Los datos sobre el número de gobernantes y funcionarios públicos destituidos por el procurador, y en la mayoría de los casos inhabilitados de once años para arriba es aterrador. En su primer período, destituyó a 828 alcaldes y 49 gobernadores, lo que equivaldría, según los cálculos de la revista Semana, que habría destituido cada semana cuatro alcaldes y cada mes a un gobernador. A esta cifra hay que sumarle 622 concejales, 22 congresistas, 18 diputados y miles de funcionarios públicos de distintos niveles. Solo algunos de los casos han sonado pero su acción ha sido de alto impacto en las regiones.
La mayoría han sido sanciondos por causas asociadas a la "ineficacia en la gestión" y no necesariamente a hechos de corrupción de participación en política. Según la misma revista en este momento la Procuraduría está investigando al 90% de los alcaldes y el 100% de los gobernadores en ejercicio. En términos prácticos, su poder es mucho más efectivo que el del Presidente Juan Manuel Santos, quien fue elegido por más de 9 millones de colombianos, mientras Ordóñez fue nombrado por los congresistas, con su precaria representación y uno de los sectores políticos más desprestigiados del país.
