La actual administración de Bogotá D.C. pretende llevar a cabo una nueva licitación para adjudicar a consorcios privados la prestación del servicio de aseo en la ciudad durante los próximos 8 años. Este negocio de cerca de 5 billones de pesos refuerza un modelo caduco y agotado a nivel mundial: el enterramiento de la basura. Queda retratada nuevamente la torpeza y la falta de perspectiva del alcalde Enrique Peñalosa, el atraso de sus políticas públicas, y su parroquialismo.
Por su parte, las preocupaciones mundiales frente a los servicios públicos de aseo en las ciudades, giran en torno a las características que deben tener los sistemas integrados y sostenibles de gestión de residuos sólidos. No se trata de recoger y enterrar la basura, supuestamente al menor costo gracias a la competencia. Se trata de incidir en todas las etapas del proceso de generación de residuos con el objetivo de enterrar lo menos posible y aprovechar la mayor cantidad de materiales reutilizables. Esto implica, en términos muy generales, pensar la prevención de la generación de residuos, su reciclaje, su tratamiento y su disposición final.
No se trata de un capricho: a las tradicionales preocupaciones sobre el impacto de los desechos en la salud pública, deben sumarse otras inquietudes cada vez más importantes en la agenda global, como lo son la protección ambiental, la necesidad de establecer un uso más racional de los recursos naturales, el control de la contaminación, y el reconocimiento y la inclusión de los grupos sociales, tradicionalmente discriminados, que históricamente han sobrevivido del aprovechamiento de los residuos. No tener en cuenta estos elementos invisibiliza una serie de costos ambientales, sociales y económicos que a futuro, tarde o temprano, tendremos que pagar todos los bogotanos.
Un modelo caduco: esconder la basura debajo del tapete
Durante el siglo XX en Bogotá primó la preocupación de salud pública en los temas de aseo. Resolver este problema implicaba recoger y enterrar los residuos lo más lejos posible del casco urbano de la ciudad. La pretensión de la administración Peñalosa es perpetuar dicho modelo. Toda la estructura económica, financiera y operativa de la licitación del servicio de aseo está concentrada en el enterramiento de la basura.
Sin embargo, ¿dónde vamos a enterrar las 7.000 toneladas diarias de basura que generamos todos los bogotanos? Las limitaciones del Relleno Sanitario Doña Juana son conocidas de tiempo atrás y su vida útil se calcula en 5 años, de manera que surgen nuevas preguntas: ¿dónde instalaremos un nuevo relleno sanitario en Bogotá?, ¿qué comunidad aledaña al lugar escogido accederá a su implantación?, ¿cuánto cuesta la adecuación y puesta en funcionamiento del nuevo relleno sanitario? Si no es en Bogotá ¿algún municipio de Cundinamarca aceptará hacerse cargo de nuestra basura?, ¿existen estudios serios sobre el particular?, ¿existen alternativas?
Construir más rellenos sanitarios nos condena a perpetuar una política de aseo miope en lo medioambiental e injusta en lo social. Implica seguir contaminado los terrenos, las corrientes de agua superficial y subterránea, el aire, y afectar a comunidades enteras con enfermedades y malas condiciones de vida.
Un modelo injusto: caerle duro al más débil
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo según la OCDE. En ese sentido, debería ser una prioridad continuar en el propósito de garantizarle, a una población vulnerable como son los recicladores de oficio, la posibilidad de seguir generando ingresos para su sustento básico, al mismo tiempo que trabajan en disminuir la cantidad de materiales reutilizables que hoy en día se están enterrando en Doña Juana.
La apuesta por la inclusión de los recicladores de oficio, acogida por la administración de la Bogotá Humana, no era un capricho. Más bien, dicha política pública intentaba seguir los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en múltiples sentencias y autos de seguimiento desde 2003. Los avances logrados, graduales, difíciles, y mejorables, son hoy ejemplo mundial de una política de reconocimiento e inclusión de una población que, aun siendo tradicionalmente discriminada, le venía prestando un importante servicio ambiental a la ciudad. Lo que se pretendía era llevar a cabo, en un mediano y largo plazo, un proceso de fortalecimiento que permitiera elevar las capacidades y competencias de las organizaciones de recicladores de oficio otorgándoles, entre otras cosas, acceso a los medios de producción concretos para la realización de su trabajo, logrando el doble resultado de sacarles de la condición de vulnerabilidad, y garantizarle a los ciudadanos la prestación de un óptimo servicio público de aprovechamiento.
