Problemas con la justicia por diferentes investigaciones, ha sido común denominador entre los tres últimos gobernadores del departamento de Putumayo, ante la serie de irregularidades que se presentado en los últimas administraciones.
Pues en las últimas horas, se conoció que a los procesos que afrontan Buanerges Rosero y Jimmy Díaz, se sumó la acusación de la Fiscalía en contra Sorrel Aroca.
Esta decisión se efectuó concretamente por haber incurrido en omisiones que presuntamente provocaron la avalancha que, el 31 de mayo de 2017; que cobró la vida de 334 personas en Mocoa.
Para la Fiscalía, la entonces gobernadora obvió las advertencias, controles y se abstuvo de realizar las actividades que le eran exigibles para evitar la tragedia del pasado 31 de marzo del 2017.
Y es que, otro de los mandatarios que también enfrenta un proceso con la justicia, es el exgobernador Jimmy Diaz (2012-2015) por delitos ambientales.
Por tal razón, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 119 meses y 2 días de prisión, (9 años); e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Según la decisión, Díaz Burbano fue hallado culpable de concierto para delinquir agravado; contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros y receptación.
El fallo también determina su responsabilidad en calidad de cómplice por contaminación ambiental tras la explotación de yacimiento minero.
Por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplir requisitos y peculado por apropiación, la @CorteSupremaJ condena a 9 años de prisión e inhabilita para ejercer funciones públicas a perpetuidad al ex Gobernador de Putumayo, Jimmy Diaz @WRadioColombia pic.twitter.com/bU4EveCPc6
— Luz Helena Fonseca (@Luzhelenaf) September 29, 2021
En el proceso se determinó que Díaz Burbano, estableció una relación comercial con Humberto Ramírez Leal, alias “Barbas; negociante de oro y de maquinaria para su explotación y, adicionalmente, representante legal de la Asociación para la Minería de la Cuenca de los Ríos Putumayo y Caquetá.
Sin embargo, la defensa ya prepara un recurso frente a la decisión del alto tribunal.
Pero no solo los dos exmandatarios han tenido que afrontar procesos con la justicia, pues el actual gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero Peña; fue acusado por presuntos sobrecostos en un contrato para la compra de ambulancias para atender la emergencia sanitaria.
El contrato que se celebró en abril de 2020 tenía como objetivo comprar diez ambulancias medicalizadas por más de $3.460 millones, según la Fiscalía.
La irregularidad se detectó porque, al parecer, el contrato se direccionó hacía un solo proponente; es decir, se escogió a dedo a la compañía que iba a recibir los millones por entregar las ambulancias.
La Fiscalía descubrió sobrecostos en el contrato celebrado con la firma Carrocería Innovas SAS por más de mil 64 millones de pesos que se reflejaría en el valor de las ambulancias.
Por tal razón, fue suspendido del cargo durante nueve meses mientras avanzaba la investigación. Sin embargo a mediados de agosto y tras el anuncio del Ministerio el mandatario regresó a su cargo.
* Este texto fue publicado originalmente con el título "La mala hora de los gobernadores del Putumayo: Los últimos tres han enfrentado procesos judiciales"
