A pesar de la consagración constitucional de la meritocracia y de la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público —que se constituye en una obligación de los gobernantes en toda la estructura del Estado—, estas son una utopía.
El clientelismo ha permeado cada espacio gubernamental y la clase política en ejercicio del poder (no se escapa ni la izquierda) toma cada empleo público como un botín a repartir, ya que considera que el hecho de ganar unas elecciones la hace propietaria de todos los empleos de su competencia.
Lo recientemente sucedido con la elección de los magistrados del nuevo consejo disciplinario es sorprendente, especialmente por el nombramiento de Juan Carlos Granados —sub júdice excontralor de Bogotá y exgobernador de Boyacá—, quien, a pesar de tener varios cuestionamientos, se postuló y fue nombrado por el presidente Duque. Parece que pesaron más las influencias que las controversias éticas.
De otra parte, la elección del registrador fue igualmente patética. La designación de Alexander Vega, hecha también por el presidente, ha estado rodeada de un manto de duda. Además, desde su posesión, su gestión ha sido polémica y enredada con el clientelismo. La estructura del personal de esta entidad está conformada por provisionales y contratistas; es decir, que el mérito y la carrera no funcionan, con el agravante de que estos mismos servidores prestan sus servicios al Consejo Nacional Electoral.
Para rematar, con el proyecto de nuevo código electoral, los registradores territoriales pasarían de ser de carrera a de libre nombramiento y remoción. Y efectivamente así estarían actuando con las nuevas investiduras, que dan la impresión de obedecer a repartos clientelistas con la clase política del Congreso.
Ni siquiera Claudia López, alcaldesa de Bogotá, pudo cumplir la promesa de la meritocracia y poner fin a las practicas clientelistas de los gobernantes de turno...
Así los altos cargos del Estado, en las distintas ramas del poder público, son designados bajo la lógica del clientelismo, violando la meritocracia constitucional y la igualdad de oportunidades.
Al pueblo solo le queda la oportunidad de un cargo de carrera administrativa, a pesar de las trabas que le han puesto sus enemigos, porque la otra figura que hace parte del personal de las plantas del Estado, los famosos contratos de prestación de servicios, también obedecen su vinculación a lógicas clientelistas.
Mientras la meritocracia no sea una realidad, la democracia será solo un disfraz.