Sin embargo, la apuesta del Ministerio de Vivienda y de la actual administración distrital es la contraria: si el reciclaje es un negocio, pues que entren los grandes y medianos actores privados a participar del mismo. Si los recicladores quieren seguir en el negocio, pues que se formalicen, y rápido. Por lo demás, las infraestructuras, la maquinaria, los medios de transporte del material, la asistencia técnica y los recursos financieros necesarios para su trabajo deberán salir de su bolsillo y de sus ganancias, cuando las haya. Su nivel de marginalidad no debe ser objeto de preocupación de las autoridades ni de la política pública de aseo.
En otras palabras, en el marco de la licitación de aseo, el enterramiento se lleva todos los recursos, infraestructuras y garantías, mientras que el aprovechamiento queda sometido al autofinanciamiento. Se trata de un retroceso de años en la política de tratamiento de los residuos sólidos de Bogotá, caminando en la vía contraria a la tendencia mundial, cada vez más orientada a la maximización del aprovechamiento. Los únicos beneficiarios de tal orientación resultan ser los consorcios privados de la basura que, contando con todo el soporte de los recursos públicos, acaparan día a día el dinero que los usuarios deben pagar en la factura de aseo, todo por el flaco servicio de esconderles la basura debajo del tapete.
En el estado actual del avance tecnocientífico, la recolección y transporte dirigido al enterramiento constituye el modelo de política de aseo más costoso, tanto para los usuarios, en términos económicos, como para la ciudad, en términos ambientales, dejando además, excluidas a miles de familias que se han dedicado al aprovechamiento durante décadas.
Eso es, a grandes rasgos, lo que establece el decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, que de manera alguna se plantea la necesidad de regular la lógica de libre mercado con miras al fortalecimiento de las organizaciones de recicladores. El mentado decreto no puede, entonces, garantizarles el acceso cierto y seguro a la basura, ya que violaría el principio de libre competencia, entronizado por la ley 142 de 1994, como el más alto valor en la prestación de los servicios públicos. No importa que de esta forma se profundice (más) la exclusión, la estigmatización, la segmentación y la violencia contra los recicladores de oficio. El mercado y la libre competencia son sagrados. La mano invisible del mercado espontáneamente sabrá llevarnos al óptimo social.
Bajo este ideario privatizador, la actual administración distrital ha echado al traste todos y cada uno de los avances impulsados por la Bogotá Humana, tanto en términos de inclusión de los recicladores de oficio, como en la orientación hacia el aprovechamiento de la política pública de aseo de la ciudad.
Conclusión: ¿Dónde están los visionarios de las políticas públicas?
El problema de los residuos sólidos municipales no radica en dónde enterrarlos para dejar de verlos, sino en gestionar racionalmente la utilización de recursos valiosos al mismo tiempo que se lucha efectivamente contra el cambio climático, la contaminación de invaluables ecosistemas, y la exclusión social. Esta visión de futuro implica discutir desde la responsabilidad de los productores en la utilización de ciertos materiales, hasta las características y dinámicas del consumo, pasando por el ciclo de vida de las mercancías y la regulación publica de la contaminación.
Se equivoca esta administración al considerar que la gestión de los residuos sólidos y el servicio de aseo deben principalmente resolver el problema sanitario derivado de las “basuras” en las calles, creyendo que lo más avanzado que se puede hacer consiste en entregarle a los privados el mercado de la recolección, el transporte y el enterramiento de los residuos sólidos.
No basta simplemente con incluir la palabra aprovechamiento en los documentos de política pública, se precisa asignar recursos efectivos que permitan alcanzar metas verificables y objetivos concretos, máxime cuando se sabe que el reciclaje de residuos genera ingresos monetarios y externalidades positivas, que bien pudieran apalancar los planes de inclusión social.
Los avances logrados en términos de inclusión de la población recicladora no han sido concesiones graciosas de una u otra administración, son, muy por el contrario, el fruto de una lucha decidida de los recicladores de oficio por el reconocimiento de su rol en el cuidado ambiental de la ciudad mediante la valorización de materiales considerados basura. ¿Tendrán que seguir peleando solos?
