Después de una inspección en junio de 2016, la Corporación Autónoma de Santander (CAS), una de las autoridades ambientales del departamento de Santander, en el nororiente de Colombia, se dio cuenta que desde la extractora de aceite de palma Oro Rojo seguían saliendo residuos tóxicos hacia el Caño 41, uno de los afluentes que nutre a la quebrada La Gómez, que a su vez llega a la ciénaga de Paredes, en la cuenca media del río Magdalena.
No era la primera vez que lo evidenciaba. De hecho, esa misma entidad ya había abierto una investigación dos años atrás en contra de la empresa por la misma situación. Sin embargo, la entidad señaló que aunque el incumplimiento de Oro Rojo, y de otras compañías sobre las que indagó, “ameritaría una suspensión” de las plantas, no iba a imponer esa sanción porque “socialmente es muy difícil suspenderlas, pues hay aproximadamente 20.000 personas trabajando y la comunidad vive de este trabajo”, dijo la entonces directora de la CAS, Flor María Rangel, en una noticia de la corporación.
Oro Rojo es una empresa dedicada a la extracción de aceite de palma desde 2013 y a la que la CAS le otorgó en su momento tres permisos ambientales, de los cuales dos de ellos —vertimiento de aguas residuales y concesión de aguas— están actualmente bajo investigación; mientras que el de emisiones atmosféricas ya obtuvo una sanción, según le explicó a Mongabay Latam Diana Triana, funcionaria de subdirección de Autoridad Ambiental de la CAS.
Esa sanción fue por más de 27.000 dólares, pero aún no hay una resolución por la presunta contaminación de afluentes de la ciénaga de Paredes que han denunciado los pobladores locales. La ciénaga es hogar del manatí antillano (Trichechus Manatus), una especie en peligro Crítico en el país, y de la que se han reportado varios animales muertos en los últimos años sin que los científicos sepan muy bien por qué. Un estudio que está por publicarse señala que las aguas de Paredes están cada vez más contaminadas.
Así se veía la planta de la extractora Oro Rojo en 2012, un año antes de que obtuviera los permisos ambientales. Foto: Francisco Toro / Fedepalma / Repositorio CIDPalmero.
Sin embargo, nada de esto ha parado totalmente las operaciones de una de las empresas que le presta servicios al gigante Indupalma, pionero en la industria palmera colombiana y hoy en liquidación.
Mongabay Latam construyó una base de datos con 231 casos que reúne las multas y sanciones que acompañan como una sombra a 147 empresas y personas vinculadas al negocio de la palma en cuatro de los principales países productores en la región —Colombia, Honduras, Guatemala y Ecuador—. La mayoría de las compañías investigadas operan en Colombia y entre las que figuran con más casos están Indupalma y Oro Rojo, con 11 y 4 procesos. La mayoría de las investigaciones están abiertas desde hace varios años sin que hayan finalizado los procesos y, en otra gran parte de los casos, las autoridades ambientales a las que se le requirió la información no precisaron detalles como el estado actual de las indagaciones ni los montos de las sanciones económicas que aplicaron.
Esta información se obtuvo de 45 peticiones de información que la Alianza periodística Tras las huellas de la palma elevó a todas las corporaciones autónomas regionales del país, que son las autoridades ambientales encargadas de investigar y sancionar las irregularidades de las palmicultoras. Se pidió información para el periodo entre 2010 y 2020 y se obtuvieron 29 respuestas.
Estos son algunos de los datos y cifras más relevantes sobre los 176 casos de Colombia registrados entre 2010 y 2020:
Para entender todo lo que ha pasado con la extractora de aceite palma, es necesario conocer sus orígenes. Aunque Oro Rojo no pertenece a Indupalma, sí era uno de los tantos negocios que administraba. Además, en su momento tuvo una importancia vital: ser la segunda planta de procesamiento de aceite de palma en la subregión del Magdalena Medio, el corazón de las operaciones de Indupalma desde 1961.
Ambas empresas pertenecen al grupo Gutt-Haime, un emporio industrial colombiano dirigido actualmente por los empresarios Daniel Haime Gutt y Moris Finvarb Haime. El grupo se dedica principalmente a la producción de grasas, aceites comestibles, jabones y detergentes; y opera en Colombia y Ecuador con marcas como Grasco o Danec.
