Cuando inicia carrera legislativa el proyecto de ley Urrutia-Lizarralde que busca legalizar la acumulación ilegal de baldíos en la altillanura y en todo el país, dejar abierta la puerta a la extranjerización de las tierras en Colombia, brindar "garantías jurídicas" a toda suerte de gamonales, terratenientes, especuladores financieros, rentistas y mafiosos que lavan dinero del narcotráfico acumulando tierras, se torna importante dimensionar el problema, cubicarlo, tenerlo claro, definir quienes son sus beneficiarios, para identificar las acciones jurídicas y de movilización que lo confronten.
El proyecto de ley Urrutia Lizarralde, con el sofisma de la productividad, con la "asociatividad" como panacea y con el supuesto del desarrollo rural busca aniquilar a la Unidad Agrícola Familiar - UAF y dejar sin vigencia el artículo 72 de la ley 160 que establece claramente que los baldíos son para campesinos pobres y sin tierra.
Una maniobra más que con antinómias y artilugios jurídicos pretende culminar la contrarreforma agraria que se inició desde la década del cuarenta y que se convirtió en el botín del paramilitarismo de Estado mafioso que se consolidó con el control político administrativo del estado durante los gobiernos de Uribe.
¿Y la paz?
La ley Urrutia- Lizarralde dice mucho de la falta de voluntad política de la actual élite del poder económico y político del país hacia la paz.
La ambiguedad y la esquizofrenia institucional que denota esta ley de cara a la posibilidad de la paz, por lo menos desconcierta, a qué estamos jugando?
Si se le entregan las tierras baldías a los mismo de siempre, si se van a entregar los recursos públicos del agro a los latifundistas de marras, cómo se van a solucionar los problemas estructurales de acceso a la tierra y de desarrollo rural, de falta de política pública y de inversión social en el campo?
No cumplen la ley 160, no constituyen ni financian los Planes de Desarrollo de Zonas de Reserva Campesina y por el contrario pretenden fulminar lo que queda de progresista y garantista en la legislación vigente a favor de los campesinos sin tierra y empobrecidos.
La paz que plantea el gobierno hasta el momento es gratis y con seguridad jurídica y garantías para los que se benefician de la entrega de los territorios para la economía multinacional extractiva, la especulación y el agronegocio.
El informe de la Contraloría nos indica mucho sobre las reales intenciones del gobierno.
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Lea el informe completo aquí: Acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura colombiana
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