El Congreso de Colombia, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa han expedido una Ley de supuesta seguridad ciudadana que en realidad es un estatuto para establecer una serie de disposiciones e instituciones que remodelan el régimen político para establecer a plenitud una dictadura neonazi que permita aplastar los movimientos sociales y las organizaciones políticas opositoras al Estado oligárquico colombiano e impedir el acceso al poder del Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.
La Ley incluye reformas al Código Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio y a la Regulación de armas, entre otros. Se trata de un compendio de normas que legalizan prácticas criminales oficiales, neoparamilitares y de particulares. Es un licenciamiento para matar; una aberrante salida fascista del gobierno uribista.
La Ley de seguridad es la repetición de la Ley de los Caballos de la hegemonía conservadora (1886-1930), del régimen chulavita del corporativismo falangista de Laureano Gómez (1950-1954), de la dictadura militar de Rojas Pinilla, del Estado de sitio del Frente Nacional, del Estatuto de seguridad de Turbay Ayala y su sistema de torturas (1978-1982) y de la seguridad democrática uribosantistas (2002-2014), con sus “falsos positivos”, 9 millones de desplazados y las masacres de campesinos. Es pues la continuidad de la línea de violencia y represión conservadora como elemento estructural del Estado oligárquico colombiano
Esta ley es una recomposición regresiva y oscurantista del sistema de dominación oligárquico colombiano frente a la potente movilización social registrada en Colombia desde 2019 para exigir la eliminación del modelo neoliberal, la implementación de los acuerdos de paz, la protección de la vida de miles de líderes sociales y excombatientes de las Farc y el fin de las masacres en las que la policía se convirtió en actor central como lo acaba de demostrar varios informes de organismos internacionales de los Derechos Humanos.
La Ley de seguridad de Duque es un esquema neonazi que convierte en delincuencia las protestas sociales y las movilizaciones populares para lo cual tipifica un conjunto de delitos con penas que rayan en la cadena perpetua, establece la plataforma del neoparamilitarismo urbano con la argucia de la “legítima defensa privilegiada” e impone el libre mercado para administrar el régimen carcelario y penitenciario.
Se trata de una Ley de guerra plagada de clasismo y racismo, la cual establece que si una personas es objeto de un atraco en locales comerciales o en vehículos, puede detener el ataque a punta de bala.
Así, con la “novedosa” ley se da vía libre a la imposición de la pena de muerte para saqueos, atracos y jaladores de vehículos, aceptando que Estado que es incapaz de combatir la delincuencia y la solución que tiene es la de armar a determinados grupos de personajes como lo pudimos observar recientemente con la situación del pistolero caleño Andrés Encobar quien acompañado por la policía y protegido por esta disparo contra los integrantes de la Minga que realizaban sus protestas en la capital del valle del Cauca.
Esta Ley se mueve con la idea de que el Estado se apoye en ciertos particulares violentos para supuestamente garantizar la seguridad de las comunidades.
Esta Ley aprobada a las carreras al final de la actual legislatura tiene un propósito político que difícilmente se puede ocultar; todo apunta a golpear la campaña electoral de la oposición democrática que realiza el Pacto Histórico y su candidato presidencial Gustavo Petro con amplia acogida entre la opinión y muchas posibilidades de acceder a la Presidencia.
En Colombia, los periodos electorales son los más violentos de su historia, pero esta Ley anuncia un infierno para imponer a plomo y fusil el candidato de la ultraderecha que señale el fascismo colombiano.
Con la Ley de seguridad desde la Presidencia quieren favorecer los candidatos del Centro democrático y de las otras facciones de la ultraderecha con varias listas al congreso y con pre candidatos presidenciales en las consultas que se adelantaran el 13 de marzo del 2022.
Siendo así es necesario considerar acciones internacionales de denuncia desde la oposición y procesos de movilización popular que hagan retroceder estas salidas del totalitarismo fascista colombiano.