El interés de muchos empresarios de la palma en Colombia no es extraño pues el país es, de lejos, el principal productor de aceite de palma de Latinoamérica y el cuarto del mundo, según cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Dentro del país, Santander es una región clave pues es el segundo departamento con mayor producción en el país, al generar el 19 % de las 1,6 millones de toneladas de aceite de Colombia. Esta industria es tan rentable que incluso en el 2020, en plena crisis de la pandemia de COVID-19, incrementó sus exportaciones en un 9,6 % respecto al 2019, teniendo ventas por un valor de 350 millones de dólares, según cifras de Procolombia. El Ministerio de Agricultura explica que los mayores compradores fueron Países Bajos, España y Brasil.
Así, la extractora Oro Rojo nació siendo importante para el conglomerado Gutt-Haime y para el país porque permitiría aumentar la producción de aceite de palma, fundamental para la mayoría de los productos que fabrica el grupo industrial. Y en efecto, la producción se disparó. Justo un año después de que la extractora tuviera los permisos para operar, el municipio donde se ubica —Sabana de Torres, Santander— se convirtió en el segundo mayor productor de aceite de palma crudo en el país, pasando de una producción de 41 000 toneladas en 2013 a más de 72 000 en 2014.
Esta es una de las plantaciones de palma que tenía la empresa Indupalma. Foto: Tomada del Twitter de Indupalma.
El entonces gerente de Indupalma y quien luego fue ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, sostuvo que esta iba a ser “una de las plantas extractoras de palma de aceite más modernas de Latinoamérica”. Sin embargo, menos de un año después de comenzar sus operaciones, ya tenía una investigación abierta por un incumplimiento ambiental.
El escándalo mediático de las aguas contaminadas de Oro Rojo
James Murillo, director ejecutivo de la organización ambiental Cabildo Verde, cree que fue por la presión de los medios, y no por la actuación de la CAS, que comenzó la primera investigación contra Oro Rojo. La extractora llevaba poco menos de un año con el permiso de vertimiento de aguas residuales —otorgado el 3 de abril de 2013—, cuando los habitantes del corregimiento La Gómez, zona rural de Sabana de Torres, comenzaron a notar que algunas de las vacas que tenían se morían de diarrea, que sus perros también estaban falleciendo y que algunas personas presentaban brotes en la piel, acompañados de vómito y fiebre.
“El agua residual que salía de la extracción del aceite la depositaban en grandes lagos artificiales y cuando se llenaban, los descargaban inescrupulosamente en el Caño 41 que vierte a la quebrada La Gómez. Las descargas las hacían sobre todo cuando llovía, pero igual la gente se daba cuenta porque el agua se ponía oscura y olía feo”, asegura Murillo.
Murillo recuerda que denunciaron esto varias veces ante la CAS. “Pero ellos llegaban una semana, 15 días y hasta tres meses después, cuando ya el caudal se había llevado el agua contaminada y no encontraban nada”, sostiene.
Diana Triana, funcionaria de la autoridad ambiental, dice que ellos reciben las quejas pero tienen un gran volumen de trabajo ya que atienden a 74 municipios. “Hemos tratado de estar allá y hemos hecho todas las pruebas que están dentro de nuestra capacidad”, explica.
Ante el retraso, Cabildo Verde optó por quejarse públicamente y, en febrero de 2014, medios nacionales como Noticias Uno y El Tiempo o el local Vanguardia reportaron que, además de los daños a la salud de las personas, decenas de manatíes antillanos (Trichechus manatus) estaban en riesgo de morir.
La CAS respondió con una visita entre febrero y marzo de ese mismo año. “Se pudo observar un afluente de aguas lodosas que estaban siendo vertidas al caño que va a La Gómez, confirmando la falencia del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales de la empresa Oro Rojo”, le dijo en su momento a Vanguardia Elkin René Briceño, el subdirector de gestión ambiental de la CAS.
Esto dio pie para que, el 5 de marzo de 2014, la autoridad ambiental abriera la primera investigación administrativa contra la extractora de aceite de palma y ordenara una medida preventiva: suspender todos los vertimientos de Oro Rojo sobre el Caño 41 hasta que encontraran otras alternativas para deshacerse de los sedimentos. Sin embargo, ya sin la exposición de los medios, el proceso no avanzó mucho.
