Es visible cómo en Colombia se definen situaciones jurídicas de acuerdo con los intereses de los intervinientes, quienes dada su inconformidad con los resultados de una contienda electoral esgrimen recursos, que si bien están contenidos en la ley, son acomodados sutilmente de manera simplista bajo el principio que reza: "Dura es la ley, pero es la ley".
El caso de la demanda que persiguió la pérdida de la investidura del profesor Antanas Mockus es un fiel reflejo de lo que expongo inicialmente, más cuando los demandantes no son el fiel reflejo de la probidad y de la ética, como quiera que han militado en partidos condenados por parapolítica y hoy dicen sin vergüenza ser defensores de la ética y la rectitud. Si los demandantes en este caso representan la moralidad y las buenas costumbres, quiere decir que nuestra sociedad está totalmente dominada por la podredumbre y la indignidad, lo cual nos conducirá prontamente a la destrucción de los principios que nuestros ancestros tanto defendieron y por los cuales sacrificaron sus vidas.
El honorable Consejo Electoral ha sido muy diligente en el estudio de la demanda en comento, pero ha mostrado desidia y desdén total ante casos como la compra de votos que se dio en la costa y el otros lugares del país, precisamente protagonizados por representantes del partido de gobierno, pero que por su influencia en el poder no son de su incumbencia, como parece leerse de esta actitud por parte de los magistrados de esta importante corte.
Ante situaciones duales como la que podemos observar, podríamos preguntar sin temores: ¿la ley para quién? Seguramente no encontraremos respuesta, ni el referenciado principio como fundamento de la ley será aplicado en circunstancias diferentes a la del profesor Mockus y su partido, pues el interés que reflejan demandas de esta particularidad buscan soportar los intereses non sanctos de aquellos que sin serlo, dicen representar la dignidad de los colombianos. Si eso es dignidad... ¿Para dónde vamos?
