El trabajo de investigación desarrollado por la FIDIC, el Instituto que dirige Manuel Elkin Patarroyo, se basa en las pruebas efectuadas en monos amazónicos por tener estos un sistema inmunológico muy similar al humano y, principalmente, por razones éticas que deberían impedir la realización de estas pruebas directamente en humanos.
Precisamente, una de las mayores críticas formuladas a la vacuna contra la malaria RTS,S, patentada por la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline, es la aparición de un número significativo de casos de meningitis, convulsiones y otras patologías entre los vacunados, que pudieron evitarse haciendo las pruebas en monos, procedimiento más costoso y lento, pero también más seguro y responsable para los vacunados.
La amplia disponibilidad de estos micos concedía a Patarroyo y su grupo una ventaja estratégica importante, que se ha perdido debido a las trabas que la burocracia oficial le ha venido imponiendo sistemáticamente con base en argumentos absurdos y cambiantes. A los enredos conocidos se suma uno nuevo, no menos lesivo que los anteriores, organizado esta vez por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI.
En oficio del 26 de mayo de 2015, Luz Marina Mantilla Cárdenas, Directora General del SINCHI, le envía a Mauricio Velandia Sepúlveda, Subdirector de Administración Ambiental de Corpoamazonía, la “Propuesta técnica de la cuota de aprovechamiento de Aotus Vociferans”, documento más parecido al guion de algún programa de televisión en el que los concursantes deben superar obstáculos que a un documento diseñado para regular una actividad científica de interés para el país. La propuesta se elaboró a partir de “las simulaciones realizadas teniendo en cuenta los parámetros definidos”.
Las simulaciones son un elemento válido para investigar ciertos fenómenos, lo cual no les quita su carácter especulativo ni esencialmente teórico. Los resultados no pueden ser otra cosa que aproximaciones a la realidad, con un amplio margen de error, que puede ser, en este caso, mayor o menor en función de la interpretación que se haga de “los análisis de viabilidad poblacional” que les sirven de base para determinar las cantidades y áreas en que se autoriza la captura de monos aprobada por el Consejo de Estado.
Se asumió, -dice el documento- que la capacidad de carga para la especie, es decir, la cantidad de animales que se pueden capturar en una zona dada, “corresponde a las densidades poblacionales estimadas en áreas sin aprovechamiento, la cual equivale a 23.95 individuos por Km2. Esta densidad es reportada por Maldonado & Peck (2014) para Aotus spp, y difiere de la hallada por la FIDIC, que está entre 24 y 44 animales por Km2. La Maldonado a que se refiere el documento es la misma que ha demandado en repetidas ocasiones a Patarroyo y la FIDIC por un supuesto tráfico de micos, ya suficientemente desmentido por un estudio que costó más de 1200 millones de pesos, (1252´387.550 pesos exactamente) realizado conjuntamente por CORPOAMAZONIA, el mismo SINCHI, el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, IGUN, y el Ministerio de Ambiente. Esa es, probablemente, la razón por la que ahora se habla de animales en peligro de extinción y no de tráfico ilegal de especies animales, como antes.
Tomar como base para las simulaciones un documento elaborado por una persona que es opositora declarada de Patarroyo y su actividad no garantiza la imparcialidad de las cifras y los criterios con que se regula el permiso de captura de los micos necesarios para la realización de las pruebas biomédicas, restringido a 300 por cada 100 Km2.
La justificación está en que “Este supuesto se usó exclusivamente para correr las simulaciones a sabiendas de que la densidad poblacional es un parámetro que depende entre otras (sic) de los recursos disponibles en el hábitat y su cambio a lo largo del año, no obstante es la única información de densidad para la especie en estas coberturas”. Elaborar un estudio propio y más confiable es algo que, por lo visto, y pese a las falencias reconocidas del otro, está fuera del alcance del SINCHI.
“En las simulaciones no se incluye la liberación de individuos tras la experimentación biomédica ya que se desconoce el valor real de supervivencia de los individuos liberados, aunque se tienen aproximaciones del éxito de re-incorporación (sic) a la población de los individuos que sobreviven tras la liberación. Adicionalmente se asumió una población cerrada (sin inmigración ni emigración) aun cuando es muy poco probable que la población se comporte así; sin embargo esta aproximación genera resultados más conservadores”.