El asunto se puso peor cuando, entre mayo y junio de 2016, la CAS hizo indagaciones en las siete extractoras del departamento y encontró que todas incumplían normativas ambientales, como operar con permisos de emisiones atmosféricas vencidos o no realizar el debido tratamiento a las aguas residuales, ocasionando el vertimiento de líquidos contaminantes al suelo y a fuentes hídricas.
En Oro Rojo, la autoridad ambiental halló que, una vez más, las aguas sucias de la extractora terminaban en los cuerpos de agua pero no suspendió sus actividades pues, según la directora de la entidad para la época, Flor María Rangel, era una decisión “socialmente” difícil debido a la cantidad de empleos que daban.
Diana Triana comenta que sí hubo investigaciones “en los casos que se vieron necesarios”. Oro Rojo no fue uno de ellos porque, según dice, “ya tenían investigación y estaban con el permiso de vertimientos suspendido cuando se hizo la jornada de 2016”.
Ante las preguntas ¿por qué seguían haciendo vertimientos si su permiso estaba suspendido? y ¿qué hizo la CAS al respecto?, Triana indicó que lo ocurrido fue “una contingencia”. “Ellos indicaron que habían cerrado el biodigestor, tuvieron una descarga de aguas lluvias y eso ocasionó un arrastre de aguas internas hacia el canal de desagüe. Pero sí registraron la contingencia que tuvieron y, obviamente, en el marco de una contingencia no se les juzga de la misma manera”, señala.
Han pasado cinco años y la CAS no ha acusado formalmente a Oro Rojo por el descargue de aguas contaminadas al Caño 41. Por eso no ha habido sanciones como multas ni suspensión de operaciones. Sin embargo, Triana defiende la gestión de la autoridad ambiental y dice que el caso sí ha avanzado porque en 2020 hicieron otra visita, se realizó un nuevo concepto técnico donde se indicó que se formularían cargos y se hicieron “otras observaciones de incumplimiento que generarían una investigación adicional por otros cargos”. La funcionaria aseguró que no podía darle copia del proceso a este medio porque aún no es oficial.
La Alianza periodística Tras las huellas de la palma buscó insistentemente a Oro Rojo vía telefónica y por correo electrónico para contrastar toda esta información. También hablamos telefónicamente con su administrador financiero, Jorge Castillo, quien nos solicitó el requerimiento por escrito. Sin embargo, hasta la fecha de publicación ni él ni la empresa han respondido.
Mientras tanto, la extractora de aceite de palma sigue funcionando gracias a una salida que encontraron para hacerlo: contratar a una empresa para que fuera ella la que se encargara de desechar las aguas contaminadas. “Cuando nosotros hicimos la suspensión de vertimientos en 2014, Oro Rojo le empezó a entregar sus aguas a terceros”, dice Triana.
Esos “terceros” que menciona la funcionaria de la CAS Triana hacen referencia a la empresa Soluxionar. El problema es que la organización ambiental Cabildo Verde también la ha responsabilizado de contaminar las aguas.
Soluxionar: ¿el problema cambia de manos?
En marzo de 2013, Soluxionar le pidió una licencia ambiental a la CAS para “servicios ambientales especializados”, que incluían desde el transporte de aceites, aguas aceitosas y ACPM contaminados, hasta la manera de deshacerse de ellos. Inicialmente, la empresa solicitó un permiso para verter las aguas a la quebrada Mojahuevos, otro afluente de la quebrada La Gómez. Pero en enero de 2014 cambió la solicitud explicando que el vertimiento lo haría “en el suelo por medio de riego por nebulización en el agro cultivo”, según consta en la resolución de la licencia ambiental. En otras palabras, transportarían el agua contaminada a los cultivos para luego evaporar la mayor parte.
Esta es el área de la cuenca abastecedora de la ciénaga de Paredes. Lo que está resaltado en azul es el espejo de agua donde confluyen todas las corrientes hídricas.
Aun así, ha habido denuncias contra Soluxionar por contaminación de aguas, como la publicada por el periódico El Tiempo en mayo de 2015. El entonces gerente de la compañía, José Arias, le dijo al medio colombiano que la contaminación ocurrió por un “rebosamiento en la máquina de tratamiento” en medio de un fuerte aguacero que ocurrió en la temporada de lluvias.
