A todas luces preocupante la solicitud formulada por la presidencia de Colombia sobre periodistas y comunicadores adeptos o no al régimen y su clasificación en positivos, negativos y neutros. Como negativos están aquellos columnistas, directores de medios periodísticos o radiales o virtuales, que no comparten las actuaciones del actual mandatario de los colombianos y en consecuencia se hace necesario reseñarlos para obtener su perfil. Los positivos, aquellos que se adaptan fácilmente al modelo de pautas y se abstienen de brindar información veraz y oportuna, son los que juegan en el bando del mandatario de los colombianos y que no son considerados mamertos ni castrochavistas, vaya uno a saber cuál es el termino correcto. Y neutros aquellos que ni fu, ni fa. Que no tocan violín ni flauta y que se hacen los desentendidos ante los genocidios, masacres, violaciones y crímenes de Estado. Los que miran para otro lado cuando la sangre empaña sus lentes.
Y preocupante por cuanto las razones que se pueden desprender de ello son espeluznantes. Hemos visto los crímenes cometidos contra la población civil, concretamente contra jóvenes indefensos y estudiantes cuyo único delito fue no pensar igual o en el mismo sentido que el mandatario de los colombianos, de tener una visión diferente de democracia, o simplemente de expresar desacuerdo ante lo fundamental de la paz y la guerra. Y peor aún que se pida cedulas para perfilamientos profesionales y personales que permitan realizar un seguimiento, actuando en contra de la ley, pues de acuerdo al código penal en su artículo 269F que literalmente expresa: “El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis meses (96) y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Igual sucede con el Art. 269 G que prohíbe tajantemente el comercio de datos o información sin la autorización de su titular. Procuraduría y Fiscalía tienen la obligación de expresarse al respecto.
Y comprar información, clasificar y destinar grandes recursos del presupuesto nacional para acceder a una especie de inquisición sobre periodistas y comunicadores con el ánimo de clasificarlos en positivos, negativos o neutros puede ser una señal de los tiempos que se nos avecinan, quizá una fase 2 de crímenes selectivos de periodistas independientes, de comunicadores no adeptos al régimen o de directores de medios poco inclinados a difundir información no veraz y oportuna. Primero fueron los campesinos que defendían sus tierras, luego los líderes que organizaron a estos campesinos, luego a políticos no próximos al gobernante de turno. Ahora, todo indica, la fuerza viene contra periodistas que no han cedido ante los chantajes presupuestales de turno y que han izado la bandera de la reivindicación moral en defensa de la poca democracia que nos queda y la libertad de opinión.
Los colombianos debemos estar atentos a estos signos inequívocos de inmoralidad que se constituyen en un grave atentado contra la libertad de expresión. Un presidente que acude a este tipo de argucias no es fiable y deja entrever intenciones malsanas contra sus opositores o simplemente contra aquellos que no comparten plenamente sus opiniones o formas de gobernar. Ya hemos visto a un presidente inclinado a favorecer bandidos condenados por la ley y a promover desobediencias contra el sistema judicial y siempre dispuesto a desprestigiar la honra y el trabajo de magistrados probos y de comprobada autoridad judicial.
La Flip y demás organizaciones deben estar atentas y promover un debate sobre estas actuaciones que a todas luces son un atentado contra la ley, la civilidad y la libertad de prensa y opinión. No se puede permitir que se mate impunemente la democracia. Ante el primer periodista asesinado, denuncia internacional, repudio gremial y aplicación de todos los protocolos de protección a los periodistas y comunicadores reseñados en esta lista oprobiosa.