De aquí en adelante todas las cifras, cuadros y estadísticas sobre las que se fundamenta la propuesta técnica enviada a Corpoamazonia tienen los pies de barro. Asumir que los micos permanecen estáticos en un área específica introduce un elemento de distorsión que por sí solo demuestra la precariedad de los análisis realizados y de sus resultados. No son más conservadores sino menos confiables.
El protocolo establecido por la FIDIC para manejar los animales que se reciben allí ordena que estos se desparasiten, alimenten y traten por el veterinario a cargo hasta alcanzar un estado de salud óptimo, después del cual se tatúan, para evitar utilizarlos más de una vez, pasos previos a la realización de las pruebas. Con posterioridad a estas, entran a un periodo de cuarentena durante el cual se tratan nuevamente hasta su liberación en condiciones óptimas, que ocurre en las mismas áreas en que fueron capturados.
Las tasas de mortalidad son inferiores al 4%, un número muy pequeño para considerarlo como un factor de riesgo para la densidad de la población. No hay ningún peligro de extinción ni de transmisión de enfermedades a seres humanos ni a otras especies, pero si uno muy alto de inexactitud de la información presentada a los organismos encargados del control y a la opinión pública, que explica en alguna medida la espiral de requisitos, cada uno más difícil de cumplir que los anteriores.
El mismo documento del SINCHI reconoce que con una cuota de extracción de 800 individuos/año y con una cuota de 1000 individuos/año, “En ninguno de los dos casos se presentan disminuciones drásticas en la abundancia de individuos en las áreas de aprovechamiento, que alejen la población de la capacidad de carga”. Sin embargo, para lograr este comportamiento es necesario que la extracción se haga a lo largo de TODA el área”, que es de 100 Km2.
RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Realizar la cosecha en diferentes localidades de 100 Km2 distribuidas a lo largo del área total de la unidad de manejo autorizada. Dichas extracciones no pueden superar los 300 individuos/año.
No contemplar la liberación de individuos sometidos a experimentación biomédica de nuevo al medio silvestre. Esto implica sacrificarlos o mantenerlos en cautiverio por el resto de sus vidas, que fluctúa entre los 12 y los 25 años.
En cada lugar de cosecha, previo a la extracción, y de manera simultánea con la estimación de la densidad, Corpoamazonia y la FIDIC, obviamente, deben obtener muestras de tejido de algunos individuos para identificación molecular (determinación del taxón a través de un análisis de ADN) para corroborar la presencia de la especie permitida en el permiso. Cumplir con esta imposición supone que deben cargar con equipos altamente especializados para la realización de las pruebas de ADN, que además deben funcionar con baterías o luz solar, deben poder separar rápidamente los glóbulos blancos, más puros, de los glóbulos rojos para extraer el ADN y deben entregar en minutos el resultado que en condiciones normales de laboratorio puede demorarse quince días. Eso sin contar con las dificultades que supone la conservación de las muestras en un medio húmedo y caluroso como la selva. Ridículo.
Las pruebas de ADN exigidas se realizan en humanos únicamente para efectos de determinación de la paternidad o para análisis de medicina legal, tienen un costo elevado y requieren condiciones especiales. Sería interesante ver si ellos mismos son capaces de cumplir con tan importante requisito.
El titular del permiso, es decir el científico Patarroyo, debe enviar una muestra de sangre y pelo DE CADA INDIVIDUO COLECTADO a la entidad asignada por Corpoamazonia, con el número de tatuaje y las coordenadas geográficas de colecta para confirmación de especie a nivel genético y aumentar el conocimiento de la distribución de especies. Loable propósito, pero, ¿Cada colector, un indígena de la región generalmente, debe portar y utilizar su propio sistema de GPS? ¿Cómo se conservarán las muestras hasta llegar a su destino? Parece que más que un equipo interdisciplinario y muy bien entrenado se requiere un equipo de magos para poder cumplir con tan singulares órdenes, que quizá no estén dentro de las competencias del SINCHI.
Posiblemente tantos y tan extraños requisitos se deban a un exceso de celo en el cumplimiento de sus funciones, pero lo cierto es que, contrariando lo que ordena la ley colombiana, se parte del supuesto de que Patarroyo va a cometer no se sabe bien qué delito y que su función es atravesársele y dificultarle tanto como sea posible su comisión, es decir, su trabajo. ¿Qué más vendrá?