El 24 de abril de 2020, Cabildo Verde le mandó una queja a la CAS en la que demuestra con fotografías cómo quedó la quebrada Mojahuevos después de un presunto mal manejo de los vertimientos de Soluxionar. Allí, Cabildo Verde reitera que cuando empieza la temporada de lluvias, los funcionarios de Soluxionar “aprovechan para descargar las piscinas sin tratamiento al medio ambiente y estás caen directamente a la quebrada Mojahuevos”.
Sin embargo, la CAS sostiene que no han comprobado que algo así haya ocurrido. “Hemos hecho varias visitas por las quejas que se han presentado en contra de Soluxionar en los últimos años y no hemos encontrado que hagan vertimientos”, dijo Triana. Por su parte, James Murillo de Cabildo Verde atribuye esa falta de hallazgos a que la CAS tarda semanas o, incluso meses, para realizar una inspección después de que reciben una queja.
La Alianza periodística Tras las huellas de la palma contactó a Karine Gómez, jefe ambiental y de HSEQ de Soluxionar, para pedir la versión de la compañía pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Manatíes afectados en la ciénaga de Paredes
Además de los olores fétidos, las aguas contaminadas que caen a la quebrada La Gómez —afluente de la ciénaga de Paredes— son uno de los tantos factores que terminan por afectar a este complejo de humedales y a uno de sus habitantes más representativos: el manatí antillano, según datos del Proyecto Vida Silvestre, un programa de conservación de biodiversidad a escala de paisaje.
En 2014, un grupo de científicos estudió la calidad del agua en los sitios preferidos por los manatíes para alimentarse y reproducirse en la ciénaga Paredes. Encontraron que la peor agua era la que venía de la quebrada La Gómez. La investigación reveló que el índice fisicoquímico estaba dentro de los valores normales al catalogarse como aceptable, pero que el índice biológico —usualmente medido gracias a especies que funcionan como bioindicadores— era muy crítico. Muchas de estas especies habían disminuido o ya no estaban presentes en el agua.
“Esto no se debe a una sola industria. Yo sé que los cultivos de palma son supremamente grandes alrededor de la ciénaga de Paredes, pero también hay que tener en cuenta que hay minería, ganadería con sus agroquímicos y agricultura con sus pesticidas y metales pesados. Todos aportan”, señala Katherine Arévalo, bióloga que participó en la investigación.
Más allá de cuáles son las causas, lo que realmente le preocupa al grupo de científicos son las consecuencias. Un nuevo estudio de este año, y que todavía no ha sido publicado, demuestra que hay un alto índice de muertes de manatíes en la ciénaga de Paredes: entre 2010 y 2021 han encontrado siete animales muertos, un número excesivo teniendo en cuenta que en la zona solo han podido contar 28 manatíes. La bióloga agrega que las últimas necropsias muestran que hay algo que afecta la salud de la población de manatíes, pero todavía no saben qué es.
Las alarmas están prendidas porque estos grandes mamíferos acuáticos son una especie sombrilla, por lo que al protegerlas se garantiza la conservación de otras especies de flora y fauna, como las nutrias de río (Lontra longicaudis). Además, la bióloga Arévalo explica que los manatíes también son una especie centinela, es decir, aquella que tiene una relación tan estrecha con el ecosistema en el que vive, que su salud refleja lo que pasa a su alrededor.
cómo queda después de alguna descarga. Foto: Cabildo Verde.
Los nuevos resultados del estudio que está por publicarse sobre la quebrada La Gómez, uno de los afluentes más importantes de la ciénaga de Paredes, demuestran que cada vez está más contaminada. Encontraron exceso de elementos químicos como bario, cobre y níquel.
Por eso, Arévalo insiste en que se necesita un trabajo conjunto con todas las industrias de la zona y que las autoridades ambientales tengan un poder de vigilancia lo suficientemente fuerte para hacer cumplir las normativas.
Casos como el de Oro Rojo demuestran que las investigaciones tardan y que muchas veces no son efectivas para frenar el avance del impacto ambiental.
