Hablar sobre el recrudecimiento de la crisis humanitaria en Colombia parece más un ejercicio de reedición de la historia que generación tras generación hemos repetido por más de cinco décadas; los jóvenes nacidos en tiempos cercanos identificamos en la guerra el referente que mejor traduce el contexto en que nos hemos formado. Los dramáticos hechos que con tristeza registramos en el diario vivir de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y del pueblo en general, son claras muestras del carácter profundamente criminal de un régimen que pretende negarnos hasta la vida misma.
La barbarie que se traduce en masacres como la ocurrida el pasado mes de mayo al sur del departamento de Nariño, los bombardeos, homicidios, señalamientos, torturas y desplazamientos masivos que obligaron a la constitución de un refugio humanitario en el Catatumbo; las detenciones arbitrarias e ilegales de campesinos miembros de la Marcha Patriótica en Putumayo; ametrallamientos indiscriminados sobre zonas ampliamente pobladas en el Meta, persecución a defensores de Derechos Humanos, los montajes y procedimientos judiciales irregulares sobre líderes y líderesas del Movimiento Social y Popular. El inveterado y recurrente uso excesivo de la fuerza, los hostigamientos, las amenazas, los homicidios selectivos y las desapariciones, lejos de poder ser considerados como actos aislados, obedecen a una práctica histórica del régimen colombiano, práctica en que mediante la implementación de la violencia Estatal se pretende imposibilitar el ejercicio legítimo del derecho a la organización y la lucha de millones de colombianos sometidos a la explotación y el desarraigo.
Es la misma criminalidad imperialista a la que responde el Estado colombiano, la que hoy desata un nuevo ataque contra el pueblo palestino en Gaza, mientras el régimen israelí pone en marcha la máquina de propaganda para intentar justificar ante el mundo su ataque contra indefensos. Escuchamos de manera repetitiva los argumentos sobre la seguridad nacional que justifican sus guerras, idénticos a los empleados por la clase dominante norteamericana cuando inició su aventura imperialista en Iraq y Afganistán.
En Colombia se levanta la clase política dirigente enredando con sus cantos alucinantes de la paz de preparación instantánea, mientras el ministro Pinzón alista la embestida diaria de las Fuerzas Militares y de Policía contra niños, jóvenes, mujeres y hombres desarmados. La negación de las causas del descontento social, la manipulación ideológica y la persecución política pretenden justificar lo injustificable: el uso de la violencia contra el pueblo. Las prácticas de guerra que se extienden a lo largo y ancho del país dejan a su paso la zozobra que el terrorismo de Estado siembra con sevicia y calculada sistematicidad.
La Juventud Rebelde consigna cada uno de estos hechos en su memoria y hace de la brutalidad y la criminalidad, alicientes en la lucha por la Asamblea Nacional Constituyente con la participación de los sectores populares históricamente excluidos para la construcción de la Paz verdadera, la Paz con Justicia Social. Exigimos el cese de la represión y la impunidad que impone la barbarie militarista sobre el pueblo colombiano y los pueblos del mundo. Nos reconocemos en la primera línea de batalla en la defensa de la vida, la dignidad y la esperanza, y estamos convencidos desde la coherencia de nuestra lucha que la solución política y negociada al conflicto social y armado será posible sólo en tanto logremos desatar en el poder constituyente, el ejercicio soberano de construcción de la Patria Nueva.
¡¡PALESTINA RESISTE!! ¡¡EL PUEBLO COLOMBIANO RESISTE!!
¡¡Por la Asamblea Nacional Constituyente para la Paz con Justicia Social!!
¡¡Por la solución política al conflicto social y armado!! ¡Cese Bilateral Al Fuego!
