De manera simplista y genérica, el presidente Iván Duque, el ministro de la Defensa y los altos oficiales de las Fuerzas Armadas afirman que el culpable de la masacre de los 9 jóvenes ocurrida en el municipio de Samaniego es el narcotráfico. Sin embargo, conocedores del fenómeno de la violencia se plantean otros enfoques que trascienden el esquematismo del gobierno.
Con el regreso del Centro Democrático al gobierno nacional y la destrucción de los acuerdos de paz, hay una propagación masiva del neoparamilitarismo en distintas regiones del país como la Sierra Nevada de Santa Marta (Pachencas y ACSNSM), los Montes de María, (Dique, Urabeños y Vecino), Barranquilla (Oficina del Caribe de los Giraldo), el sur del Cesar (Urabeños y Juancho Prada), Buenaventura y Chocó (Urabeños), Tumaco (Urabeños), los llanos (Héroes del Vichada y Bloque Meta), Cúcuta y Catatumbo (Rastrojos y Bloque Frontera), el Eje Cafetero (Urabeños/Cordillera), el Bajo Cauca Antioqueño (Caparrapos), el sur de Córdoba (Urabeños), La Guajira (Los Gonzales) y el Cauca (herederos del Bloque Calima).
En el caso de Nariño, hay bandas neoparamilitares que son aparatos armados de poderosos carteles de la droga que operan a sus anchas no obstante la masiva militarización de la región con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules (9200 unidades), que en Samaniego hace presencia con la Brigada 23, la cual es parte de la Tercera División del Ejército. Dispositivo militar organizado para ejecutar la “guerra contra las drogas” que promueve el gobierno nacional con el auspicio y financiación del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Trump, quien está retomando el Plan Colombia.
Esta guerra involucra a los militares en una erradicación forzosa violenta, la cual alimenta el conflicto sangriento y la corrupción, pues muchos de ellos se convierten en fichas y jefes de los carteles de la coca, llegando hasta pedir su retiro para incorporarse a las mafias del narcotráfico; donde transmiten sus destrezas bélicas en la conformación de bandas asesinas, como ocurrió en el pasado con las autodefensas cuando cientos de militares, incluidos altos oficiales, hicieron parte orgánica de los distintos bloques (esto de acuerdo con las sentencias de Justicia y Paz y los testimonios ante la JEP).
La cruda realidad es que el Ejército y la Policía no evitan que esta violencia siga azotando a Nariño. De hecho, en las recientes semanas, han sido asesinados 11 líderes del pueblo indígenas awá y le hicieron un atentado a un dirigente de ese pueblo, que afortunadamente salió ileso, en el casco urbano de Llorente, donde a los ojos de la fuerza pública operan los urabeños y carteles mexicanos.
Haber hecho trizas el acuerdo de paz en el tema de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilegal, tal como lo ha hecho el actual gobierno del señor Duque, ha propiciado un espeso caldo de cultivo que alimenta las masacres, la guerra y la corrupción de los militares.
Ciertamente en la región hace presencia uno de los principales actores del actual conflicto social y armado: el ELN, con el Frente de Guerra Sur Occidental, los Frentes Comuneros del Sur, Camilo Cienfuegos y la compañía Toño Obando. Igualmente, las Farc con sus núcleos en reconstrucción como la Nueva Marquetalia.
Sin embargo, todo indica que la masacre perpetrada tiene otras lógicas como lo señala Verdad Abierta al indicar que el regreso de las masacres (de las cuales se han dado cerca de 33 en lo corrido del año) en Cúcuta, Catatumbo, Cauca, Valle, Sur de Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Montes de María y Putumayo ocurre con el rebrote paramilitar que la destrucción de la paz está promoviendo.
La Oficina de los Derechos Humanos en Colombia ha dicho que en lo corrido del año han ocurrido 33 masacres en el territorio nacional. Al respecto se debe señalar que las masacres son una de las modalidades de violencia más usadas por los grupos neoparamilitares en el país; no se tipifican dentro de los instrumentos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y con frecuencia se denominan asesinatos colectivos o múltiples, lo cual se desprende de las definiciones sociológicas y de las interpretaciones normativas que se han hecho sobre ellas. No obstante, no solo están enmarcadas en la comisión de asesinatos; de hecho, una de sus principales características es la teatralización de la violencia. Por tanto, incluye la simultaneidad con otras modalidades y la intención manifiesta de exponer su intensidad en contextos de irrupción.
Durante la década de 1990, etapa expansiva del paramilitarismo, las grandes masacres marcaron la irrupción de este grupo armado en un territorio. Los paramilitares incorporaron decisivamente el recurso a la sevicia en sus acciones de violencia y con ello amplificaron su potencial de humillación y daño. Las masacres fueron usadas en los sitios considerados como de retaguardia de la guerrilla, donde los civiles eran acusados de componer la base social de este grupo armado y, por tanto, considerados por los paramilitares como objetivo militar, lo que es, a la luz del DIH, un desconocimiento obvio de la distinción fundamental entre combatiente y población civil.
Desde la perspectiva paramilitar, la comisión de la masacre tenía una pretensión aleccionadora, mediante la cual se buscaba evidenciar las consecuencias del supuesto apoyo a los grupos guerrilleros y por ello, las principales víctimas fueron civiles. El asesinato sistemático generó diversos efectos entre las víctimas, entre estos desestructurar las relaciones y los vínculos sociales, destruir la identidad y la cultura de una comunidad, que serviría para la imposición armada de los grupos paramilitares y, además, para que estos se instalaran en la cotidianidad de la gente. Por lo visto esta tecnología de la violencia está de regreso con el fascismo en el poder.
Como lo propone el exsenador Parmenio Cuellar y el exalcalde Harold de Montufar, hay que regresar por los senderos de la construcción de la paz en el territorio nariñense y sus localidades para evitar la masificación de las masacres.
