«Mi gobierno chiquito se enfrentará al gobierno grande de los blancos, que nos han explotado y usurpado nuestras tierras...” —Quintín Lame
Quinientos veinticinco años de infortunio, convertidos en un mar de desplazamiento, masacres, desterritorialización, barreras de exclusión, falta de participación efectiva en la definición de políticas de los destinos de cada una de las sociedades que habitamos en el Estado colombiano... y a pesar de todas esas circunstancias, los pueblos indígenas hemos retoñado una vez más, para aportar con nuestro pensamiento y espíritu a la construcción de un país con reconocimiento de diversidad, pluralidad y democracia: principios de la humanidad civilizada. Hemos mantenido también, de forma inquebrantable el ejercicio de promover la vida indefinidamente, que es lo que el “desarrollo” nos está quitando.
Desde ese concepto nos hemos sumado a la construcción del Proceso de Paz en el marco de los Acuerdos firmados en la Habana; pudiendo haber hecho parte de dicho proceso, sólo en la recta final donde se incluyó el Capítulo Étnico. Se les olvidaba a las partes negociadoras que Colombia es un país multiétnico y pluricultural y que somos nosotros uno de los actores que más ha vivido una guerra que no nos corresponde.
Pero, lo cierto y triste es que desde la firma de los Acuerdos de Paz, dentro de nuestros terrritorios no han parado las masacres, las desapariciones, los secuestros, los asesinatos, el desplazamiento. No ha cesado la violencia en las comunidades indígenas, continúa el asedio por parte de actores armados. Por poner un ejemplo, tan solo en una semana del mes de abril fueron asesinadas nueve autoridades y líderes indígenas en el occidente colombiano. Amenazan y asesinan a nuestras autoridades, porque el efecto es la desbandada de las comunidades, tocando un punto neurálgico para los pueblos indígenas, puesto que, ello implica nuestra supervivencia física y cultural. Hasta ahora las autoridades no toman medidas al respecto a pesar de los pronunciamientos de las comunidades. Se invisibiliza la magnitud de los hechos. Lo mismo que ha sucedido en la conquista es lo que continúa sucediendo hoy.
Con el dolor y las fricciones que genera para nuestros pueblos los acontecimientos violentos y silenciosos que ocurren dentro de nuestros territorios, hemos continuado sentados en las mesas de concertación con el gobierno, dentro del marco del mecanismo legislativo Fast Track. Sin embargo, en los últimos días también se ha visto vulnerado el derecho fundamental a la Consulta Previa por parte del gobierno; ya que, se ha negado a presentar ante la Mesa Permanente de Concertación (MPC) normas que deben ser consultadas y se niega a vincular propuestas que provienen de las organizaciones indígenas con asiento en dicho espacio.
En el comunicado de la CSIVI - FARC No. 03 del 21 de Mayo de 2017 se han dado a conocer las irregularidades ocurridas con el proyecto de decreto “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación a la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”. Entonces, para un tema álgido en nuestro país, como lo es el tema “tierras”, ocurre que este proyecto de decreto: 1. Pasa a ser radicado sin previa consulta, incumpliendo el gobierno un compromiso con la MPC; 2. El proyecto de decreto que se radica no corresponde con la versión elaborada por la CSIVI, introduciendo cambios que no habían sido acordados; 3. Amplía beneficios a grandes propietarios y multinacionales, lo cual no coincide con lo planteado en el Acuerdo Final de Paz. Motivo por el que, durante los dos últimos días se han levantado las mesas de trabajo para concertar; a ocho días para que se cumpla el plazo límite de facultades presidenciales que ha dado la Corte Constitucional para emitir normas respecto a la implentación de los Acuerdos de Paz.
Con la marcha que se realizará los días 23 y 24 de Mayo, llegando a la ciudad de Cali; los pueblos indígenas manifestamos el inconformismo frente a la responsabilidad del gobierno en el marco del Proceso de Paz porque no existen garantías para los colombianos en el desarrollo del mismo, porque el gobierno se contradice e incumple compromisos y acuerdos.
Solicitamos apoyo de la sociedad nacional, de sus instituciones, de la comunidad internacional, para que acudan voluntades reales que obliguen a que el gobierno proceda a tomar medidas pertinentes de protección individual y colectiva para el cese de hostilidades y asesinatos contra nuestros pueblos indígenas; que se garanticen los derechos, sobre todo el derecho a la vida, a nuestra pervivencia, a nuestros territorios, en el marco de los Acuerdos de Paz y por supuesto, que se respete el derecho fundamental a la Consulta Previa.
¡Estamos en pie de lucha! Nuestra movilización se suma a otras tantas de diferentes sectores del país que demuestran las diferencias abismales de clases, las necesidades desbordantes de la población, el descaro de la clase política, la injusticia en nuestro país. Así, nos queda mucho trabajo para la tan anhelada paz.
