Peor que el ataque de la ultraderecha uribista y clerical contra los Acuerdos finales de paz está resultando la serie de trampas y zancadillas que el gobierno del señor Santos y su Consejero de paz, don Sergio Jaramillo, le hace a los acuerdos en materia agraria y de reforma rural integral.
No solo es el sabotaje a la dejación de las armas por parte de las Farc para impedir su rápida participación en la política democrática, es también el bloqueo a la organización de las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios. Igualmente, el turbio esquema del tratamiento de los cultivos de uso ilícito, en el que los militares y la policía quieren hacer prevalecer una erradicación violenta dejando en el aire miles de familias cocaleras pendientes de los programas de sustitución que poco avanzan debido a la paquidermia de la burocracia del posconflicto, plagada de expertos y eminencias grises de una inocultable calaña oportunista y trepadora, con pseudo doctorados de perfume, más interesados en echarse unos millones al bolsillo que en contribuir a superar las problemáticas de miles de campesinos obligados a cultivar coca ante la falta de alternativas económicas formales.
Los campesinos cocaleros y casi 13 millones de jornaleros pobres tendrán que acudir a nuevas jornadas de movilizaciones, plantones y bloqueos de vías, como las ocurridas recientemente en Tumaco, Argelia (Cauca), Catatumbo y Guaviare, para exigir prontas y efectivas soluciones. 36 millones de pesos como medida de sustitución es una burla a los cocaleros quienes demandan la Reforma Rural Integral, con soluciones completas a las problemáticas sociales de casi 2oo mil familias que dependen de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Que las protestas cocaleras se sumen a las grandes movilizaciones populares en curso por todo el país. Al Paro cívico del Choco, al de Buenaventura, a la huelga de los educadores, de los jueces y a las movilizaciones ciudadanas de Bogotá que exigen la revocatoria del inepto alcalde bolardo Peñalosa.
Fiel a su naturaleza trampera, Santos y sus peones en el sector agrario, despliegan toda clase de trapisondas para enmarañar la implementación de los acuerdos en materia rural y de democratización de la propiedad agraria.
Foros van, foros vienen, y el saldo neto es que se le quiere hacer trampa a los campesinos, supuestos beneficiarios de la terminación de la guerra y la construcción de la paz.
El proyecto de Ley o de decreto-ley agrario correspondiente está plagado de toda clase de artificios para refundir los fines primordiales del Acuerdo final agrario.
Fondo de tierras
La constitución del Fondo de tierras para la paz que tendría que disponer de una nueva infraestructura institucional, y entre sus bienes tres millones de hectáreas para ser distribuidas entre campesinos pobres y sin una gota de tierra, víctimas del conflicto armado y guerrilleros en tránsito a la lucha política democrática, en el proyecto de articulado dado a conocer por los señores Samper e Irragorri, no se establece con precisión dicho Fondo ni su financiamiento. Se dice que de los tres millones de hectáreas acordadas, 1.2 millones se tomarían de territorios localizados en los Parques Nacionales. Paso completamente absurdo ecológicamente. La propuesta cercena las Unidades Agrícolas Familiares y busca impulsar la economía capitalista agraria mediante la manipulación de los derechos de propiedad en beneficio de poderosos agentes económicos, diezmando el centro del Acuerdo que busca, mediante el reparto de tierras, la conformación de una masa campesina con derechos. Este proyecto, rechazado por la mayor parte de las organizaciones campesinas, afros e indígenas, no interpreta adecuadamente los consensos de La Habana.
La formalización de la propiedad rural
El segundo tema relacionado con la formalización de la propiedad que alcanza el 63% del total de los propietarios en el país, formalización tendría un costo aproximado de 42 billones de pesos, no se determina de dónde provendrán.
El proyecto santista más bien está orientado a poner las bases para la ejecución de la Ley Zidres que busca grandes inversiones financieras en el desarrollo de cultivos industriales y no a la protección, ampliación y fortalecimiento de la economía campesina que es lo que pretenden los Acuerdos de paz La Habana. Y se equivoca el señor Santos si piensa que se puede ganar la contienda en las elecciones de 2018 si no se pisa el acelerador para que los beneficios de los Acuerdos lleguen al campesinado.
La dotación de bienes públicos e infraestructuras modernas
El tercer ingrediente es el de entregar bienes públicos a las regiones más fuertemente azotadas por el conflicto tales como infraestructura de educación, salud, vías terciarias. Sobre este aspecto apenas se ha presentado un proyecto de Acto Legislativo que hace tránsito en el Congreso para trasladar cerca de 3 billones de pesos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema General de Regalías, para la construcción de vías terciarias, en perjuicio, obviamente del desarrollo de la ciencia.
El proyecto de decreto del gobierno, en vez de centrarse en cumplir los acuerdos de paz, trata de lograr por vía extraordinaria, simulando cumplir los acuerdos de paz, lo que vienen tratando de imponer los últimos gobiernos, incluido el actual, mediante diversos proyectos de ley no aprobados o leyes declaradas inconstitucionales, que consiste en echar abajo las normas vigentes que obstaculizan el acaparamiento especulativo de la tierra, exigiendo el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad y obstaculizando la acumulación de los baldíos titulados y las diversas formas de despojo de las tierras de los campesinos, indígenas y afros.
No obstante que el texto del Proyecto mantiene los artículos del capítulo sobre resguardos indígenas de la ley 160, suprime una norma esencial que está en el artículo 69, por fuera de ese capítulo:
No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas.
Esta norma, vigente desde la ley 30 de 1988, que ni siquiera el Estatuto Rural de Uribe se atrevió a tocar, bloqueo la práctica de adjudicar los territorios indígenas a particulares, con el pretexto de que no habían sido constituidos como resguardos. Pero, la polémica sobre la ley Zidres reveló que hay un interés renovado en derogar esa norma, ya que la misma se negó a referirse a otro territorio indígena.
Se ve cómo la derogatoria en bloque de la ley 160 de 1994 permite barrer con cuanto obstáculo han encontrado los acaparadores de tierras, especialmente de baldíos. Esto es peor cunado el proyecto vuelve trizas los fundamentos de la ley 200 de 1936, haciendo realidad el sueño de los despojadores de tierras de décadas, al derogar sus dos primeros artículos y para completar, estableciendo que además del título originario del Estado, puedan acreditar propiedad las meras transacciones entre particulares realizadas hasta 1974.
Un decreto ley debería dedicarse sólo a lo estrictamente dispuesto en los acuerdos de paz, como la organización del Fondo de tierras y no pretender incluir temas de debate nacional que deben tramitarse en leyes ordinarias, ni derogar en bloque la ley 160 de 1964.
Al leer el proyecto de decreto uno puede pensar que el uribismo no necesita de las tenebrosas habilidades de Fernando Londoño, porque ya hay otros en este gobierno destruyendo los Acuerdos de paz.
Pura y nítida maturranga a lo Chuky.
Que mugrera de tipos estos funcionarios corruptos que gerencian la paz.
Crece el escepticismo de la gente en la paz neoliberal santista. Que no se quejen después.
