir en el proceso de contratación de las obras, a través de terceros, que sabrán recompensar al dirigente por los favores recibidos.
Es por eso que la mermelada comienza a causar indigestión en Colombia. Al ver cómo algunos candidatos al Congreso la capitalizaron en miles de votos el pasado 9 de Marzo (http://www.las2orillas.co/el-efecto-mermelada-en-los-votos-de-los-20-congresistas-que-mas-plata-recibieron/).
Si en Colombia no existieran los carruseles y carteles de la contratación, las alianzas de políticos y contratistas para apoderarse de comisiones (CVY), la utilización de dineros del Estado para fines políticos, quizás muchos le creeríamos al presidente Santos sobre lo inofensivas y altruistas que resultan estas ayudas. La gobernabilidad nos está saliendo cara.
