La Ley 48 de 1993 es la normativa que en la actualidad regula y organiza la prestación del servicio militar obligatorio en Colombia, pasando 119 años desde la primera legislación expedida por el Congreso de la República en torno al tema (Ley 167 de 1896). Un capítulo de la historia legislativa colombiana llena de altibajos, idas y reveses, que aún no se cierra y en la cual aun queda bastante tela por cortar.
Y es que obtener la libreta militar sigue siendo un dolor de cabeza para el grueso de los colombianos, no solo para los jóvenes, como directos implicados, sino también para sus familias, quienes se ven deambular por los distritos militares en busca de una respuesta final. Sacar la libreta es una tarea desgastante y engorrosa, bajo una marcada tramitología burocrática, en donde pareciese que entre más “pobre” sea el solicitante más dificultades se presentarán en el camino. Eso sin contar con los “tramitadores” y oportunistas que también buscan sacar su tajada del pastel.
Un joven promedio colombiano hasta hace poco menos de un año no podía graduarse de la educación superior sin resolver su situación militar; tampoco podía acceder a un empleo en el sector público o privado y tenía que asumir “actitudes de delincuente” para huir de las redadas ilegales o “batidas”. Afortunadamente algunos de esos planos han cambiado parcialmente, pero al escarbar más a fondo la situación, son varias las reflexiones que quedan en el camino, todas ellas conduciendo a asegurar que tanto la Libreta militar, como el servicio militar obligatorio, son dos escenarios a desaparecer en un plano normativo colombiano que propenda por la construcción de Paz.
En primera instancia se debe decir que la libreta militar se ha ubicado como un dispositivo de control social, ligado al poder real y simbólico que se le ha otorgado históricamente a las fuerzas militares en el país, quizá desde los mismos orígenes de nuestra historia republicana. Por otro lado, las fuerzas castrenses se han perfilado como una institución que permite la movilidad horizontal y vertical al interior de la sociedad por lo cual, el hacer parte de sus filas, llega a ser visto por algunos sectores como objeto de “Honor y Gloria”, en tanto aquellos que no atiendan el llamado son tildados de indisciplinados, flojos o vagos. A tal punto que algunos aseguran que no prestar el servicio militar es una afrenta a la patria.
En segunda instancia, el hacer parte de las filas castrenses y la posición que se asuma dentro de ellas es un fenómeno claramente ligado al plano económico, en un artículo publicado el 28 de mayo de 2015 por el portal Las2Orillas “¿De qué estrato social son los soldados de Colombia?” se asegura que el 80 % de los colombianos que están en la condición de regulares son provenientes de los estratos 0, 1 y 2; el 19.5 % son de clase media y sólo el 0.5% pertenece a los estratos altos. En pocas palabras, son los “pobres” los que alimentan el grueso de los contingentes que afrontan la actual confrontación armada.
En tercera instancia, los procesos de incorporación están mediados por toda una serie de arbitrariedades, violando en la mayoría de casos lo estipulado en la Ley 48 del 93, comprendiendo desde acciones ilegales de reclutamiento, bajo las llamadas “batidas”, pese a ya existir una Sentencia de la Corte Constitucional al respecto; la no liquidación oportuna de los ciudadanos; la no prestación de información clara y oportuna; el no reconocimiento de la Objeción de conciencia y reiterados casos de incorporación a jóvenes que son objeto de exención.
Por otro lado, si no tener la libreta militar representa una traba en el desarrollo individual de un joven, el tenerla tampoco es que le aporte mucho, como diría un fragmento de la canción La Jungla de Flaco Flow y Melanina “salgo con la libreta y no hay trabajo en la avenida”. Pues de acuerdo a cifras del Dane en mayo del 2015, el 47 % de los desempleados eran jóvenes y la tasa de desempleo juvenil era del 15,7 %, estando dos puntos porcentuales por encima del promedio regional. Así pues, sí los señoritos tecnócratas de la casa de Nariño, quienes estoy seguro no prestaron el servicio militar, quisieran aportar en impulsar la economía nacional, el quitar la libreta militar como una traba para la contratación sería una muy buena posibilidad, abriendo el mercado laboral formal a los millares de jóvenes que están atascado y desempleados por dicho documento.
Ya para ir cerrando, en mi caso personal estoy próximo a graduarme de una carrera profesional, por el mismo desarrollo de la normativa nacional ya lo puedo hacer sin libreta militar, sin embargo, tras presentar declaratoria de objetor de conciencia en el año 2011 mi caso no se ha cerrado aún, en la junta de remisos del día 26 de Agosto de 2015 me informan que debo cancelar aproximadamente 5 millones doscientos mil pesos para recibir la libreta, un monto a todas luces absurdo y desproporcionado, el cual no estoy dispuesto a pagar, en tanto estoy a punto de perder un empleo con una entidad pública (por no tener libreta). Igual seguiré en la briega hasta tener un parte positivo.
Si de aportarle a la Patria se trata, estoy plenamente convencido que la más justa demanda para estas tierras macondianas es la construcción de Paz y para ello, estoy seguro que aporto mucho más estando en un salón de clases, fomentando procesos de organización social y trabajando por la reconstrucción del tejido social en nuestros barrios, que estando en una institución castrense barriendo 4 y 5 veces el mismo pasillo durante un día o cuidando infraestructura extractivista de capitales transnacionales, que es lo que ponen a hacer a nuestros jóvenes bachilleres.
Para cerrar, es claro que la construcción de la Paz pasa por quitar progresivamente el poder real y simbólico que conservan aquellas instancias fundadas en la guerra, es decir, a las Fuerzas Militares. Y una de las mejores formas de hacerlo es asumir en lo inmediato medidas como: Castigar de manera ejemplar a aquellos que sigan incurriendo en acciones ilegales de reclutamiento –Batidas-; legislando un servicio social sustitutorio para la Paz; reconociendo y legislando de manera integral en torno a la objeción de conciencia; aboliendo la libreta militar como requisito para acceder a cargos públicos, como ya lo hicieron en el sector privado; asumiendo recortes presupuestales para el sector defensa; reduciendo aquel contingente de 500.000 hombres dispuestos para la guerra y, por último, dando viabilidad a la abolición definitiva del servicio militar obligatorio.
Así pues, la construcción de la Paz pasa porque nuestros jóvenes no sigan viendo desvanecer su vida y sus sueños mientras portan un camuflado y disparan un arma; pasa por garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales como la libertad de conciencia, el trabajo, la educación y el desarrollo de la libre personalidad; pasa por construir una nueva legislación en torno al Servicio militar obligatorio; en pocas palabras, pasa por una Asamblea Nacional Constituyente.
