Cristina Plazas llegó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como la “consentida” de Juan Manuel Santos. Se ganó su puesto y la confianza del Presidente en varios cargos del Gobierno central durante su primer periodo.
Fue contundente en la consigna clara de no permitir más corrupción con los recursos de los niños y niñas de este país. Sin embargo, en el año 2016 esta buena intención ha generado un bloqueo institucional que tiene en vilo la atención de más de 1.5 millones de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.
El ICBF a través de sus programas de primera infancia (hogares comunitarios, hogares infantiles y centros de desarrollo infantil) brinda alimentación, cuidados-juegos y educación inicial a los niños entre cero y cinco años de edad, que de no ser por la acción del Estado, sus condiciones podrían ser más precarias de lo que ya lo son en muchos municipios de Colombia.
Históricamente la atención de estos programas empieza la primera semana de febrero, pero este año la atención está en vilo y posiblemente la próxima semana miles de familias no tendrán con quién dejar a sus chiquitos. La decisión de Plazas fue exigir calidad a los operadores que ejecutan estos programas, y restar poder a los directores regionales y a funcionarios locales del Instituto, que en muchos de los casos de corrupción que se han destapado últimamente, tenían las manos untadas e intereses que rondaban como el lobo feroz a Caperucita.
Sin embargo, esto se le salió de control a la Directora. El año pasado el ICBF contaba con 3200 operadores. Este año, con la depuración se estima que salgan alrededor de 1000. Es loable que se quiera cortar con la corrupción que permeaba al Instituto como botín financiero de muchas casas políticas. Pero la decisión de Plazas dejó inoperativo al Instituto, porque no hay quien asuma los hogares que quedaron volando sin operador.
Lo peor de todo es que la nueva política está llevando a escenarios de corrupción mucho peores, ya que hay operadores que están concentrando la contratación de los programas en varios departamentos de Colombia, cuando inicialmente sólo contrataban en uno. Estos operadores siguen teniendo nexos con funcionarios y exfuncionarios del ICBF. Los representantes legales de estas fundaciones son sus esposas, hermanos, primos o hijos, y a pesar de las quejas de los padres usuarios de los programas calificaron bien durante la vigencia 2015 porque fueron sus familiares quienes les calificaron. Es decir, que el proceso de calificación no garantizará calidad de los programas durante este año, sólo garantiza mayor corrupción.
Las ollas de corrupción que se destaparon en el periodo de Cristina Plazas se reproducirán este año. Mucha de la responsabilidad de este caos administrativo que hunde al ICBF recae en su subdirectora Karen Abudimen, quien renunció hace unos días y la dejó “colgada de la brocha” por aceptar un nuevo cargo como Secretaría de Educación en Barranquilla. Abudinem armó el despelote y se fue sin darle solución a una política que nunca tuvo un plan de contingencia ante la salida de muchos operadores y asociaciones.
Plazas atraviesa un duro momento personal, la muerte de su padre y la detención de su prometido el día de su boda. Lo confirmó con su salida en falso en contra de la libertad de expresión a punta de tutela en contra del periodista Gonzalo Guillén quien le tildó de ebria e incapaz. Su reacción fue histérica y no la de una funcionaria pública con buenos resultados.
La vida personal de la Directora no es incumbencia de los colombianos. Sin embargo, si Plazas considera que la nube que atraviesa su vida personal afecta su desempeño como funcionaria pública debería considerar apartarse del cargo para que alguien con capacidad resuelva los graves problemas que atraviesa el Instituto en estos momentos: las muertes de niños y niñas en la Guajira y el Chocó, la desatención de1.5 millones de niños (que podría conllevar más muertes por desnutrición), y lo más grave, la corrupción que se abre como fauces de lobo feroz sobre los más de 5 billones de pesos que se ejecutarán en el 2016.
Nota: Es hora de que la Procuraduría empiece a investigar a los operadores y asociaciones que sí serán contratadas este año y sus nexos con funcionarios del ICBF. La mejor manera de blindar los recursos de los niños y las niñas es empoderando a los padres y madres usuarios para que realicen veeduría sobre la administración de los recursos y la calidad en la prestación del servicio de sus hijos.
