Nicolás, el hijo del presidente, aparece involucrado en presuntos hechos delictuales que han dado pie a una precipitada y mediática captura ordenada por el actual fiscal Francisco Barbosa, empeñado en debilitar y derrocar al actual jefe de la Casa de Nariño que encabeza un proyecto antineoliberal y popular con prioridad en la paz, la defensa de la tierra y los derechos humanos fundamentales de los colombianos.
El presidente ha expresado su pesadumbre frente al encarte de su hijo, como es apenas natural en la vida familiar. La acción del fiscal ha capitalizado para sus fines politiqueros golpistas la adversidad judicial de Nicolás Petro, recomponiendo el denominado “golpe blando”, prioritario en la agenda del bloque reaccionario que tiene como eje el uribismo empeñado en destruir a como dé lugar el proyecto transformador del gobierno del Pacto Histórico.
La espectacularidad y el despliegue mediático del apresamiento de Nicolás da la medida de los propósitos politiqueros de la acción, sin justificación por no existir en el afectado antecedentes penales, de este fiscal de bolsillo del expresidente Iván Duque.
Para medir la mala intención y el filo de la conspiración, basta con hacer el contraste del procedimiento judicial citado con situaciones criminales más graves como la reciente del robo petrolero en el que están involucrados poderosos integrantes de las castas del poder (con aroma de uribismo) y las roscas burocráticas de Ecopetrol; a los involucrados en esta operación delictual con un saqueo billonario a la Estado, no obstante estar identificados por la policía, se les ha dejado libre para que puedan seguir en sus procedimientos criminales comprando fiscales, sobornando jueces, alterando pruebas y organizando planes de escape.
Así ocurre, igualmente, con el caso de Odebrecht que involucra al excandidato del Centro democrático de Uribe, Oscar Iván Zuluaga, a su hijo y a Iván Duque, que va derechito a quedar en la impunidad porque los acusados siguen en libertad maniobrando para entrabar y entorpecer las acciones judiciales.
O el caso del ex presidente Uribe Vélez con varios procesos en la Fiscalía estancados y bloqueados por los mismos fiscales de la cuerda ultraderechista. O el caso de los hijos de Uribe Vélez con un gran número de encartes judiciales pero blindados por el poder de su progenitor, quien los traslado a Brasil para ponerlos a salvo de cualquier contingencia judicial. O los cientos de casos de corrupción, especialmente en las regiones –ver Santander, Quindío, Meta etc.- trancados en la Corte Suprema de Justicia porque los delegados de la Fiscalía disfrutan el soborno millonario de las mafias, solo para que impidan cualquier resultado desfavorable a los implicados: exgobernador@s, exalcaldes y demás altos funcionarios enchufados al bandidaje.
Con la captura de Nicolás Petro lo único cierto es que hay un contra golpe “blando” o la reestructuración del “golpe blando” que viene gravitando desde meses atrás contra el gobierno nacional en el que están involucrados fuerzas muy oscuras de la ultraderecha de los Estados Unidos –Dea, Cía., fiscales, jueces fascistas, políticos racistas etc.- y de Colombia empeñadas en poner fin a la acción transformadora democrática del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, se estrellan con la voluntad, la convicción y la fuerza del presidente, quien avanza en los procesos de reforma social y en la paz, pero que requiere el acompañamiento de todo el movimiento social y de las fuerzas políticas concernidas en el Pacto Histórico.
Lo único cierto es que esta tramoya reaccionaria solo se puede vencer con la intervención organizada de la multitud. Con la movilización social y popular en todos los campos: en la plaza pública, en las carreteras, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el trabajo perseverante, comprometido de todos los líderes del Pacto Histórico y en la vigilancia de las guardias campesinas e indígenas.
También en el trabajo juicioso y transparente de los funcionarios públicos: ministros, jefes de entidades nacionales y territoriales.
