La situación financiera de las universidades públicas en Colombia puede describirse así: sus ingresos suben por las escaleras y sus costos por el ascensor. Los expertos calculan que cada año esa diferencia es de alrededor de 5 %. O sea, si se tratara de una empresa comercial su destino sería la quiebra. Durante el gobierno Duque se consiguieron nuevos recursos, inferiores a ese porcentaje, como consecuencia de grandes movilizaciones estudiantiles que tuvieron altísimos costos financieros y académicos, pero que permitieron durante el cuatrienio un aumento de la base legal sobre la cual se les giran recursos del presupuesto nacional. Esa base legal está establecida en el artículo 86 de la ley 30 de 1992 que reza: “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993”.
Ese artículo que fue un gran alivio en el momento de su expedición hace treinta años, es hoy el origen de todos los males por varias razones. La primera y más importante, que no tuvo en cuenta que el crecimiento de las universidades públicas no era lineal sino exponencial, cada vez más con más estudiantes y mayor complejidad académica, lo cual implicaba nuevas y grandes inversiones. La segunda, que la dinámica institucional del costo de los profesores nombrados, que es la base del éxito académico, superaba con creces el del costo de vida. La tercera, que al partir los incrementos de los presupuestos de 1993 se perpetuaban las diferencias existentes entre las universidades en ese momento. La cuarta, que existe un índice de precios de la canasta universitaria superior al costo de vida, que es el que debería aplicarse para establecer los ajustes.
El paisaje general sigue siendo el de un déficit creciente suplido en parte por los ingresos que generan las propias universidades, que hoy llega casi al 50 %, con el riesgo de distraerse de su función central de generar y transmitir conocimiento. Con el agravante de que los acuerdos de incremento de recursos se hicieron con el gobierno Duque y no como una política de Estado. O sea, terminan el año entrante, para retornar a las bases establecidas por la ley 30, y muy seguramente a otra movilización nacional, costosa y muy perturbadora de la normalidad académica, como han sido las anteriores.
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La esencia del proyecto es que se establezca de modo permanente un ajuste adicional anual a la base presupuestal que hoy existe, entre 4,6 % y 6,6 %
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Es tiempo de hacer a las buenas lo que de todos modos se termina haciendo a las malas. Para conjurar esa amenaza los rectores del Sistema Universitario Estatal, SUE, que reúne a las 33 universidades públicas, andan por Colombia explicando un proyecto de ley cuidadosamente preparado con hechos y datos, sobre lo que sería un razonable ajuste del artículo 86 de la ley 30. La esencia del proyecto es que se establezca de modo permanente un ajuste adicional anual a la base presupuestal que hoy existe, entre 4,6 % y 6,6 %. Las universidades se comprometen a aumentar 120.000 cupos de estudiantes y 3.000 de profesores, en 6 años, (hoy la academia está en buena parte en manos de profesores contratistas porque no hay dinero para nombrarlos en propiedad). Los recursos se emplearían según las necesidades de cada institución en calidad educativa, acreditación institucional, bienestar universitario e infraestructura física.
La política pública universitaria del gobierno Santos fue un fiasco. Primero con la idea de que existieran universidades con ánimo de lucro, copiando un modelo fracasado en Estados Unidos, asunto que naufragó en medio de grandes movilizaciones estudiantiles. Hoy las universidades privadas siguen siendo fundaciones sin ánimo de lucro, lo cual ha sido una barrera, no siempre exitosa, para evitar que la educación superior se convierta en un negocio. Luego reduciendo los beneficiarios del Icetex y trasfiriendo recursos de las universidades públicas para pagar costosas becas, solo reembolsables en condiciones especiales, en las universidades privadas con el programa Ser Pilo Paga, lo cual dejó a las primeras sin recursos con los cuales contaba y a las segundas con algunos estudiantes muy endeudados.
El gobierno Duque ajustó esos modelos para mejorarlos, pero se vio sometido a una enorme presión popular para reajustar los recursos al menos durante su mandato, lo cual sucedió. El paro nacional obtuvo la matrícula cero para los estratos 1,2 y 3 que es un alivio para los estudiantes, no para las universidades, que subsidian las matrículas en más del 90 %. Pero, a partir de 2022 los acuerdos se terminan, a no ser que se apruebe este proyecto que más parece destinado a un nuevo gobierno y a ser materia del debate electoral. Qué bueno que así fuera, pues todos los candidatos presidenciales ponen la educación en primer lugar como condición indispensable para el desarrollo y la equidad, para luego relegarla al cuarto de San Alejo. Lo que toca como política pública es poner el dinero que se necesita donde está el discurso.
