En febrero de 2014, David Gilberto Vargas Villegas, asistente forense del Instituto Nacional de Medicina Legal., espió y grabó a una niña con una cámara de propiedad de la institución que escondió dentro de una caja.
El periodista José Guarnizo, a través de una columna publicada en Las 2 orillas, describió cómo sucedieron los hechos: “En noviembre del año pasado (2013), una niña de 14 años de edad, estudiante de décimo grado de una institución educativa del municipio de Yarumal, Antioquia, fue a la ESE Hospital San Juan de Dios a cumplir con las horas que le fueron asignadas para sus prácticas obligatorias de alfabetización. Aquel día, en la morgue de Medicina Legal se programó una diligencia de necropsia. Ante la ausencia de la médica legista, el procedimiento debió ser atendido por el doctor Santiago Arboleda, coordinador médico de la ESE, a quien la menor acompañó…”. (Leer columna)
Más adelante, en la narración de Guarnizo, puede verse la premeditación con que actuó dicho funcionario: “…David Gilberto Vargas Villegas… le advirtió a la niña que debía cambiarse la ropa que llevaba puesta por una prenda adecuada que encontraría en una pequeña bodega… antes de que la niña entrara… instaló premeditadamente una cámara que ocultó detrás de una caja provista de un agujero”.
Claudia Arboleda Arango, madre de la niña, maestra en Yarumal, puso el caso en conocimiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y de la Defensora de Familia, del ICBF, quienes la acompañaron durante el proceso penal que inició la Fiscalía General.
Inicialmente la fiscal local 39, Blanca Margarita Botero, de acuerdo con el Código penal convocó a una conciliación entre el funcionario Vargas Villegas y la madre de la niña. El delito está tipificado como injuria por vía de hecho. La madre rechazó de tajo dicho trámite, porque “la dignidad de una niña no se puede conciliar ante tal abuso”.
Varios periodistas, como Ana Cristina Restrepo Jiménez en su columna de El Colombiano, y Vicky Dávila en La FM, asi como la Alta Consejería presidencial para la Equidad de Género, pidieron acciones urgentes para atender el caso, frente a cual el director de medicina legal Carlos Eduardo Valdez respondió evasivamente en la FM:
“Yo tuve conocimiento de la falta y se inició la investigación disciplinaria por parte de Control Interno… quien se encuentra recolectando los elementos probatorios”.
Doña Carmen Arboleda persistió en su propósito de demostrar la responsabilidad del funcionario. Logró que la Fiscalía reasignara el caso a otra fiscal que logró que el proceso avanzara. Hasta la audiencia de juicio el abogado defensor, Andrés Felipe Jaramillo, sostuvo que su cliente era inocente tratando de demostrar que el daño psicológico de la niña era producto del abuso de su cliente sino del comportamiento de la madre que había expuesto la situación frente a los medios.
Concluido el proceso verbal disciplinario el funcionario David Gilberto Vargas Villegas fue encontrado responsable, se le castigó con una drástica sanción disciplinaria que le significo destitución e inhabilidad por doce (12) años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, es decir, hasta el 3 de agosto de 2026. En este proceso participaron el jefe de la oficina de Control Interno Disciplinario, actuando como primera instancia, y el director general de Medicina Legal, actuando como segunda instancia y ratificando la sanción.
Los policías que hicieron el allanamiento a las instalaciones de Medicina Legal y embalaron las pruebas, así como la médica legista, quien encontró el video en la cámara filmadora oficial, sirvieron de testigos, con lo cual se reafirmaron las pruebas del proceso.
El funcionario obtuvo también una sanción penal. El Juez Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, actuando en nombre de la República de Colombia, le imputó los delitos de “injuria por vías de hecho” (artículos 226, 220 y 223 del inciso 2º del Estatuto Penal) y lo condenó a veintitrés (23) meses y cuatro días de prisión y multa de 454 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $313.012.116, además de una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo. Estas condenas se suman a la destitución e inhabilidad proferida por Medicina Legal por 12 años.
El abogado Jaramillo Restrepo, apoderado de Vargas Villegas, apeló en la misma audiencia de juicio, realizada el 25 de enero de 2016, por lo que el Tribunal decidirá en segunda instancia si condena o absuelve al acusado..
* Por: Sergio Mesa - @sermeca
