¿Alguna vez usted ha hecho una incapacidad falsa para no asistir al trabajo o incluso para que no le terminen su contrato laboral? ¿Acaso está usted dispuesto a robar los recursos públicos para cubrir sus excusas laborales?
Hablo desde mi experiencia laboral, esto ha sido una falta de respeto con las empresas y hasta para nosotros como trabajadores y ciudadanos. Bajo cualquier circunstancia debemos reiterar la gravedad de falsificar documentos privados como lo es la incapacidad médica, puesto que debe estar respaldada con una firma y sello de un médico que preste sus servicios a una EPS, cuyas labores son reconocidas económicamente con los recursos públicos. Ahora bien, aquí es donde la gente inescrupulosa juega con la ética de los profesionales y ofrece cierta suma de dinero por una incapacidad falsa. Lastimosamente más de uno ha caído en esta tentadora oferta.
Este tipo de personas lo ven como un juego o una mentira piadosa. Incluso algunos pensarán que a la empresa no le afecta, pero no se percatan de la situación y de que realmente los perjudicados somos nosotros mismos. Nos están quitando recursos a los cuales tenemos derechos todos los ciudadanos, ya que estas incapacidades tienen que ser reconocidas económicamente con los aportes de todos los que por obligación tenemos que pagar la seguridad social.
¿Pero cuál es el problema detrás de estas incapacidades tan cortas si son solo de dos a cinco días? Eso pensaba antes de tener que lidiar con estos casos todos los días, pues bien, aquí es donde empieza un negocio redondo para tanto los trabajadores, médicos y abogados. Cuando algo empieza a salir “bien”, es decir cuando llega dinero fácil sin hacer mucho esfuerzo, es donde se empiezan a prever planes inescrupulosos con profesionales detrás: uso de documentación falsa, exageración de síntomas o manipulación indebida en la presentación de incapacidades para lograr una protección remunerada. Es decir, se saca provecho del Estado colombiano, ya que el trabajador ha sido amparado altamente por el gobierno bajo las leyes de protección social.
En la empresa en la que trabajo (por supuesto me reservo el nombre por temor de que los denunciados en este artículo me interpongan una tutela ya que eso es lo único que saben hacer) todo empezó cuando el contrato de algunos personajes estaba próximo a finalizar y ellos se rehusaban a quedarse sin empleo o salir sin una jugosa indemnización, por lo que se aprovecharon de la Estabilidad Reforzada por Salud. Esta es la garantía que tienen las personas de permanecer en su empleo, aun estando en una situación particular de salud que no les permita desempeñarse normalmente en el ejercicio de su labor. Claramente es una ley muy buena para las personas que realmente sí lo necesitan, pero también se presta para los tramposos.
Continuando con la historia, este grupo de trabajadores inició con incapacidades de uno hasta quince días por diagnósticos como la columna y miembros inferiores (daba la mera casualidad de que todas las incapacidades de las diferentes personas las firmaba el mismo médico de cabecera). Luego, en determinado momento, todos se incapacitaban por el mismo síntoma y con la misma cantidad de días: treinta días por tres meses (noventa días). Ellos la tenían clara, solo pedían esta cantidad de tiempo con la misma enfermedad, dado que después del día 91 su salario se vería afectado con el pago únicamente del 50%, según lo estipula el Código Sustantivo Del Trabajo Art 227. Sin embargo, ellos junto con los abogados apoderados del caso lograban que en la siguiente incapacidad les diagnosticaran otro síntoma diferente: depresión y treinta días.
Depresión es la que sentimos nosotros por la impotencia legal de no poder terminar con estos casos, pues se convierten en un cartel interminable, pues si estuvieran enfermos realmente seguirían con el proceso regular: pérdida de capacidad laboral o incluso pensión por incapacidad permanente. Pero, claro, como todo esto es una artimaña, nunca van a culminar sus procesos médicos. En fin, han pasado más de dos años y el ministerio no nos han autorizado a retirarlos precisamente por la Estabilidad Reforzada por Salud. La única esperanza que tenemos de desvincular a estos señores es ofreciéndoles una suma de dinero y justamente eso es lo que ellos buscan. la “jugosa indemnización”.
Por favor, la próxima vez que le dé por buscar una salida fácil para faltar al trabajo, tenga en cuenta que no solo deberá preparar al menos treinta mil por cada día de incapacidad que quiera acreditar, también estará exponiéndose a una dura condena debido a la gravedad de esta falta. Además, es posible que imputen cargos por robar recursos públicos y no lo vuelvan a contratar por tener antecedentes penales.