Así van las otras investigaciones contra Oro Rojo
De los tres procesos que tiene la extractora Oro Rojo, el único que llegó hasta la última instancia fue el de los gases que emite la caldera que convierte el agua en vapor, según la información que la CAS le envió a la Alianza periodística Tras las huellas de la palma. Al quemar la fibra de la palma y la cascarilla del fruto que le sirven como combustible, la caldera produce una ceniza que puede contaminar el aire. El plan de la extractora era centrifugar la ceniza, enviarla a un gran tanque y luego guardarla en un contenedor.
Luego de extraer el aceite de la nuez del fruto, quedan restos de la fibra de la palma y de la cascarilla que a veces se utilizan como combustible para la caldera. Foto: Ministerio de Agricultura de Colombia.
En el permiso de emisiones atmosféricas que la CAS le dio a Oro Rojo en marzo de 2013, le exigió un seguimiento para “identificar posibles afectaciones o contaminaciones”. La empresa tenía que entregar dos informes anuales, con base en unos muestreos que permitan medir la cantidad de partículas emitidas: uno en enero y febrero, durante el pico alto de la cosecha de palma; y otro en septiembre y octubre, en el pico bajo.
Pero Oro Rojo no cumplió. Tras una visita a la planta entre el 21 y el 23 de abril de 2016, la CAS evidenció que la extractora llevaba al menos 14 meses operando sin el permiso vigente y que solo había entregado dos informes en 2013 y uno en 2014. No informó de sus muestreos en 2015 ni en 2016. Además, dos de los informes que sí envió no se hicieron en las fechas estipuladas y en todos se sobrepasaron los niveles de emisiones permitidos, según el documento que publicó la CAS al respecto. Otro de los hallazgos fue que el contenedor donde se guardaba la ceniza no tenía un monitor “con datos de su volumen, manejo ni sitio de disposición final”. No había manera de saber cuánta ceniza estaba emitiendo Oro Rojo.
Como consecuencia de todos esos hallazgos, la CAS comenzó una investigación el 1 de septiembre de 2016 y ordenó la suspensión de la caldera. Menos de un año después, se formularon los cargos contra la planta y, el 1 de enero de 2019, la autoridad ambiental declaró responsable a Oro Rojo por incumplimiento del permiso de emisiones atmosféricas. El 10 de agosto de 2020 la CAS multó a la extractora con 106 millones de pesos (cerca de 27 400 dólares) y, según Triana, “ya subsanaron el incumplimiento porque de nuevo tienen permiso de emisiones atmosféricas”.
Pero otra investigación sigue en curso y es la que menos ha avanzado. El 3 de abril de 2013, la autoridad ambiental le dio un permiso a la extractora por concesión de aguas, que le permitía tomar 15 litros por segundo de las aguas subterráneas para utilizarlas como insumo base de la caldera. A cambio, la CAS le exigía crear una red con piezómetros —instrumentos que monitorean el nivel del agua— y presentar los reportes de este sistema. También debía hacer un estudio para “predecir la afectación del acuífero durante 20 años”.
Pero los años pasaron y la empresa no presentó los estudios, como señaló la CAS en un documento de 2015 con el que abrió una investigación por este caso. Lo más grave es que, desde entonces, no ha pasado mucho. En respuesta a una solicitud formal que la Alianza periodística Tras las huellas de la palma le hizo a la CAS, la corporación indicó que el proceso está en trámite y mencionó que el paso a seguir es la formulación de cargos contra Oro Rojo. Sin embargo, no dijo cuándo lo hará.
A pesar de que las primeras denuncias contra la extractora se realizaron hace más de siete años, dos investigaciones aún permanecen abiertas. La CAS no da mayor información sobre los procesos y Oro Rojo mantiene su planta funcionando a
Oro Rojo ya tuvo que pagar más de 100 millones de pesos contaminar los ríos de la ciénaga de Paredes y con otras dos investigaciones encima sigue funcionando como si nada.
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*La Alianza periodística Tras las huellas de la palma contactó en múltiples ocasiones a Oro Rojo y Soluxionar, pero a la fecha de publicación ninguna de estas empresas respondió la solicitud.
*Artículo publicado inicialmente el 9 de noviembre de 2021 en Mongabay Latam con el título Oro Rojo: la extractora colombiana de aceite de palma que opera en medio de investigaciones.
