La remodelación del Coliseo de Gaira fue una promesa hecha para los samarios. Juramento hecho desde que la ciudad fue escogida para ser la sede de los Juegos de los XVIII Juegos Bolivarianos, periodo correspondiente al segundo año de la alcaldía de Carlos Caicedo. Esta obra formaba parte del paquete de construcciones cofinanciadas por el gobierno nacional.
Caicedo terminó su gobierno en la capital del Magdalena, y lo sucedió Rafael Martínez quien debió ejecutar la obra y, por el contrario, la Gaira siguió comprometida por las sucesivas adiciones que se ordenaron. El contratista seleccionado para la tarea era MCI Ingenieros Contratistas, representante legal de la empresa era Gilberto Amado Bernal.
El presupuesto asignado para la labor fue por $ 2.682 millones y los retrasos en el cronograma presupuesto y sobrecostos llevaron a que el valor de la obra se incrementara hasta los $4.022 millones. Para los entes de control existieron fallas durante la ejecución del trabajo, por no ser claro el origen de los sobrecostos y las prórrogas. La remodelación podría ser una muestra de dilapidación de recursos, situación que para la Fiscalía es un indicio de corrupción, razón por la cual se acerca su llamamiento a juicio.
Paso Rafael Martínez, y llegó Virna Johnson a la alcaldía, quien heredó la obra inconclusa a pesar de los recursos invertidos e inyectó nuevos recursos aumentando el presunto desfalco. Las irregularidades sobre la Gaira llegaron al punto de que la Procuraduría acaba de inhabilitarla por ocho años para ejercer cargos públicos precisamente por la malversación de recursos en esa obra.
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Su jefe político Carlos Caicedo, también está investigado por la remodelación de puestos de salud y en junio del año pasado se llevaron a cabo audiencias virtuales. La Fiscalía lo responsabiliza de una pérdida de más de $ 600 millones y en el escrito de acusación, la Fiscalía insistió en el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El defensor, el abogado, Juan Vicente Valbuena, un exfiscal conocido por su participación como investigador en el carrusel de la contratación ha intentado desvirtuar los señalamientos; pero la decisión de la Procuraduría contra la exalcaldesa Johnson no lo favorece en un momento donde también debe responder por el mismo presunto en el caso de los centros de salud, cuyo juicio comenzó este 3 de marzo.
La sanción de Virna Johnson es una de las primeras que firma el Procurador Gregorio Eljach Pacheco y fue drástica: destitución e inhabilidad general para ejercer en cargos de la función pública durante ocho años.
Sus dos antecesores Rafael Martínez y Carlos Caicedo también están enredados con la Procuraduría por el mismo caso, ya que ésta profirió pliego de cargos por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira.
El coliseo se utilizó durante los Juegos, pero una vez concluyeron se presentaron daños en el lugar, por ejemplo, el piso se levantó.
La investigación de la Procuraduría contra Virna Johnson
En primer lugar, para el ente de control fue llamativo la existencia de un solo candidato, B&P Construcciones S. A. S representando legalmente por Oscar Eduardo Bonilla Vilarete, escogido por la alcaldesa Virna Johnson para la ampliación que significó la construcción de 6.372 metros cuadrados, cuyo presupuesto alcanzaba los $ 4.904.574.811
La Procuraduría cuestionó las condiciones en las que se abrió la licitación que derivo en la selección de un solo contratista para la obra que finalmente no entregó a satisfacción. Junto a la alcaldesa quien tuvo como defensor al abogado Johan David Palomino Penagos fue sancionado también el gerente de infraestructura Jonatan Alfredo Nieto.
La calificación de la falta por parte de la Procuraduría fue de Gravísima, pero Johnson puede presentar recursos contra esta decisión de primera instancia, ante el mismo ente de control. La decisión resulta un campanazo frente a otros dos ex alcaldes que están igualmente involucrados en la debacle de las obras del Coliseo de Gaira y le llega a Caicedo en un muy mal momento cuando el Consejo de Estado acaba de ratificar la pérdida de la personería jurídica del Partido Fuerza Ciudadana notificada en noviembre de año pasado movimiento con el que Caicedo buscaba proyectar su candidatura presidencial para el 2026 y recién había iniciado una campaña de expectativa pintando grafitis en los muros de distintas ciudades de la Costa Caribe con la pregunta ¿Quién carajo es Caicedo?
Todo ha sucedido en el lapso de un mes, sin que esté claro que rumbo piensa tomar el dirigente samario –acorralado por procesos penales y disciplinarios- a quien lo trasnocha su expectativa de ser el sucesor de Gustavo Petro dentro de la izquierda y quien ha tenido incluso acercamientos con Francia Márquez en su casa de Cali.
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