Tras algo más de un año de mandato en Bogotá, la nueva administración no ha estado ajena a controversias por las diferentes decisiones que ha tomado. Cambios en el trazado del metro, venta de activos de la ciudad como la ETB, la descapitalización de Aguas de Bogotá, la prolongación de contratos a operadores privados de aseo, incentivos a la construcción en zonas de alto riesgo o en su defecto donde hay reserva ambiental, son aspectos que demuestran claramente cual es el ideal de felicidad que busca su gobierno junto a una visión excluyente.[1]
Hay un marcado interés en darle juego a la lógica empresarial, desconociendo que el sector privado invierte esperando el retorno de su inversión antes que garantizar derechos a la población. Por esta razón es inconcebible pensar en tener un espacio en la ciudad en el que puedan acceder todos los ciudadanos sin generar exclusión por vía económica. Y por otro lado, dicho favorecimiento a la iniciativa privada no garantiza la generación de condiciones de bienestar per se para la población.
Preguntémonos, ¿qué activos le devolvió a la ciudad el oligopolio de las basuras tras años de rentabilidad prestando el servicio?, ¿por qué Transmilenio, que se estructuró en detrimento de las finanzas públicas del distrito para favorecer las ganancias a los operadores privados, brinda un pésimo servicio a los usuarios y la respuesta ha sido la alza continua en el pasaje?
Ante tensiones como la anterior surge la revocatoria, que se constituye como un recurso político válido, creado para colocar a prueba gobiernos en los regímenes políticos democráticos. Y a su vez sirve de canal para tramitar los conflictos que se generan por las diferentes visiones que hay acerca de la construcción de un orden político deseado, así muchos no lo estimen conveniente.
Por lo tanto, es importante fortalecer este mecanismo a través del debate de ideas y argumentos, pero sobre todo reconociendo que lo que está en juego es un problema político alrededor de cómo construir ese ordenamiento sociopolítico privilegiando derechos colectivos o los de propiedad. No es el capricho de torpedear un mandato cuando se coloca en marcha la revocatoria, al contrario, es la expresión de la diferencia, del derecho a participar y más aún, reconocerla como legítima en un contexto democrático.
[1]'Nuestro gobierno será de todos, nadie será excluido'. Por: Ernesto Cortés Fierro
