En un mundo convulsionado que convive con el desconcierto y la desorientación en relación a los conflictos bélicos, es muy difícil reconocer qué actos son propios de la guerra o cuáles son terrorismo puro. Lo cierto, ante tales hechos, es que se hacen evidentes los límites de la capacidad de los estados para encontrar soluciones pacíficas o remediar las situaciones, haciendo uso de la fuerza armada militar. Los medios de comunicación informan, casi a diario, atentados que tienen profundos impactos sociales, económicos y políticos. Esas acciones pueden ser selectivas o, generalmente, indiscriminadas y afectan a la población civil. El terror, cuando es un modus operandi común, hace proliferar el miedo y a su vez genera reacciones en todo el tejido social. La gente, ya cansada de las violencias, termina también asumiendo posiciones violentas frente a sucesos que no les son siquiera cercanos.
Colombia convive con amplios caudales de violencias, producto de una criminalidad descontrolada que aglutina múltiples actores que a su vez tienen diversas motivaciones políticas, económicas, delictivas o todas al tiempo. Debido a ello el país presenta dificultades para encontrar salidas. Es esperanzador que se busquen salidas de paz a la conflictividad y ese debe ser el camino. No obstante, tal vez por la idiosincrasia propia del colombiano, se privilegia, por grupo significativo de ciudadanos, la salida bélica a los conflictos. La gente cree que es más fácil eliminar al enemigo que sentarse a negociar con él, creyendo que la desaparición física del contendor es el único fin porque la problemática, según piensa, cesa cuando la venganza está consumada.
La historia de las violencias en Colombia tiene más de 200 años. La independencia liberó al país del yugo español, pero engendró el odio, la beligerancia y la corrupción que los próceres dejaron de herencia. Con toda esa serie de acontecimientos, se hace difícil cualquier negociación de paz, pero no es imposible llegar a encontrar respuestas. El conflicto colombiano, como otros, debería ser tratable con mecanismos regulares. El problema radica en los profundos intereses que se forman en los actores de la guerra interna. Por una parte, están los actores armados con mucho poder económico y capacidad bélica que, no quieren perder y por otro lado, la clase dirigente política y económica que ha logrado privilegios, a través del conflicto. Son muchos gobiernos que han manejado los fondos reservados de la guerra, muchos contratos realizados sin auditoría, muchas recompensas pagadas, muchas tierras expropiadas sin control, múltiples dineros y oro incautados durante el transcurso de los años.
En Colombia, la violencia que, tiene las características antes enunciadas, está lejos de ser eliminada de la cotidianidad. Un hecho, como el atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pareciera estar dirigido a continuar con la guerra y eliminar cualquier posibilidad de salida negociada a su conflicto con el Estado. El gobierno, también, por múltiples medios ha dado a entender que la salida debe ser bélica y se logrará, únicamente, mediante la rendición o el exterminio del enemigo. Mientras tanto, los ciudadanos que no participan de la guerra están sometidos a actos terroristas y a abusos de poder porque en un contexto de guerra, aunque no se decrete, se aplica un estado de excepción que afecta las libertades individuales y toda protesta social es tratada como sospechosa de terrorismo y, sus participantes son, en el mejor de los casos, señalados, detenidos, judicializados o simplemente, víctimas de asesinatos extrajudiciales.
Pueden existir soluciones y, lo único verdaderamente valioso, es la capacidad crítica de los ciudadanos para que se den cuenta de que la guerra es un negocio para unos pocos y deben tomar posiciones frente a la lucha contra la corrupción y en el rechazo a la violencia como forma de lucha.
