“La mayoría de los hombres emplean la mitad de su vida en hacer miserable la otra".
Realmente impacta en la base de la sociedad la desvergüenza de ciertos funcionarios públicos, pretendiendo manipular con descaro y cinismo el resultado de un ejercicio, pilar de la democracia y propio del poder legislativo, actuando como ogros carniceros amenazantes, ante quienes se oponen a sus denodados caprichos para otorgar a las Farc las discutidas curules en el Senado. La mayoría de parlamentarios son los mismos que en su momento fueron lisonjeados, sin importar que se arriesgara la institución democrática y se ofendiera a la sociedad, al pretender comprar por gracia del poder transitorio, un esperpento jurídico-legislativo, exponiendo la integridad de la nación a los desafueros irracionales de confesados personajes sin consideración.
Estos antivalores éticos afloran públicamente en la conducta del gobernante y su séquito de aduladores, a quienes el pueblo en una pésima actuación, les otorgó poderes transitorios para dirigirlo, engrandeciéndose, para dar relevancia a los resultados y a la práctica de la corrupción, las represalias y la inseguridad jurídica, beneficiando los haberes personales de diligentes y displicentes tramposos, unos instalados en el gobierno, y otros deseosos de participar, y de aquellos favorecidos de la repartija de mermelada a cambio de quiméricos registros democráticos.
En el orden de presentación de sucesos, y trascendentales discursos discriminatorios y excluyentes de opositores o culto impugnador de groseros actos administrativos, se ha pasado de un normal y recurrido procedimiento votante, a deslegitimarlo, porque su resultado no fue el esperado, pretendiendo desconocerlo y dar por cierta la argucia falsa. Si vuelven a preguntar por la mayoría absoluta, que decide en una corporación democrática, es simplemente la mitad más uno de los integrantes del cuerpo colegiado, no de los asistentes. Diferente los otros conceptos de mayoría relativa o mayoría calificada, no aplicada en este caso por expresa disposición anterior.
Pero, el comunismo internacional, en su intento de atragantarse a la democracia y vomitar un país plagado de execrables parásitos burgueses, engordados con migas de la emergente reinserción social, empieza a querer construir desordenadamente una nueva estructura social, apuntalada por el lenguaje de la desfachatez, la inmoralidad o la desvergüenza y se inventa a su favor todo tipo de coartadas y salvedades.
No son buenos perdedores los que con la izquierda se santiguan, no son respetuosos ni honran los acuerdos sociales y en ese afán de querer hacer parte del ordenamiento legal, atropellan los reglamentos y las mismas leyes, por encima de la aceptación y acatamiento a la voluntad popular y a la legalidad de los legisladores en su actuación funcional. Solo es válido en la democracia, la conclusión surgida del debate argumentativo y razonado, contra la pretendida imposición del gobernante, que irrespeta el principio demócrata de separación de poderes del Estado, propuesto para que se ejerza el debido control y contrapeso decisorio.
Ahora, la ley es la base que da razón, y va más allá de la interpretación que se le pueda dar, si se objetiva que el abuso del derecho se da ciertamente, desde la misma práctica del derecho, cuando se hace con la intención de dañar a otros y ser indulgentes con la inmoralidad y la corrupción, escenario real del comportamiento del Estado y sus congresistas.
Efectivamente, la ley ha concedido el ejercicio de ciertos derechos a los gobernantes elegidos y a los funcionarios nombrados para mantener ese ordenamiento jurídico, social y político del Estado, reconocido como un fin justo y útil a través de un medio aceptado e impuesto por las mismas gentes, pero cabe hacer la afirmación que realmente ese ejercicio de gobernabilidad ha traspasado los límites de la buena fe, favoreciendo la corrupción como consecuencia inmediata, que trastoca el justo y normal desempeño social y avoca por implementar un esquema de comportamiento alejado de las normas conductuales y del establecimiento de la legalidad como principio fundante del Estado.
Si así se llega a determinar, bajo los parámetros de justicia, igualdad y equidad, las victimas deberían tener sus curules en el Congreso con el objetivo de promocionar desde allí la defensa y enaltecimiento de sus derechos, pero no, que se abuse y aproveche, para que sean los victimarios quienes reciban lo inmerecido, como contraprestación de su desfachatez sostenida por un ejercicio antidemocrático, autócrata y déspota.
