La justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas. Reconoce su dignidad como ciudadanos y como seres humanos. Hacer caso omiso de los abusos masivos es una salida fácil, pero destruye los valores en los que cualquier sociedad digna debe asentarse. La justicia transicional plantea las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar. Al priorizar la atención a las víctimas y su dignidad, señala el camino que debe seguir un compromiso renovado con la seguridad de los ciudadanos corrientes en su propio país, para protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos.
Los objetivos de la justicia transicional variarán en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— sean constantes.
Entre sus objetivos complementarios figuran los siguientes:
- Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.
- Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos.
- Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.
- Respetar el Estado de derecho.
- Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.
- Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación.
- Fomentar la reconciliación.
Según Federico Andreu, experto en justicia internacional y mecanismos de justicia transicional, son necesarias una serie de medidas y garantías para que se apliquen modelos de justicia transicional luego de un conflicto armado. A la luz del derecho internacional Andreu explica que deben darse condiciones satisfactorias de justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición y depuración de las estructuras estatales o empresariales que generaron la violencia.
Sin esos principios o con la aplicación de mecanismos de “Perdón y olvido” es muy probable que la insatisfacción de la sociedad o de las propias víctimas acarreen, en momentos sub siguientes, un debilitamiento de la legitimidad del Estado y la probable aplicación de procesos penales en contra de los responsables de crímenes que sigan en la impunidad.
Esta justicia busca reconstruir una sociedad fracturada por la violencia y a la cual deben ser incorporados, con sus derechos y deberes, tanto las víctimas, de manera prioritaria, como los victimarios. Los enjuiciamientos promueven la confianza cívica “en la medida en que reafirman la importancia de las normas que los perpetradores han violado”, como dijo De Greiff Pablo.
El proceso debe permitir a las víctimas, como sujetos de derechos, ganar lo que han perdido: “autorespeto, evitar la culpa y, sobre todo, restablecer el equilibrio moral, recuperar la confianza, la esperanza y la posibilidad de vivir sin terror, sintiéndose a salvo de aquellos que le hicieron daño. Por último, perdonar, si así lo eligen” (Walker, 2006, p. 19).
La justicia transicional es justicia en sentido lato, lo cual implica que sus cuatro componentes —verdad, justicia, reparación y reformas institucionales— deben servir para consolidar la existencia de ciudadanos con derechos iguales y efectivos, y para reconocer un lugar prioritario a las víctimas en el espacio público.
Por segunda vez en su historia en medio de un proceso de paz con un grupo armado ilegal, el Estado colombiano acordó un modelo de justicia transicional que permite penas alternativas –en este caso, incluso no pagar cárcel– para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad, reparación a las víctimas y compromisos de no repetición.
