La ratificación del Ministerio de las TIC de declarar la caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados el pasado 13 de agosto activó automáticamente una inhabilidad para las empresas sancionadas, que ya no podrán contratar con el Estado por cinco años. Pero no solo se trata de una sanción hacia el futuro, esto significa que quienes tengan contratos públicos deberán entregarlos. Y, precisamente, ICM Ingenieros SAS, una de las empresas que conforman Centros Poblados, hace parte de otros cuatro consorcios con contratos con el INVIAS.
Esta firma terminó vinculada con el excontratista Emilio Tapia, según una investigación de la W Radio, después de que el excontratista condenado a siete años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá adquiriera participación a través de terceros.
Actualmente, ICM Ingenieros tiene el 50% del consorcio Vías para el Chocó, que desde 2017 tiene adjudicado el contrato para el mejoramiento de la vía Quibdó-Medellín por $ 117.631 millones y un avance del 60%, según el INVIAS.
En otro contrato tiene una participación del 30% con el consorcio Corredores Viales para construir los 37 kilómetros del tramo Vado Hondo-Labranza Grande-Yopal por valor de $137.479 millones. El contrato, que lleva un 0% de avance, fue adjudicado el pasado 31 de marzo al consorcio en el que también tienen participación la Sociedad Ingeniería de Vías y Explanan SAS.
El tercer contrato es el adjudicado el 23 de diciembre de 2020 por el INVIAS al consorcio Vías Cauca para la construcción de la vía Altamira-Florencia, por $45.000 millones. A esta unión temporal pertenecen la firma Profesionales Asociados Ltda., con un 45%; ICM Ingenieros, con un 45% y la sociedad Trabajos Civiles Viales SAS, con un 10%. El consorcio ya recibió un anticipo de $1.187 millones y tiene un avance del 2%.
Finalmente, ICM Ingenieros también tiene participación en el consorcio San Sebastián 064, que en abril de este año se ganó un contrato por $300.149 millones para la pavimentación total de la vía Popayán-San José de Isnos. Además de la firma vinculada a Emilio Tapia, que actualmente tiene casa por cárcel de acuerdo a un principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía, también participan las firmas Alta Ingeniería SAS, Ingeniería Transporte Y Maquinaria SAS y Horacio Vega Cárdenas.
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En total son casi $600.000 millones los contratos sumados en los que ICM Ingenieros deberá entregar su participación. Los consorcios, por su parte, tienen hasta el próximo 25 de agosto para presentar nuevos participantes ante el INVIAS, que ahora tiene que verificar la idoneidad de las próximas empresas.
Por su parte, si se comprueba la participación de Tapia en la firma, el condenado contratista podría perder sus beneficios legales y pasar de estar en Barranquilla a regresar a la cárcel.
*Artículo actualizado el 23 de agosto. Se había informado que eran tres y no cuatro consorcios en los que participa la firma ICM Ingenieros, sumando en total $ 599.000 millones y no $480.000. No se declarará caducidad de dichos contratos sino que se le quita toda su participación a la empresa sancionada, como se dijo en un principio.
