Pocos hablan del inmenso valor que tienen las empresas en Colombia. En política, para algunos, en discursos de grave simplificación, la expresión “empresario” resulta sinónimo de explotación, depredación. El mal que pueden representar prácticas abusivas de monopolio o el daño a la naturaleza que algunas empresas puedan causar, asociaciones legales e ilegales, no puede ocultar Ia importancia que para el país tienen centenares de miles de empresarios que, a diario, crean valor.
¿Cuántas empresas hay en Colombia? Es difícil saberlo con precisión. De acuerdo con los informes de Confecámafas, basados en cálculos propios y en el RUES, hay algo más de un millón y medio de empresas, de todos los tamaños. El 93 %, es decir, más de 1,4 millones son clasificadas como microempresas, unas 80.000 como pequeñas, 20.000 medianas y algo más de 6.000 grandes. Este universo, que podría llamarse formal, genera cerca de 7 millones de empleos en los tres grandes sectores: campo, industria, servicios.
Es, quizás, un dato mínimo. ¿Cuántos emprendimientos no están registrados en las cámaras de comercio? Tal vez no figuran quienes prestan servicios en plataformas como Uber ni tampoco hogares que ponen a disposición habitaciones de sus viviendas en Airbnb. Desde luego, no están incluidas muchas de las microempresas informales que producen empanadas, tan en boca de las redes sociales en estos días por cuenta de la multa de $800.000 a un joven consumidor, ni decenas de miles que pululan en las calles ofreciendo toda suerte de servicios.
Existen las empresas que, por su naturaleza, son grandes. En telecomunicaciones del tipo Claro o Une, o en el ámbito de las grandes superficies como Falabella o Éxito, o en la producción de petróleo. Están los pequeños productores de zapatos, los de Cúcuta, Pasto, Bucaramanga, exploradores de mercados internacionales hace décadas.
En el mundo de los microempresarios se encuentran todas las vocaciones posibles: puede ser la señora con su salón de belleza que emplea tres esteticistas, el hombre que vende arepas o perros calientes, el desarrollador web, el pequeño empresario de transporte o el productor de contenidos digitales.
Todos, formales e informales, están inmersos en cadenas productivas. Un productor de artículos de calzado, que depende de la provisión de materias primas que, por supuesto, no produce, puede terminar vendiendo su producto a un distribuidor en Casuarito, a orillas del Orinoco, Vichada, enfrente de Puerto Ayacucho, capital del estado venzolano de Amazonas.
Hay que poner al alcance de pequeños y microempresarios
el crédito de capital de trabajo,
sustituyendo el de usura
En una palabra, los empresarios son una fuerza determinante en la sociedad y en la economía colombianas.
Pocos hablan de ellos, de su inmenso valor, de sus necesidades.
Se olvida, cuando se habla de la Constitución de Colombia, de un artículo clave, el 333:
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”
Los empresarios no pueden ser ignorados. Hay que proveer por la libre competencia (a propósito, los monopolios públicos, de orden nacional y locales, en materia de telecomunicaciones, abusaron del consumidor en su momento, como lo hicieron líneas aéreas monopólicas). Hay que poner al alcance de pequeños y microempresarios el crédito de capital de trabajo, sustituyendo el de usura. El capital de riesgo abundante para promover emprendimientos innovadores es una necesidad. La protección al consumidor es insuficiente. La responsabilidad con el medio ambiente, una obligación.
El empresario es una célula determinante en el tejido social y económico del país que debe desarrollar sus actividades en el marco de la libre competencia que el estado debe garantizar.
