A 2018 el Gobierno Santos tiene presupuestado realizar al menos ocho proyectos hidroeléctricos en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Tolima y Huila. En el caso en particular del río Huacacayo (Magdalena) se planean realizar los proyectos Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa y Guarapas que producirán al menos tres veces la energía que hoy sale de Betania.
Para cualquiera resultaría ser una buena noticia, si compara los impactos sociales y ambientales que tiene la extracción del carbón o petróleo, en relación con la generación de energía de las represas. Sin embargo, la ecuación no resulta tan beneficiosa cuando son tierras y economías campesinas muy productivas las que han de ser inundadas. Por supuesto, la discusión no es sobre la pírrica indemnización sobre el valor catastral de los predios rivereños. El debate del movimiento campesino es sobre la posibilidad de reubicar a veredas completas con sus dinámicas y encadenamientos productivos.
En respuesta a los graves conflictos que esta situación ha generado, en particular en el Quimbo, el Gobierno expidió el Decreto 1277 de 2013 por el cual se establece un programa especial de dotación de tierras, que beneficia –entre otros– a los sujetos de reforma agraria afectados por el ese proyecto hidroeléctrico y a otros propietarios u ocupantes de zonas que deban someterse a un manejo especial o que sean de interés ecológico y que deban ser reubicados. Es decir, a cientos de campesinos y campesinas sin tierra que serán desplazados por las hidroeléctricas.
Según el INCODER, para 2014 el Ministerio de Agricultura habría asignado un presupuesto de 70 mil millones de pesos para la ejecución del Decreto, o sea, para comprar y adjudicar tierra que no ha logrado hacer desde su creación. Pero como si fuera poco, por la caída del precio del barril del petróleo, ésta suma en 2015 solo ascendería a los 15 mil millones de pesos.
La probabilidad de implementar este decreto se aleja aún más cuando llegan los rumores del proyecto al territorio, porque el mercado de tierras se dispara. Eso ha hecho que en la práctica sea imposible encontrar quien quiera vender su parcela, finca o hacienda, próximamente costera de una gran represa.
Ahora bien, incluso si alguna vez el INCODER logra adjudicar parcelas a los campesinos reubicados, nadie garantiza que existan cadenas de producción y comercialización de sus productos. Hay un temor fundado en el que cientos de personas tengan que ser reubicadas en hacia lugares más lejanos, con tierras de menor calidad, en donde seguramente no se tendrán las condiciones para desarrollar las economías que han demorado años en consolidar. Todo esto bajo la premisa falsa de que el campesinado no tiene una cultura asociada a su territorio y pueden desplazarse de un lugar a otro, al antojo de las inversiones, sin que haya un impacto social.
Y así, la historia se repite una y otra vez. Durante todo el siglo XX comunidades campesinas fueron desplazadas y despojadas de sus tierras bajo el pretexto de “La Violencia” entre partidos políticos, que al final de cuentas se quedaron con la tierra de los valles interandinos. El campesino promedio fue expulsado hacia las altas montañas, en donde la calidad de la tierra es menor, mientras grandes haciendas ganaderas, de caña, palma y banano decoraron la rivera de los ríos más importantes del país.
Para terminar: según el propio INCODER al menos 200 mil hectáreas de las FARC en el Guaviare serán sujetas a procesos de extinción de dominio. Una vez realicen este procedimiento, los campesinos desplazados forzadamente por los megaproyectos que impulsa el MinMinas, podrán ser los felices adjudicatarios de una unidad agrícola familiar en los limites con la selva. Selva que veinte años antes fue desmontada por algún otro colono en éxodo. Así, el nuevo siglo recibe al campesinado con la expulsión hacia la frontera agrícola, esta vez en nombre del agua.
- Colectivo Agrario Abya Yala
